Por Urgente24.-
El Gobierno de Cristina Fernández no está pasando por su mejor momento, pero ¿cuál es el momento ideal para pelear por el control de un negocio millonario? Esta vez fue, empero, la provincia de Neuquén la que disparó la chispa que hizo que el propio Miguel Galuccio, presidente de YPF, encabece la lucha para limitar el control del negocio petrolero a las provincias aunque se enfrente a los viejos designios del propio Néstor Kirchner.
Claro que del otro lado, nadie está dispuesto a perder... Así, la guerra es casi un hecho.
El disparador fue un movimiento del gobernador neuquino, Jorge Sapag, que asustó a YPF al impulsar un proyecto de ley provincial para que, una vez caducadas las concesiones, vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), su empresa provincial.
En el Gobierno de Cristina Fernández consideran que después de la estatización de YPF es fundamental sancionar una nueva ley de hidrocarburos que contemple la situación actual del millonario negocio petrolero, aunque eso implique acotar el poder que hoy tienen los gobernadores sobre la actividad.
El objetivo sería sancionar una norma que favorezca la llegada de inversiones extranjeras y permita recuperar el autoabastecimiento energético.
Sin embargo, la iniciativa llevaría a una dura puja política, ya que intentará colocar en un lugar mucho más marginal a las empresas provinciales de petróleo, y chocará de frente con los ya viejos impulsos del ex gobernador Néstor Kirchner quien, junto a Julio de Vido, estimularon especialmente a esas compañiías.
El propio Miguel Galuccio, presidente de la empresa estatizada, se puso al frente de la discusión y promueve el debate para que se sancione una nueva ley. Según publicó el diario 'La Nación', Galuccio le pidió a Sapag hace más de un mes que no mande un nuevo proyecto a la Legislatura, luego se enfrió el diálogo entre ambos.
Consideran que si esa norma fuese aprobada, se terminaría el negocio petrolero en la Argentina, dado que las inversiones requieren un horizonte de seguridad jurídica para ejecutarse. Particularmente, el presidente de YPF cree que las provincias deben obtener regalías por el desarrollo de los proyectos petroleros y beneficiarse con la inversión de las empresas, pero no aparecer como intermediarios "innecesarios" en el camino.
'La Mañana de Neuquén' había advertido ya el disgusto de Galuccio. Según el medio neuquino, "los borradores de la nueva ley provincial que tiene el mandatario en sus manos establecen que toda concesión que venza quede reservada para la empresa GyP.
La petrolera nacional vislumbra que de esa forma en 12 años perdería buena parte de las áreas que posee y que estará en desventaja a la hora de acceder a nuevas superficies, cuando tuvo un notorio incremento de las inversiones y comenzó a aumentar la producción.
Mientras que desde la Provincia se quejan de que YPF tiene 12.000 kilómetros cuadrados en la cuenca, y que no los puede desarrollar. Creen que en Vaca Muerta hay espacio para muchas más compañías, y consideran que la empresa que conduce Galuccio tiene privilegios a la hora de importar insumos y equipos".
Según el matutino porteño mencionado, Sapag demoró por el momento la iniciativa, aunque mantiene en estudio varios borradores de una futura ley provincial y mantuvo contactos con el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, y con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para avanzar en un nuevo marco legal.
Al mismo tiempo, sus hombres avanzan en iniciativas para fortalecer a GyP. En efecto, su ministro de Energía y Servicios Públicos, Guillermo Coco, comenzó un peregrinaje en el Hilton de Houston, la meca petrolera mundial, para verse las caras con 50 empresarios, entre ellos banqueros y gestores de fondos de inversión, para ofrecerles asociarse a la petrolera provincial en 11 áreas de la formación Vaca Muerta, el mismo atractivo que utiliza Galuccio para sumar socios internacionales.
"Neuquén detenta, como todas las provincias, el dominio del gas, el petróleo y el agua.
Esto no tiene marcha atrás. Se van a empachar con todo lo que tienen para desarrollar", aseguró una fuente con acceso al despacho del mandatario neuquino.
En este escenario convulsionado, el propio gobernador advirtió que defenderá los derechos obtenidos, a sabiendas de que por lo bajo buscan restarle poder a las provincias.
Ocurre que el modelo de GyP cosecha críticas, no sólo por parte de YPF, sino desde las mismas filas del MPN. La senadora nacional Lucila Crexell lleva la voz cantante. Si bien respalda la creación de la empresa provincial, denunció que se convirtió en una "sociedad anónima totalmente exenta de controles del estado, donde se transfieren áreas a título gratuito para la exploración y explotación, y donde además tienen la posibilidad de salir a cotizar en bolsa y de afrontarse de un paquete accionario importante en manos de privados".
Explicó que, de esta forma, se transfieren los recursos provinciales al sector privado. La legisladora dijo que las áreas se conceden de forma discrecional y pidió que se hagan licitaciones públicas para que todas las empresas compitan en las mismas condiciones.
Crexell indicó que no está en discusión la Ley Corta, y mucho menos la titularidad de las provincias sobre los recursos, sino la creación un marco legal que garantice la uniformidad de reglas de juego en todas las provincias.
Otras provincias petroleras tienen esquemas similares a Neuquén. Chubut cuenta con Petrominera, y Santa Cruz, con Fomicruz, una firma que fue puesta como ejemplo de desarrollo por Kirchner y De Vido. Todas mantienen asociaciones o intentan cerrarlas con empresas privadas. La propia Enarsa siguió ese camino, con malos resultados.
YPF advirtió sobre las consecuencias negativas para su negocio que tendría esa actitud en el formulario F-20 que envió a fines de marzo a la SEC (el ente regulador del mercado de capitales en Estados Unidos). Sostiene: "Enfrentamos una competencia intensa en las licitaciones de áreas de petróleo y gas", informó. Y completó: "Algunas provincias, como La Pampa, Neuquén y Chubut, crearon compañías provinciales para desarrollar actividades en la industria. Como resultado, las condiciones a través de las cuales podemos acceder a nuevas áreas exploratorias y productivas podrían verse afectadas adversamente".
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Ezequiel Cufré, anticipó: "No lo vamos a aceptar. Estaremos en contra porque iría en contra de las estrategias conjuntas que hemos estado diseñando con la Nación".
Pese a que consideró "confusa" la información, el funcionario del gobierno de Martín Buzzi manifestó que la ley que está trabajando el Gobierno "sería ir en contra de un proceso iniciado con la ley corta".
Si bien no fue consultado aún sobre el tema, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, alertó que ninguna ley podría ir sobre la reforma de la Constitución votada en 1994.
"Me parece que es para provincias que quizás tengan áreas todavía sin concesionar. Nosotros tenemos nuestras concesiones ya establecidas tanto en el flanco norte como en la Cuenca Austral. Lo que tenemos pendiente es el tema de Petrobras", dijo el gobernador en declaraciones a los medios locales.
Con un matiz menos confrontativo, desde el sindicalismo también fijaron su posición. "Si no logramos acordar, no llegarán las inversiones.
Hay que parar todo y conversar", dijo Guillermo Pereyra, senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y jefe del gremio de petroleros, que responde a Hugo Moyano.
Desde Houston, donde se encuentra junto a los funcionarios provinciales, Pereyra pidió "volver todo para atrás". Y añadió: "No se pueden cambiar las reglas de juego permanentemente".
Las quejas por la falta de información y el avance en una nueva normativa que regule la actividad también se alzaron entre legisladores de las provincias afectadas.
"El problema es que no hay en el país una política energética. Más allá del dominio, que debe ser de las provincias, la política energética debe ser una. Hay que cambiar la visión del país en esa materia", dijo Mario Cimadevilla, senador nacional de Chubut por el radicalismo.
La situación es similar en Mendoza. La oposición al gobernador Francisco Pérez no aprueba la intención del oficialismo y ya adelantó que pondrán resistencia al proyecto una vez que avance; incluso, algunos lo calificaron como inconstitucional.
"La política petrolera nacional perjudica a Mendoza; se trata de un avasallamiento de la autonomía. Es retroceder a una discusión que estaba saldada. La propiedad y el control de los recursos son provinciales, así lo establece la Constitución nacional", expresó Tadeo García Salazar, diputado provincial de la UCR. Desde la oposición aseguran que la empresa provincial de energía, Emesa, debe encargarse de atraer inversiones y negociar con los privados, como se prometió antes de su creación, en 2012.
Otro de los que alzaron su voz en protesta fue Fernando "Pino" Solanas. El senador, uno de los líderes del flamante FA-UNEN. "Vamos de un error a otro. Desde que el dominio quedó en manos de las provincias en 1994 y la política energética es potestad del gobierno nacional tenemos una fractura", sostuvo Solanas.
El precandidato presidencial, que hace nueve días denunció penalmente al ministro de Economía, Axel Kicillof , por "fraude a la administración pública" por el acuerdo que concretó el Gobierno con la empresa española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF, puso el nudo del conflicto sobre la renta.
"Acá lo que no se dice es que se trata de una disputa sobre la renta y el Gobierno dejó una indefinición sobre el tema", agregó Solanas.
En 2006, el Congreso aprobó la "ley corta" de hidrocarburos, una vieja promesa de Kirchner a los gobernadores. "No existía Vaca Muerta", dicen. El Gobierno considera que hoy el contexto cambió, por lo que hay que darles seguridad jurídica a las inversiones petroleras para favorecer el crecimiento de YPF, de la cual también son dueñas las provincias. "Es molesto llevar en sociedad a una empresa que no aporta nada, que además transfiere propiedad de la provincia a manos privadas, porque GYP está en la Bolsa. Las provinciales pueden competir por áreas, pero de igual a igual", explicaron fuentes oficiales.
