Durante este fin de semana, el Gobierrno puso en la pantalla de los canales que transmiten el fútbol con subsidio oficial, un llamativo aviso publicitario de la tarjeta SUBE en el que prácticamente acusa a la sociedad de ser la culpable de que el Estado tenga que extender hasta marzo la entrega de tarjetas. Una acusación insólita para un sistema que, evidentemente, no da abasto con la demanda de muchos ciudadanos que intentan mantener el subsidio al transporte que sólo conservarán con el SUBE.
El ejemplo vale la pena porque pone al descubierto una falla repetida en la gestión de Cristina. Lo que sucede con el SUBE es que el Gobierno dejó para último momento la puesta en marcha de un sistema necesario para determinar quien conserva y quien no el subsidio al transporte. Con consecuencias mucho más impactantes desde el punto de vista económico, el kirchnerismo sufre ahora por la demora en haber tomado decisiones estructurales en torno a los subsidios públicos o a la provisión de energía que necesita un país en actividad intensa como la Argentina.
En el caso de los subsidios, los ocho años que transcurrieron sin haber puesto en marcha una quita gradual de los subsidios obliga hoy a Cristina a desencadenar un ajuste de enormes dimensiones mediante el recorte y la eliminación de los subsidios al gas, el agua y la electricidad de consumo urbano e industrial. La movida, que ya comenzó a llegar a los hogares argentinos, va a causar fuertes aumentos en los gastos de las familias y en el de las empresas con el consecuente impacto en la inflación real que va a irrumpir en el país con toda su furia a partir de marzo. En este caso, también se eligió desplazar la responsabilidad del ajuste hacia aquellos ciudadanos que fueron subsidiados en estos años pese a pertenecer a sectores medios y altos en condiciones de pagar servicios más caros. Como si no hubiera sido una política oficial.
El escenario energético también muestra las complicaciones de no haber puesto en marcha y a tiempo una política de exploración y explotación de los recursos que mantuviera el ritmo de una economía que sigue creciendo y que trabaja al 87% de su capacidad instalada. En los últimos días, la Presidenta eligió echarle la culpa públicamente a las compañías petroleras, haciendo foco en Repsol-YPF, conducida en la Argentina por empresarios que ella y Néstor Kirchner aprobaron en su momento. Más allá del ajuste de cuentas con el sector empresario, salta a la vista la ausencia de una estrategia de mediano y largo plazo que hoy obliga al país a importar unos 10.000 millones de dólares al año en energía y que lo alejó paulatinamente de la independencia energética que gozó en las décadas anteriores.
Poseedor de un fuerte aparato comunicacional estatal y privado, y aconsejado por intelectuales que desconocen en gran medida el funcionamiento de la economía, el Gobierno insiste con la épica de los grandes discursos mientras enfrenta el desafío de conducir el país en un año con menores ingresos provenientes tanto de la recaudación (que se reducen a medida que se atenúa la actividad) como de las exportaciones. Cristina acaba de obtener su reelección con el 54% de los votos pero, para mantener ese grado de adhesión, deberá explicarle a la sociedad con mucha mayor sinceridad el grado de dificultad que se dispone a enfrentar la Argentina.
