Por El Cronista.-
Los presidentes de Diputados y el Senado, aliados de Temer, fueron el blanco central de las críticas. El acuerdo de Odebrecht con la Fiscalía amenaza extender la crisis.
Miles de brasileños se manifestaron ayer en decenas de ciudades para protestar contra la corrupción política y en respaldo a los investigadores del caso Petrobras, cuando el país vive un duro enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Judicial tras la aprobación en Diputados de una iniciativa que facilita la incriminación de jueces y fiscales.
Con epicentro en Rio de Janeiro y Brasilia, y réplicas en ciudades como San Pablo y Belo Horizonte, las movilizaciones fueron convocadas por organizaciones que apoyaron la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia, que el Congreso avaló a finales de agosto.
"Operación Lava Jato, defendida por el pueblo", rezaba un cartel en Rio de Janeiro, donde miles de personas se concentraron en la emblemática playa de Copacabana para pedir que continúe la investigación que reveló un multimillonario esquema de corrupción en la estatal petrolera, que llevó a la cárcel a empresarios y políticos y amenaza a figuras centrales del gobierno que encabeza el presidente Michel Temer.
En Brasilia, unas 5000 personas se reunieron frente al Congreso, y colocaron paneles flotantes con ratas dibujadas sobre las grandes piletas que anteceden a la entrada principal del edificio. El presidente del Senado, Renan Calheiros, fue uno de los blancos de las críticas en la protesta. Aliado de Temer y miembro de su partido, el centroderechista PMDB, enfrenta una docena de investigaciones, varias vinculadas al caso de sobornos en Petrobras. Otra de las figuras cuestionadas, fue el jefe de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también aliado del presidente, y primero en la línea para sucederlo.
Al contrario, la figura más reivindicada fue la del juez federal Sergio Moro, que lleva adelante la investigación de Petrobras, y responsable por enviar a prisión a empresarios como Marcelo Odebrecht, ex presidente del conglomerado que lleva su nombre, que acaba de firmar un acuerdo con la Justicia para ventilar su responsabilidad criminal en la red de sobornos a cambio de volver a tener permiso para a participar en las licitaciones estatales.
La crisis que arrastra Brasil desde hace dos años, y que llevó al impeachment de Rousseff y a quien era su vicepresidente al gobierno, atraviesa estos días un nuevo capítulo por el descontento que generó la votación en Diputados de una enmienda, en el marco de un paquete anticorrupción, que permite incriminar a los propios fiscales del caso Petrobras, quienes habían impulsado ese proyecto de ley, que tuvo el respaldo de más de dos millones de firmas.
El equipo de fiscales de la Operación Lava Jato amenazó con renunciar si avanza esa ley y, casi en simultáneo, Calheiros intentó que el Senado votara el polémico proyecto en forma urgente, lo que desató la furia de muchos brasileños y brindó combustible a las movilizaciones de ayer.
La ley que impulsa el Congreso para limitar al Poder Judicial coincide con la firma del acuerdo entre las autoridades y el grupo Odebrecht, que aportaría muchos nombres nuevos a la lista de sospechosos por los sobornos en Petrobras, lo que alimentará aún más la crisis política.
La Presidencia de Brasil evaluó en un comunicado que las manifestaciones de ayer demostraron "la fuerza y la vitalidad" de la democracia y destacó que las protestas fueron "pacíficas". "Es preciso que los poderes de la República estén siempre atentos a las reivindicaciones de la población brasileña", agregó la nota.
