Desde el gremio estudiantil aseguraron que “tras hacerse público el Proyecto X de espionaje a luchadores populares, han salido a la luz expedientes confidenciales de espionaje a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Se trata de Leonardo Perna y Josefina González, que fueron presidente y vicepresidenta del CEI durante 2006 y 2007”. En dialogó con Hoy, el titular de la FUBA, Alejandro Lipcovich, aseguró que: “El informe que nos llegó tiene datos personales con respecto a sus viviendas, familias, si tienen bienes personales o no, y cosas por el estilo”. Además, Lipcovich destacó: “Nosotros responsabilizamos directamente al decano de la facultad y, en cualquier caso, reclamamos urgente esclarecimiento del hecho. Hemos iniciado esta campaña y el 28 de marzo en el Consejo Superior de la Universidad vamos a presentar un proyecto para que la UBA esclarezca esta situación”. En ese sentido, adelantó a este diario que en “los primeros días de la próxima semana vamos a hacer una presentación judicial”. Piden investigación a fondo El presidente de la FUBA pidió también saber quién pudo haber realizado esos informes de inteligencia, ya que no hay datos concretos sobre si fue una agencia privada o algún organismo estatal el que elaboró esas carpetas con información personal. Luego, tras señalar otras acciones de persecución política que venían ocurriendo en esa unidad académica y en otras de la UBA (ver aparte) el dirigente estudiantil no dudó en apuntarle a la autoridad máxima de la Facultad de Ingeniería, el decano Carlos Rosito, como responsable de esclarecer la situación. Lipcovich señaló que Rosito “pertenece al bloque mayoritario que dirige la UBA, cuyo rector actual es el kirchnerista Rubén Hallú”, y aseguró que suele participar en charlas realizadas por la Cámpora, lo que lo liga directamente a sectores afines a la Casa Rosada. Ya había otros antecedentes de persecución política Lejos de considerar la aparición de estas carpetas como una situación aislada, el presidente de la FUBA aseguró que: “Es un hecho que en sí mismo es muy grave, pero se enmarca en un contexto. Este decano, por ejemplo, colocó en su momento seguridad privada que incluso podía estar armada. Por presión estudiantil, docente y no docente, se tuvieron que ir”. “No obstante, en los años siguientes, Rosito continuó con sumarios y la reciente instalación de cámaras de seguridad en pasillos, aulas y laboratorios”, subrayó. “En estos últimos años llegó a haber hasta procesamientos judiciales contra estudiantes, como ocurrió por ejemplo contra quienes se opusieron al cierre del CBC en la localidad de Merlo”, contó Lipcovich. A pesar de que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, intentó dar por cerrado el tema de la posible realización de acciones de inteligencia por parte de la Gendarmería contra sectores de la oposición y movimiento sociales, el tema volvió a resurgir con otras características, pero nuevamente en vinculación con sectores kirchneristas.
