Hugo Moyano decidió asestarle al Gobierno un primer golpe en Tribunales. El jefe de la CGT activó los mecanismos para iniciar acciones legales por el reparto de recursos de las obras sociales, en una disputa por un fondo de más de $ 13 mil millones. Lo hará el lunes el sindicato de camioneros, que lidera, al ponerle un último plazo al Ejecutivo para destrabar desembolsos. El dirigente dio esa orden mientras cavila si mantener la convocatoria a un acto masivo por el Día del Trabajador para el viernes 27 de abril o bien pasarlo para el feriado del lunes 30 para no coincidir con el que encabezará Cristina de Kirchner en el estadio de Vélez.
La vía judicial se puso en marcha de manera silenciosa y en por lo menos dos frentes. El gremio de los choferes presentó a fin de año un pedido de informes a la Superintendencia de Servicios de Salud para establecer el monto actual del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que el Estado recauda entre las obras sociales sindicales y con el cual se financian las prestaciones más complejas de esas organizaciones. En paralelo, el sindicato de docentes privados (SADOP), que responde al camionero, hizo una presentación similar a principios de marzo que tendrá el mismo curso.
Se trata de recursos administrativos que, en vista de la falta de respuesta por parte del Gobierno demostrada hasta ahora, terminarán por resolverse en la Justicia. El reclamo por fondos supuestamente adeudados a las obras sociales es el que más aglutina los diversos sectores del sindicalismo y sobre el cual Moyano planea sostener su candidatura a ser reelecto como secretario general de la CGT el 12 de julio próximo.
En el gremio de los choferes confirmaron que la Superintendencia jamás respondió la presentación del año pasado y que el lunes se dejará asentada en esa oficina una intimación por un plazo de cinco días, «bajo apercibimiento de que se considere la negativa como una posible retención indebida de fondos».
Camioneros alega ser uno de los sindicatos más afectados por las demoras en el reembolso de las prestaciones médicas más costosas, y por las retenciones del FSR: allí mencionan una supuesta deuda por $ 100 millones. La hipótesis que maneja Moyano es que buena parte de los gremios que dicen estar afectados por el desfinanciamiento de sus obras sociales se plegarán a la iniciativa.
Por lo pronto, SADOP recorrió el mismo camino hace tres semanas. «La Administración de Programas Especiales (APE, encargada del reintegro de los tratamientos) nos debe más de $ 15 millones y del FSR nos corresponden más de 60 millones de pesos que le fueron retenidos a nuestra obra social», le explicó a este diario Horacio Ghilini, jefe del gremio de los docentes privados y ladero de Hugo Moyano desde la década del 90, cuando ambos empujaban el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA).
El sindicalista explicó que en la CGT «muchos comparten que hay una concepción que viene del Banco Mundial, y que no acepta el sistema solidario de salud de los argentinos», lo que a su criterio explica «las desregulaciones de la época de Carlos Menem». Según Ghilini, los criterios de distribución de la APE y la falta de desembolsos del FSR generaron «fuertes problemas de financiamiento para las obras sociales, que se ven obligadas a cubrir los baches como pueden».
La idea de demandar al Estado creció con fuerza entre Moyano y sus colaboradores luego de las elecciones de octubre pasado, cuando quedó patente la indiferencia del Gobierno a los reclamos sindicales por mayor espacio en las listas de candidatos. Esperaron hasta ahora para activar el mecanismo porque aguardaban una señal política del Ejecutivo que se tradujera en por lo menos pagos parciales. De hecho, a principios de 2011 un decreto de Cristina de Kirchner motivó un pago extraordinario del FSR por $ 250 millones que debía repetirse en otras tres cuotas (hasta totalizar $ 1.000 millones), que nunca llegaron a ejecutarse.
Moyano y sus colaboradores daban esta semana los últimos retoques a la estrategia judicial mientras analizaban si mantendrán la fecha del 27 de abril, como anticipó ayer este diario, para el acto por el Día del Trabajador que tiene como sede inicial la Plaza de Mayo. El mismo día la jefa de Estado encabezará una convocatoria en el estadio de Vélez. Ayer, varios sectores que dialogan con el camionero, pero sin romper los puentes con el Ejecutivo interpretaron que mantener la misma fecha será una provocación sin vuelta atrás. Los aliados del camionero prometieron definir hoy el destino del acto.
FUENTE: Mariano Martín/ÁMBITO FINANCIERO
