La empresa estatal YPF fue fundada en 1922, a partir de una decisión estratégica adoptada por ese gran estadista que fue Hipólito Yrigoyen, quien, a diferencia de lo que ocurría en otros países, consideraba que los recursos del subsuelo debían pertenecer al conjunto de la Nación. La petrolera estatal tuvo un gran crecimiento en el primer peronismo, durante la consolidación de la pequeña y mediana industria. Pero su gran salto lo dio durante la presidencia del desarrollista Arturo Frondizi, cuando se alcanzó el autoabastecimiento energético, en un contexto de pleno empleo. El camino ascendente comenzó a cambiar de dirección, abruptamente, durante la última dictadura militar. Martínez de Hoz endeudó a YPF de forma sideral y así comenzó su degradación, situación que en los ‘90 fue aprovechada para que Carlos Menem, en alianza con los Kirchner (que entonces gobernaban Santa Cruz), la vendiera a precio infame y se provincializaran los recursos del subsuelo.
Gran parte de la privatización de YPF se concretó con bonos de la deuda que estaban desvalorizados en el mercado (a menos del 25% de su valor), pero el menemismo se los reconoció al 100%. En otras palabras, a los compradores internacionales de nuestras empresas, incluido el petróleo, les salía el 25% de la cotización real.
¿Qué precio reconocerá el Gobierno cuando llegue el momento de pagar el precio de las acciones de Repsol? El Estado terminará comprando acciones de una empresa vaciada y saqueada, que dejará reservas casi agotadas de gas y petróleo. Y el dinero para adquirirlas, seguramente, saldrá de los fondos de la Anses y/o de las reservas del Banco Central. De esta manera, se utilizarán recursos que deberían estar destinados a mejorar los paupérrimos ingresos de los jubilados argentinos, que en un 80% cobra el haber mínimo de 1.600 pesos mensuales, apenas 370 dólares.
Que la Presidenta diga “Me hago cargo”, como si fuese una disculpa por lo ocurrido durante el proceso de privatización, no sirve para nada. Más bien, lo que ayer hizo la primera mandataria, al anunciar por cadena nacional el envío del proyecto que propone la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF, fue una nueva puesta en escena; tiró al aire fuegos de artificio para encubrir lo que será un nuevo negocio para amigos del poder.
La muestra cabal de que se trata de una gran cortina de humo es que el proyecto de Cristina no toca ni una sola acción del grupo que lidera Enrique Eskenazi, cuya familia viene haciendo negocios con el kirchnerismo desde los años ‘90. Fue el ahora fallecido expresidente Néstor Kirchner el que habilitó el ingreso de este grupo empresario a la petrolera, permitiéndole comprar las acciones con las propias utilidades de YPF, un caso único en el mundo por lo escandaloso. Y este privilegio se mantendrá inalterable.
Se trata de una movida muy similar a la que hizo Cristina, días atrás, antes de cumplirse el 30º aniversario de la Guerra de Malvinas, con la pelea mediática que mantuvo con el gobierno británico. La realidad es que el Gobierno K también avaló e incentivó la participación de empresas y capitales ingleses en el negocio de hidrocarburíferos de nuestro país, permitiéndole acceder a la explotación de distintos yacimientos. Estos mismos capitales son los que, en abierta violación a la soberanía argentina, ahora están buscando petróleo en el archipiélago del Atlántico Sur.
A su vez, los bancos y fondos de inversión con participación accionaria en la empresa multinacional Barrick Gold, cuyas autoridades siempre tuvieron un trato privilegiado con el kirchnerismo (varias veces fueron recibidos por la Casa Rosada) y que llevan adelante explotaciones de megaminería con cianuro para saquear los recursos naturales en la provincia de San Juan, también estarían detrás del oro negro de las Malvinas.
No fue casualidad, en ese sentido, que la Presidenta se haya venido con las manos vacías de la última Cumbre de las Américas. Los distintos países que se negaron a firmar la declaración de repudio a la actitud colonialista de Inglaterra, especialmente los Estados Unidos, están al tanto de estos negociados.
Mentiras y más mentiras
Lo que no dice el Gobierno es que la “nacionalización” de YPF le permitirá meter mano en una nueva caja, que pasará a estar conformada por las utilidades de la empresa petrolera. Este dinero no tendrá ningún fin productivo ni creará un solo puesto de trabajo genuino: será usado para tapar gruesos baches fiscales y sostener la red clientelar de subsidios que este año demandará más de 70 mil millones de pesos.
Estos recursos también permitirán que el kirchnerismo cumpla los compromisos asumidos con la patria financiera (los bancos), pagando en tiempo y forma los vencimientos de la fraudulenta deuda externa. Los Kirchner, de forma permanente y sistemática, se negaron a realizar auditorías que determinen, con exactitud, la legalidad o no de la deuda pública que arrastra el Estado argentino, cuyo origen también se encuentra en la última dictadura militar.
La mentira que está intentado vender el Gobierno también está dada por el hecho de que el interventor de la empresa será nada menos que el ministro Julio de Vido, el principal responsable del fracaso de la política energética que viene realizando el kirchnerismo desde hace casi nueve años. Para colmo, como si se tratara de una película de Fellini, tiene como uno de sus principales asesores a Roberto Dromi, el exministro menemista sindicado de ser el arquitecto jurídico de las privatizaciones de nuestro país.
De Vido estará acompañado por Axel Kiciloff, un inexperto economista de La Cámpora, que viene de generar un verdadero desastre en Aerolíneas Argentinas, una empresa pública que pierde dos millones de dólares por día.
En definitiva, es como poner dos zorros en un gallinero, en momentos en que los huevos, desde hace tiempo, están escaseando.
