Por Diario HOY.-
El fiscal Marijuan que investiga la "ruta del dinero K" le pidió al juez Casanello que delegue en Ercolini los casos por irregularidades en la adjudicación de obra pública y corrupción en la entrega de contratos a Lázaro Báez.
En Comodoro Py comenzó un proceso judicial que terminará con la fusión de todas las denuncias por irregularidades en la concesión de obras públicas contra la expresidenta Cristina Kirchner.
El puntapié de la concentración de investigaciones de obra pública lo dio Guillermo Marijuan el viernes pasado, cuando le pidió al juez federal Sebastián Casanello que delegara en Ercolini la parte de la causa de "la ruta del dinero K" vinculada con los multimillonarios contratos que recibió Báez y que serían el origen de fondos del lavado.
El fiscal le recordó a Casanello dos fallos de la Sala II de la Cámara Federal en los que se ordenó investigar como delito precedente del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública. Hasta principios de año Casanello -tras una denuncia de la diputada del GEN Margarita Stolbizer- afirmaba que el delito precedente era el fraude fiscal por la usina de facturas truchas que manejaba en Bahía Blanca Juan Suris, el amigo del "exvalijero" de Báez Leonardo Fariña.
"Resulta indiscutible que la razón y el origen del dinero de Lázaro Antonio Báez radica en aquella estructura funcional a la que hace referencia Pollicita orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de las obras viales adjudicadas a Báez", indicó Marijuan en referencia a los 16 mil millones de pesos que Vialidad Nacional le otorgó al Grupo Báez entre 2003 y el 2015.
