Por Florencia Donovan/La Nación.- La IGJ volvió a intimar a la sede kirchnerista porque Parrilli presentó datos como si fueran de la asociación civil, que en realidad pertenecían a Pauny, la empresa cordobesa de maquinaria agrícola. Un error involuntario, puede ser. Una casualidad, tal vez. En cualquier caso, la suerte no parece estar del lado del Instituto Patria, la asociación civil sin fines de lucro que sirve de búnker de Cristina Kirchner desde el año pasado, y que preside el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli .
La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a intimarla el martes de la semana pasada -la tercera vez en dos meses-, ahora porque no sólo la asociación sigue sin identificar quiénes son sus socios aportantes, sino porque además declaró directamente haber perdido su registro de asociados.
El mayor problema es que en la denuncia policial en la que informaron del extravío, identificaron el registro -son libros rubricados- con un número que ni siquiera le correspondería al Instituto Patria sino que pertenece a una empresa comercial: Pauny.
Pauny es una firma cordobesa que fabrica tractores, que muchas vez fue tomada como ejemplo por Cristina Kirchner, por tratarse de una compañía que en 2001 había sido recuperada por sus empleados y personal jerárquico. También fue una de las empresas más activas en la venta de maquinaria agrícola a Venezuela, luego de que Néstor Kirchner abriera el canal con Hugo Chávez . E incluso participó del viaje comercial organizado por Guillermo Moreno a Angola, a donde llegaron a exportar algunos tractores.
LA NACION intentó contactarse ayer con voceros del Instituto pero no respondieron a los llamados. Desde Pauny, en tanto, se mostraron sorprendidos y negaron cualquier tipo de relación con la asociación que sirve de búnker para la ex presidente Cristina Kirchner.
"No nos une ningún tipo de relación. Para mí es una equivocación; aparte, que es muy torpe decir un número que no corresponde. Debe haber sido un error de ellos", dijo a LA NACION Raúl Giai Levra, presidente de Pauny. "Me pone mal, porque el mercado también está muy susceptible de la política, es una cuestión que no es nuestra ni nos pertenece. Es un error. No hay motivo doloso. Es un tema que tendrá que aclarar el Instituto Patria. Hace 16 años que trabajamos, hemos estado inspeccionados por la IGJ y no hemos tenido ningún tipo de problema", dijo.
Pero hay otra casualidad que llamó recientemente la atención de la IGJ y es que la misma escribana que firmó las últimas presentaciones de Pauny en el organismo, María Bulubasich, también hizo las presentaciones más recientes para Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López .
La IGJ, de acuerdo a la notificación que llegó hasta el Instituto y a la que accedió LA NACION, le dio 10 días a la asociación civil sin fines de lucro para regularizar su situación. Le exige iniciar el trámite para rubricar el libro de registro de asistencia a las asambleas; justificar el número de asociados que fueron admitidos y especificar su categoría social y cuotas pagas (a la última asamblea asistieron más de 600 pese a que en el padrón hay 354 asociados en condiciones de participar); y aclarar la relación con Pauny.
Ya el organismo que encabeza Sergio Brodsky había hecho dos intimaciones previas. En ningún caso, los responsables del Instituto Patria entregaron la información que se les estaba solicitando. En su lugar, en un escrito, Parrilli amenazó con iniciarle acciones legales a los responsables de la IGJ por considerar que su actuación constituía "un abuso de la autoridad" y "con una evidente finalidad política".
