Por Urgente24.-
En Tanhuato nadie escuchó un solo disparo. Tampoco en Ecuandureo. Las 112 hectáreas del Rancho del Sol se encuentran repartidas en estos dos municipios del noroeste de Michoacán, muy próximos al Estado de Jalisco. No hay testigos del mayor enfrentamiento entre policías y narcotraficantes en el Gobierno de Enrique Peña Nieto porque ocurrió a 15 kilómetros de cada pueblo. Esta batalla cruenta en la que murieron 42 presuntos narcotraficantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y un policía federal se desarolló en medio de ninguna parte. México se ha acostumbrado a las masacres, a las tragedias grupales, los asesinatos colectivos.
En Michoacán, el viernes 22/05 un presunto enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación dejó un policía y 42 civiles muertos.
Es la peor masacre que en las últimas décadas se haya visto en esa entidad y sus características despiertan las mismas dudas que las matanzas más recientes en Guerrero y Jalisco…
No es la 1ra. vez que sucede. Por ejemplo, sucedió en Villa Purificación, Ecuandureo, Apatzingán… Catalogadas por el gobierno federal y los estatales como “enfrentamientos” con el crimen organizado, masacres como las perpetradas en esas localidades de Jalisco y Michoacán guardan similitudes: ocultamiento o distorsión informativa por parte de las fuerzas o autoridades implicadas, excesos cada vez más graves en el uso de la fuerza –tipificables incluso como delitos de lesa humanidad– e impunidad sistemática.
En lo que respecta a Villa Purificación, Jalisco, una investigación de la revista Proceso ubicó la cifra extraoficial de muertos civiles en 43, el doble de los reportados de manera oficial. Y en todos los casos, la duda es la misma: ¿se trató de enfrentamientos o de ejecuciones?…
Caso 1
El 22 de agosto de 2010, en el municipio de San Fernando –Estado norteño de Tamaulipas– fueron asesinados 72 migrantes procedentes de diversos países de Centro y Suramérica: entre los cuerpos identificados había hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, un ecuatoriano y brasileños.
La masacre fue conocida gracias a la denuncia de un migrante ecuatoriano. Las autoridades mexicanas atribuyeron la matanzas a miembros del cártel de Los Zetas, fundado por ex militares mexicanos –entre sus efectivos se cuentan también ex militares kaibiles guatemaltecos– que comenzaron a mostrar su brutalidad como brazo armado del Cártel del Golfo antes de independizarse como organización criminal.
Unos meses más tarde, en abril de 2011, el mismo municipio de San Fernando, situado a unos 150 kilómetros al sur de la frontera con EE UU siguiendo la autopista federal 101 (conocida como la “carretera de la muerte” por los frecuentes asaltos y secuestros que se producen en su trazado), sería escenario del descubrimiento de la primera de varias fosas comunes en las que reposaban cerca de 200 cuerpos. Los cadáveres, tanto de mexicanos como de migrantes centro y suramericanos, pertenecían en su mayoría a hombres y mujeres secuestrados mientras viajaban en autobuses rumbo a la frontera. El secuestro de migrantes por parte del crimen organizado se había convertido en un negocio rentable y las víctimas de estas acciones aumentaron exponencialmente durante el sexenio de Calderón.
La versión oficial: los culpables habían sido de nuevo los Zetas. Sólo y exclusivamente los Zetas. Tiempo después las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 17 de los 25 policías municipales de San Fernando, acusados de “proteger” a este cártel. Desde 2010, organizaciones como Amnistía Internacional pidieron en reiteradas ocasiones que se hiciesen públicos los documentos de la investigación, incluidos los expedientes abiertos contra esos policías detenidos. La fiscalía se negó aduciendo que esa documentación era secreta, y que lo sería durante 12 años.
A finales de 2013, sin embargo, la ONG National Security Archive (NSA) –nada que ver con la Agencia Federal NSA–, consiguió que el Gobierno estadounidense desclasificara cables diplomáticos enviados por algunos de sus funcionarios desde México. En un artículo publicado hace unos meses sobre la relación entre México y Estados Unidos, la NSA señalaba otro punto importante a la hora de comprender qué estaba ocurriendo al sur de la frontera: ““El caso de Coahuila evidencia también cómo funcionarios estadunidenses en México regularmente reciben información sobre las ligas del Gobierno mexicano con el crimen organizado y los abusos, al mismo tiempo que Washington provee equipamiento, asistencia y entrenamiento a las corporaciones involucradas”.
Caso 2
El viernes 18 de marzo de 2011, entre 40 y 50 camionetas estilo pickup cargadas de hombres armados, entraban en el pueblo de Allende, de unos 20.000 habitantes, a unos 50 kilómetros de la frontera con Texas. La historia no se conocería hasta comienzos de 2014, ocultada por autoridades de todos los niveles.
Durante varios días, los comandos criminales pertenecientes a los Zetas, fueron tachando objetivos de las listas que llevaban los domicilios y las personas que estaban buscando. Casa por casa, fueron secuestrando a decenas de personas. También se llevaban los bienes de más valor que encontraban, dejando el resto a merced de los saqueadores locales, incluidos policías municipales. Desaparecieron entre 200 y 300 personas, muchas de ellas familiares de dos ex miembros de Los Zetas que, según los testigos, habían traicionado al grupo criminal, pasándose al otro lado para colaborar con la agencia estadunidense de la DEA. Se calcula que en total desaparecieron entre 30 y 40 núcleos familiares del municipio.
Pasaron casi tres años en los que no se habló del caso, aunque rumores llegaron hasta las redacciones de algunos periódicos locales. Las autoridades que no actuaron durante la masacre, tampoco cumplieron con su obligación de investigar. En todo ese tiempo de silencio, el Estado de Cohauila fue uno de los más afectados por la descomposición institucional. No sería hasta enero de 2014 que se descubriría una fosa común en las inmediaciones con los restos de unas 300 personas. El hallazgo forzó el inicio de una investigación que, hasta la fecha, no ha conseguido remediar la impunidad, ni aclarar si todos los desaparecidos fueron asesinados.
Caso 3
Según la versión oficial, el pasado 30 de junio de 2014, en el pequeño pueblo de San Pedro Limón, al sur del Estado de México, a escasos kilómetros de la frontera con el Estado de Guerrero, efectivos militares se vieron obligados a repeler un ataque de miembros del crimen organizado. Tras un prolongado intercambio de disparos, las víctimas mortales ascendieron a 22, 21 hombres y una menor de edad, todos delincuentes, según las autoridades. Dos soldados habían resultado heridos. Ningún delincuente haría quedado con vida. En la operación se decomisaron 38 armas cortas y largas y una granada de fragmentación. También se liberó a tres mujeres secuestradas.
Los medios de comunicación, sin embargo, no tardaron demasiado en cuestionar esa versión oficial.
Ocho días después de que se produjesen los hechos, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó una nota en la que se afirmaba que la versión oficial no se sostenía, contradicha tanto por las evidencias como por los testigos de los hechos. En la nave industrial en la que se había producido el enfrentamiento entre militares y criminales, no había signos de ese largo intercambio de disparos. Sólo indicios –confirmados por algunos testigos– de que se podría haber tratado de un fusilamiento extrajudicial, al menos en el caso de algunos de los fallecidos.
En septiembre de ese mismo año, la edición mexicana de la revista Esquire, publicaba un reportaje, firmado por el periodista español Pablo Ferri, con un testimonio que contradecían igualmente la versión oficial: 19 de las 22 muertes habrían sido ejecuciones extrajudiciales a sangre fría, incluida la chica de 14 años, herida en un pierna durante el tiroteo y posteriormente rematada por un soldado a sangre fría. A pesar de este testimonio y de las evidencias de fusilamientos en una de las paredes de la nave reportadas por la agencia AP, las autoridades contactadas por el periodista que se prestaron a comentar el caso –que no fueron todas– afirmaron que en la investigación en curso no se habían encontrado evidencias que desmintieran la primera versión oficial.
Las informaciones publicadas desde entonces señalan que los supuestos responsables de las ejecuciones habrían sido tres militares pertenecientes al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, estacionados en San Miguel Ixtapan, suroeste del Estado de México. No era la primera vez que los militares de esa zona eran acusados de cometer delitos. El diario Reforma había publicado que, según documentos oficiales, entre 2010 y 2011 efectivos de ese batallón habían recibido dinero a cambio de informar al cártel de La familia (Michoacana) sobre las operaciones de su unidad. Seis militares, incluidos dos oficiales, fueron acusados por ello.
Sacar el Ejército a las calles usándolo para realizar funciones policiales fue una de las medidas implementadas por el Gobierno de Felipe Calderón cuando decidió iniciar su guerra contra el narcotráfico. La medida se ha demostrado equivocada, y no son pocos los militares que la consideran también equivocada: ha sido ineficaz, erosionando gravemente el prestigio del Ejército; y ha causado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de efectivos militares denunciadas ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso 4
“Al grito de ‘¡Maten a esos perros!’, comienzan a disparar, a matarnos”. Así recuerda un testigo el inicio de primera matanza registrada en la madrugada del 6 de enero del 2015 en la principal plaza de la ciudad de Apatzingán, Estado de Michoacán. Según ese testigo, efectivos de la policía federal habrían abierto fuego sin motivo contra los manifestantes que pasaban esa noche ocupando el Palacio Municipal de la ciudad. Protestaban contra la disolución de uno de los grupos de autodefensas que habían sido legalizados meses antes para patrullar por las áreas rurales de los alrededores con la misión de perseguir a los miembros del cártel de Los Templarios. La versión oficial: no se había producido ningún muerto en el operativo policial por balas procedentes de armas federales. Sólo se habría registrado un atropello y ocho muertos horas más tarde, poco antes de las ocho de la mañana, cuando los federales trasladaban fuera de la ciudad a las decenas de detenidos. El convoy que trasladaba a los detenidos, siempre según esa versión oficial, habría sido asaltado por civiles armados que querían liberar a los detenidos. Los muertos se habrían producido por las balas de las armas que portaban esos asaltantes.
Como parte de la versión oficial, se señaló además que entre los ocupantes del Palacio Municipal se encontraban miembros del grupo de Los Viagra: siete hermanos a los que unos acusan de ser ex templarios y de cometer diversos crímenes, y a los que otros defienden como defensores de las poblaciones acosadas por los Templarios. Las informaciones sobre la infiltración de autodefensas por parte del crimen organizado han sido frecuentes desde la legalización de estos grupos de civiles armados. La situación en Michoacán ha degenerado hasta tal punto que resulta difícil saber quién es quién y para quién trabaja: sean autodefensas, militares o federales.
El pasado 19 de abril, la periodista Laura Castellanos publicaba en la revista Proceso un artículo –divulgado al mismo tiempo por Arístegui Noticias y por Univisión– en el que resumía las versiones de los hechos que había obtenido tras 39 entrevistas realizadas sobre el terreno. También consiguió documentos, fotos e imágenes de cámaras de grabación que parecían probar que, además de haber causado al menos varias de las muertes, los federales habían recurrido a diversos medios para ocultar las pruebas de lo que había ocurrido: desde mover cadáveres hasta, supuestamente, dejar armas largas junto a los cuerpos de los asesinados.
Caso 5
La balacera que el viernes 22/05 dejó 43 personas muertas –42 civiles y un policía– en el Rancho Del Sol, ubicado en el kilómetro 370 de la autopista México-Guadalajara, provoca dudas ante los antecedentes en el país de otras masacres semejantes que han sido reportadas por autoridades como “enfrentamientos”.
El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que los 42 civiles muertos eran miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CNJG). La refriega, agregó, fue consecuencia de la Operación Jalisco, que se inició el viernes 01/05.
Fueron necesarias seis camionetas para sacar los cuerpos del rancho. Envueltos en cobijas de color rojo fueron llevados a Morelia, la capital de Michoacán. En la madrugada del sábado 23/05 las autoridades también retiraron los vehículos que habían quedado en la zona y que dejaban claro la magnitud de la batalla. Ocho vehículos completamente calcinados, supuestamente de los criminales, fueron extraídos del rancho. “Quedaron así por las explosiones de las granadas”, dijo un agente que resguardaba la zona y que prefiere mantener el anonimato. Además, fueron remolcadas dos patrullas de la Policía Federal y un vehículo armado llamado rinoceronte con un potente impacto en uno de los costados.
Tras el choque a tiros entre los federales y el grupo criminal, llegaron al lugar elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal y de la Procuraduría general de Justicia de Michoacán (PGJE) para apoyar las tareas de seguridad, resguardar la zona y comenzar la búsqueda de evidencia.
Tres presuntos participantes del enfrentamiento entre grupos armados y Policía Federal rindieron su declaración ante autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tras los hechos violentos en los que murieron 43 personas.
El periódico Reforma informó que los tres detenidos dijeron ser originarios del Estado de Jalisco, sin embargo no se reveló información sobre los municipios, nombres y edades para no entorpecer la indagatoria.
El presunto enfrentamiento, a decir de un funcionario, se desató cuando elementos de la Policía Federal atendían una averiguación previa relacionada con la ocupación ilegal del rancho, que se encuentra en un lugar solitario, sin ninguna vivienda en cinco kilómetros a la redonda.
Dicen que, tras la denuncia de despojo, se organizó un operativo, y cuando los agentes y militares se acercaban a la finca a investigar, fueron agredidos a tiros desde una camioneta. Los tripulantes de ese vehículo intentaron darse a la fuga y se internaron en el predio. Sin embargo, al verse acorralados, los hombres descendieron y atacaron a los soldados y policías.
Fuentes consultadas por el corresponsal en la zona consideraron extraño que más de 42 pistoleros que conocían el terreno apenas pudieran abatir a un policía, pese al enorme arsenal que poseían. “¿Los agarraron dormidos o qué?”, se pregunta uno de los entrevistados.
