Por Néstor O. Scibona/La Nación.-
Luego de 15 años, habrá un sendero quinquenal para tarifas e inversiones del servicio eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires.
Entre la discusión del bono de fin de año, la visita de Mauricio Macri al Vaticano y los avatares del blanqueo, pasó casi inadvertido que esta semana se realizará la audiencia pública para informar sobre la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en el servicio eléctrico del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que regirá a partir de 2017 y hasta 2022. Y también que en el sitio web del ENRE ya están publicadas las propuestas de Edenor y Edesur, que atienden a algo más de 5,2 millones de clientes y son las dos únicas distribuidoras con regulación nacional.
Después de la audiencia del viernes 28 en el Teatro de la Ribera, el ente decidirá qué aspectos se mantienen o modifican de esas voluminosas propuestas técnicas, volcadas en cientos de páginas. Así se completará el fuerte aumento de tres dígitos (350% promedio) dispuesto en febrero por el Gobierno -a cuenta de esta RTI- para desarmar el esquema de tarifas baratas y subsidiadas de la era K, que catapultó el consumo de electricidad a costa de reducir al mínimo la inversión en las redes y desembocar en cortes cada vez más frecuentes y prolongados del suministro.
Aunque este último riesgo no está totalmente despejado para el próximo verano (ya que depende además de la insuficiente generación eléctrica, que debe reforzarse con costosas importaciones), las distribuidoras confían en una progresiva mejora en zonas críticas debido a las inversiones concretadas este año. No obstante, el ritmo de varias obras se vio resentido por la judicialización de las subas tarifarias. De hecho, en populosos partidos del conurbano, como La Matanza y Pilar, atendidos por Edenor, todavía rigen medidas cautelares que mantienen suspendido el pago.
Por primera vez en 15 años la RTI establecerá un sendero quinquenal de tarifas, compromisos de inversión y recuperación de estándares de calidad del servicio.
También mantendrá los valores de distribución sin subsidios en todas las categorías; la tarifa social (que en promedio alcanza a 1 de cada 5 clientes) y el suministro gratuito a un número similar de habitantes de asentamientos precarios que, al menos en teoría, se cubre con fondos públicos.
A grandes rasgos, las propuestas de las compañías incluyen para 2017 un ajuste promedio de 31% en el valor agregado de distribución (VAD), que representa entre 35 y 40% de la factura total. El resto corresponde al precio mayorista -subsidiado- de la energía eléctrica (35%) y a los impuestos nacionales, provinciales y municipales (de 27% a 44% según los casos) y por ende no forman parte de esta revisión.
Una novedad es que ambas distribuidoras prevén incorporar la factura electrónica, así como reducir a tres las categorías de clientes residenciales. En el caso de Edesur, en tramos de 0 a 300 kWh; de 301 a 900 y de más de 900 kWwh. En el de Edenor, con una primera categoría para consumos de 0 a 650 kWh (que abarcaría al 63% de sus clientes, con una tarifa promedio de $170 mensuales); una segunda de 651 a 1600 kWh (el 31% del total y una tarifa de $ 386) y la tercera de más de 1600 (el 6% restante, con un promedio de $ 430).
Hasta 2022, el VAD se ajustará sobre la base de una fórmula polinómica que incluye las variaciones de precios minoristas y mayoristas, costo de la construcción, salarios y tipo de cambio, entre otros, para mantenerlo en pesos a valor constante. Según el ministro de Energía, la frecuencia de esos ajustes será semestral (en abril y octubre de cada año), al igual que los del gas.
Juan José Aranguren anticipó, además, que sólo en 2017 las necesidades de inversión de Edenor alcanzarán a $ 5000 millones y las que prevé ejecutar Edesur a $ 3300 millones.
En los próximos cinco años sumarán así $ 25.000 y $ 15.000 millones, respectivamente, y se actualizarán en términos reales. El grueso no se cubrirá con tarifas y será amortizado en plazos de hasta 40 años a partir de 2022.
A diferencia de la era K, la prioridad de las obras ha vuelto a ser fijada por las propias distribuidoras, sobre la base del criterio de mejorar la calidad del servicio, medida por la reducción de cortes de luz y su duración. De lo contrario, enfrentarán multas equivalentes a siete veces el valor de la energía no suministrada.
Según datos del ENRE correspondientes a 2014 (últimos disponibles), el número de reclamos por falta de suministro creció de 12.700 en 2004, a nada menos que 614.300 10 años después. En 2005 los cortes promediaban 8/10 horas por año y en 2015 treparon a 30 horas. En países desarrollados, como Italia, el promedio es de sólo 30 minutos anuales.
Hace más de 10 años que no se realizaba una audiencia pública para aplicar una RTI. La última fue en 2005, pero Néstor Kirchner resolvió no respetar el acta acuerdo firmada al año siguiente, amparándose en la ley de emergencia económica. De ahí que en su informe al ENRE, Edenor indique que sólo en 10 de los últimos 24 años pudo operar de acuerdo con el contrato de concesión por 95 años; que desde 2000 no distribuye dividendos y que en 2013 inició un reclamo judicial por incumplimiento. Edesur, por su parte, sólo una vez distribuyó dividendos en ese período.
Las propuestas de las distribuidoras dejan abierta la posibilidad de incorporar adelantos tecnológicos, como medidores inteligentes o la futura provisión a autos eléctricos. Pero dicen que requerirán inversiones no incluidas en los compromisos ni en los cuadros tarifarios propuestos.
Tras la audiencia pública del próximo viernes, el organismo convocará a otra para la revisión de tarifas del transporte por líneas de alta tensión, cuyo impacto en la factura es inferior al 2%. Aquí el Gobierno prevé informar sobre la generación eléctrica. A través de Cammesa, el precio mayorista mantiene un subsidio estatal cercano a 65%, que lo reduce a $ 300/400 por mwh, frente a un costo real de $1300/1400.
En definitiva, si bien puede verse una luz al final del túnel, llevará varios años reconstruir un sistema eléctrico basado en costos reales y que induzca a un uso racional de la energía. Durante la era K hubo una reestatización encubierta que, a través de regulaciones discrecionales y subsidios insostenibles, impulsó un fuerte aumento de la demanda no acompañada por la oferta. En su informe, Edenor precisa que en los últimos diez años el "consumo desaprensivo" de electricidad en el AMBA creció nada menos que 45%; tres veces más que en San Pablo y Santiago de Chile (15%) y nueve veces más que en Nueva York (3%).
