La participación de "veedores estatales" había sido anunciada por Cristina. Esta comisión ya hizo su debut, de la mano de Axel Kicillof y su equipo. Su rol fue clave en el acuerdo en transporte. Ahora busca fijar el camino del convenio que el Gobierno quiere establecer como referencia.
Finalmente, La Cámpora desembarcó en las paritarias. Bajo el mando directo del joven Axel Kicillof, funcionarios de la agrupación kirchnerista hicieron su debut en las primeras negociaciones salariales del año, con la misión de llevar la "sintonía fina" también al campo de las remuneraciones, empleo y productividad.
Desde hace unas semanas, el joven K ya cuenta con hombres de su confianza participando en las reuniones del Ministerio de Trabajo.
Así, donde antes sólo había empresarios, sindicalistas y funcionarios de la cartera laboral de Carlos Tomada, ahora también está sentado un "guardián" de Economía, algo que nunca se había visto desde que se reabrieran las paritarias.
Como lo había anunciado la Presidenta, cuando dio a conocer en febrero la formación de un comité de competitividad, este nuevo equipo -que hace las veces de "veedor estatal"- se ocupa de monitorear todo tipo de información empresarial.
Desde estructuras de costos hasta márgenes de rentabilidad, pasando por niveles de endeudamiento, infraestructura, litigiosidad, consumo de energía, transporte y subsidios recibidos, entre otras variables clave.
Pero, además, cumple una función mucho más trascendente: aportar los datos técnicos necesarios para destrabar aquellas discusiones que pudiesen complicar los planes de inversión privada y evitar cualquier desvío de la pauta salarial fijada por el Gobierno para el 2012.
"Que sepan empresarios y trabajadores que van a poder negociar libremente sus salarios, pero de acuerdo a la rentabilidad de cada sector", había advertido Cristina Kirchner.
En línea con esta definición, los nuevos funcionarios "escuchan, llevan datos y siguen las negociaciones", confirmaron a iProfesional.com desde el Ministerio de Trabajo.
Eso es lo que hace el grupo de Augusto Costa, un joven doctorado en Ciencias Económicas de la UBA, que arribó en diciembre al área de Kicillof -junto a una pléyade de camporistas- para convertirse en la mano derecha del viceministro de Economía y encabezar la subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad.
Costa pasó por la agrupación estudiantil TNT, de perfil progresista, del mismo modo que lo hicieran el actual vice de Economía y el fallecido ex subsecretario de Comercio Exterior, Ivan Heyn.
Luego compartió funciones con Kicillof en el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA). Pero, a diferencia de su jefe, nunca se arrogó aires de marxista académico. Más bien, se asume como un keynesiano confeso.
En el último mes, su organismo ya intervino al menos en dos paritarias clave.
Si bien desde la dependencia prefieren no emitir declaraciones, lo cierto es que Costa estuvo presente en la reunión en la que se estableció un aumento salarial del 18% para los choferes de corta y media distancia.
El dato no es menor. Cabe destacar que esta negociación fue crucial, porque en ella se definió el primer incremento moderado del año en el sector privado y que podría anticipar una significativa poda de subsidios con impacto, más temprano que tarde, en las tarifas.
Además, la semana pasada un técnico de su área participó de las trabadas negociaciones del sector metalúrgico, que comprende a 250.000 trabajadores, distribuidos en más de 20 ramas de actividad.
El incremento de sueldos que se pacte entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras también cobra una dimensión significativa.
Esto es así porque se cree que el Gobierno buscará convertir este acuerdo en "la referencia" para las negociaciones que luego llevarán a cabo otras ramas de actividad, ahora que el Ejecutivo ya no puede contar con el titular de la CGT, Hugo Moyano, como aliado para fijar un techo o, al menos, para dar una señal al mercado.
Todas las miradas puestas en los metalúrgicos
Desde el 2003, Moyano había jugado un rol vital en la estrategia de los Kirchner.
Mantuvo un respaldo incondicional del sindicalismo al Gobierno y se encargó de cerrar acuerdos salariales que luego eran tomados como pauta de referencia por el resto de los gremios y empresarios.
Tan simbólico era el "pacto" de su gremio que la firma era realizada en la Casa Rosada, con la plana mayor del Gobierno.
La última ocasión se dio justamente el año pasado, cuando Moyano puso su rúbrica para fijar en un 24% el ajuste salarial, con lo cual contrapesó el reclamo de otros sectores, que aspiraban a un aumento superior al 30 por ciento.
Pero, un año después, el clima político dejó de ser el mismo y el fuego cruzado entre el sindicalista y el Ejecutivo ha ido in crescendo.
En el frente económico, el escenario también se complicó, con indicadores negativos de actividad industrial -que dan cuenta de un enfriamiento- como así también datos datos poco alentadores en el plano fiscal.
Así, el 2012 arrancó con un Ejecutivo más duro a la hora de hacer frente a los reclamos salariales.
Y esto quedó en marcada evidencia en la rígida e inflexible postura del Gobierno para con los maestros y estatales, que terminaron "acatando" subas del orden del 21%, que llevaron los sueldos iniciales a $2.860 y $3.000, respectivamente.
Luego, ya con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central -que le da al Ejecutivo un mayor margen de maniobra para disponer de las reservas- la política oficial, en materia salarial, se tornó más "laxa".
Y aquella pretensión inicial que Cristina Kirchner había insinuado sobre "topear" los aumentos se vio suavizada por la necesidad de inyectar nuevo combustible al consumo, para así evitar una contracción de la demanda y una disparada del malestar social.
"La sensación es que hasta 25% es un promedio de suba que el Gobierno podría aceptar sin temor a que se genere una excesiva presión inflacionaria. Por encima de eso, creo que tratará de intervenir", señaló Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales.
En este escenario, la negociación salarial de los metalúrgicos no viene a ser una más: pasó a concentrar la mirada de empresarios, sindicalistas y, sobre todo, de los funcionarios de Economía.
Ante el alejamiento de Moyano, el Gobierno deposita expectativas en que el líder de la UOM, Antonio Caló -cercano al kirchnerismo- sea quien "tome la posta" y cierre un porcentaje que apacigüe los reclamos en otras actividades, que todavía no empezaron a discutir por salarios.
Sin embargo, aún el gremialista que podría disputarle la jefatura de la CGT al líder camionero no dio muestras claras de hasta dónde será capaz de llegar para disciplinarse al mandato K.
En la previa, la intención del gremio era lograr un acuerdo en líneas similares al del año pasado (se había rubricado por un 26,5% promedio), algo que se encontraría apenas un par de puntos por encima del "deseo" oficial.
De todas formas, todavía no se han superado las desavenencias en cuanto a aspectos puntuales de la negociación, como el incremento para los niveles básicos de la actividad.
Hoy está previsto un encuentro clave para acortar distancias entre el reclamo sindical y la oferta empresarial que, en principio, supone un retoque inferior al que se había firmado el año pasado.
En este contexto, el gran desafío para los "interventores" de La Cámpora es lograr que Caló contenga a sus bases para que la cifra no se aleje demasiado de la pauta oficial y, al mismo tiempo, que los empresarios preocupados por su pérdida de rentabilidad se avengan a mejorar su oferta inicial.
Actualmente, el salario inicial de un metalúrgico de la categoría más baja ronda los $3.200. Los empresarios apuntan a que el ajuste no supere los $3.680, mientras que el sindicato aspira a que se estiren hasta los $4.048, lo que representaría una recomposición similar a la del 2011, del orden del 26,5 por ciento.
El dilema de la "competitividad con inclusión social"
El anuncio de que el Gobierno incorporaría en las paritarias a sus veedores estatales - a partir de la conformación de un comité supervisor de la competitividad - fue, en su momento, blanco de fuertes críticas de economistas y politólogos.
El argumento era que el kirchnerismo avanzaba en un nuevo nivel intervencionista, pretendiendo dictaminar cuáles deberían ser los índices correctos de rentabilidad, inversión y remuneración.
Sin embargo, entre los empresarios la noticia no sólo que no cayó mal sino, por el contrario, generó la expectativa de que finalmente contribuiría a moderar las negociaciones, sin agitar aún más la conflictividad sindical.
En este sentido, la principal cámara del sector metalúrgico es una de las asociaciones empresariales más entusiasmadas.
"La comisión estatal se creó para cuando hiciera falta. Y acá es oportuno que participe para iluminar la negociación y eliminar obstrucciones. Se intuye que la propuesta empresaria y la de la UOM no están en sintonía, y que éste es el mejor mecanismo para que el comité intervenga", explicó a iProfesional.com el secretario general de ADIMRA, Gerardo Venutolo.
Tanto desde el Gobierno como desde ADIMRA destacan que la tarea de los veedores consiste en lograr una mayor coordinación entre el Estado y el sector privado.
Claro que ahora, en la negociación de la UOM, falta el test más importante, que es dejar reflejado en los hechos qué tan lejos está dispuesto a llegar el Gobierno a la hora de "dar su veredicto" en las negociaciones por subas de sueldos.
"Vos podés lograr competitividad a partir de recursos espurios, con sistemáticas devaluaciones y castigando al salario. Pero si no querés esa vía hay otra más genuina, que combina otros factores y necesita de coordinación", explicó un economista del Ministerio de Ciencia y Técnica.
No obstante, dejó en claro que no pondría las manos en el fuego por el éxito de la nueva política salarial que impulsa el Gobierno: "La fuerza de esta Subsecretaría es algo que está por verse, recién empieza su tarea".
Otros sectores del empresariado son más escépticos y desconfían de que el equipo de Kicillof pueda resolver la disyuntiva de sostener el poder de compra del salario sin que eso deprima la inversión.
La tesis de Kicillof y sus funcionarios, provenientes del CENDA y FLACSO, es que el período que va del 2003 al 2007 -denominado "etapa rosa"- tuvo su final con la aparición de las primeras señales de "conflicto y declinación".
No obstante, se niegan a cualquier solución que tenga olor a un ajuste tradicional. Y plantean que existe la alternativa de "profundizar el modelo productivo" y "consolidar el proceso de industrialización", sosteniendo el nivel de empleo y las condiciones de vida de los asalariados.
La creación de las secretarías de Programación Macroeconómica, la de Planificación Económica y la de Competitividad, todas bajo el ala de Kicillof, responderían a este plan, aunque es probable que también hayan influido en el mismo otros sectores, como son la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la ARgentina (Cefid Ar).
"Nos dijeron que venían hacer sintonía fina para una nueva etapa del Estado, para trabajar coordinados y hacer estudios", afirmaron en los pasillos de Economía, tras el desembarco de los funcionarios de La Cámpora.
En respuesta al pedido de la Presidenta, Kicillof y la ministra de Industria, Débora Giorgi, le entregaron hace dos semanas un ambicioso estudio que analiza la rentabilidad y competitividad de cada sector, una herramienta que serviría, entre otras cosas, para utilizar en aquellas negociaciones que se traben, según lo confirmaron a este medio desde la cartera de la funcionaria.
Algunos economistas señalan que un estudio de estas características, en realidad, requiere de unos seis meses de investigación para hacerlo en profundidad.
Pero el problema es que el Gobierno no cuenta con ese tiempo. Y menos en una etapa de plena "efervescencia" no sólo en cuanto a puja salarial sino en la que se observa a un Moyano ganando protagonismo pero jugando en la vereda de enfrente.
FUENTE: Por Juan Manuel Barca/iProfesional
