Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Toda operación de lavado dinero vinculada a Lázaro Báez, el principal pero no el único socio del difunto Néstor Kirchner, es una luz roja que se prende sobre la sucesión de la familia y la herencia que está en cabeza de la presidente y sus hijos Máximo y Florencia. En caso de que la guillotina terminara cayendo en la garganta de Báez, también se llevaría puesta a la familia presidencial. De ahí los esfuerzos de Julio de Vido de “poner todo lo que sea necesario” para que estas causas judiciales no avancen y así es también que el juez federal Sebastián Casanello, en el año que tiene a su cargo la investigación, prácticamente no hizo ni el 10% de lo que investigó el fiscal José María Campagnoli en 60 días.
El pago del cristinismo a la corporación judicial es el anteproyecto de Código Penal que está paralizado por la recolección de firmas que organizó Sergio Massa y porque ahora la presidente quiere sacar el tema de la inseguridad de la agenda política, ya que la perjudica seriamente en términos de electores y de imagen de su gestión.
El nuevo Código Penal sería entonces un pago a la corporación judicial para que le brinde impunidad al cristinismo una vez que abandone el poder en el 2015. Y la prenda de cambio que les ofrece a los jueces sería la reforma del Código de Procedimientos Penal, para establecer el monopolio de las libertades de los presidiarios entre magistrados y abogados penalistas, que es uno de los grandes negocios aparentemente legales de la Argentina. Cada vez que se quisieron endurecer las leyes penales de fondo y procedimentales, como con la reforma impulsada por Carlos Ruckauf, la de Juan Carlos Blumberg y las procedimentales que implementó parcialmente Daniel Scioli a través de Ricardo Casal, las mismas fueron sistemáticamente saboteadas por la jurisprudencia.
La jurisprudencia se impone
La realidad es que la jurisprudencia es una fuente del derecho penal a la par de lo que decidan los legisladores. Y en la práctica las leyes que sancionen éstos en la materia serán finalmente adaptadas por los jueces en su interpretación que tiene un solo objetivo, que es mantener entre magistrados y penalistas el poder de decisión de excarcelaciones en cualquier tipo de delitos, aunque sean ellos aberrantes. Es inmenso el poder que tiene la corporación judicial para conservar la última palabra en la materia, sobre todo teniendo en cuenta la escasa preparación de los legisladores cuando tratan leyes penales de fondo o procesales.
Los ideólogos de este monopolio de decisión de los magistrados sobre las excarcelaciones son, sin duda, Eugenio Zaffaroni, el gran imaginativo para quitar sentido a la redacción de los artículos del Código Penal y sus seguidores León Arslanián y Ricardo Gil Lavedra. El espectro de negocios abarca desde homicidios entre villeros hasta los delitos de cuello blanco como el lavado de dinero de los testaferros del matrimonio Kirchner con Lázaro Báez y ahora también Enrique Wagner, el mandamás de la Cámara Argentina de la Construcción desde que Kirchner llegó al poder el 25 de mayo del 2003. En efecto, la “Cámara Argentina de la Corrupción”, como también se la denomina, está dirigida por una verdadera asociación ilícita que vive de la sobrefacturación de la obra pública. Esta política tiene un carácter destructivo sobre cualquier plan para racionalizar el gasto público y transformarlo en eficiente. En última instancia y como reaseguro, estos negociados con sobrefacturaciones tienen a mano a buena parte de la corporación judicial para que les otorgue impunidad.
