Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
No se sabe todavía si Lázaro Báez y Guillermo Greppi -dueño de Propyme- se conocen. En realidad, el financista del ex empleado del Banco Santa Cruz es Ernesto Clarens, a su vez íntimo amigo de Jorge Brito, presidente del Banco Macro, hoy llamado a indagatoria por el fiscal Jorge di Lello en la causa Ciccone, que involucra al vicepresidente de la Nación Amado Boudou.
Los policías que allanaron la cueva de Greppi descubrieron mochilas con varios millones de dólares en efectivo con la banda elástica de sellado que decía Banco Macro. Esto indicaría que Brito sería el personaje que uniría a Báez con Greppi y a su vez con Cristina, Máximo, Florencia, Zannini y de Vido que, como informamos en una nota anterior, manejaría un fondo de estímulo de la justicia federal de 100 millones de dólares, que debería ser repuesto con frecuencia dada por la voracidad de los abogados defensores, que dicen que es para los integrantes del fuero penal federal, aunque esto no pudo ser comprobado.
Con final abierto
Greppi inventó que la brigada policial le pidió una coima de 300.000 dólares, hecho que fue desmentido por las imágenes de la abogada Valeria Carballo, defensora del subcomisario Ascona, en las que se muestra a un empleado de Propyme intentando huir con carpetas.
Pero el hecho sobresaliente es que, cuando los policías estaban por realizar el inventario, Greppi llamó a Zannini, éste a Liuzzi y este último al juez federal Norberto Oyarbide, quien, a su vez, le ordenó al subcomisario Ascona que detuviera el allanamiento. Y ahora Greppi cambió el abogado con el cual había denunciado la coima por otro penalista, para presentarse como querellante en la causa derivada del allanamiento, que está a cargo del juez federal Luis Rodríguez, que ya recibió las imágenes de su empleado intentando huir, lo que podría demostrar que el allanamiento estaba fundado en sospechas ciertas de la brigada de investigaciones de la Policía Federal. Pero el artero argumento de Greppi para salvarse fue inventar un pedido de coima, por lo cual el subcomisario Ascona y cuatro o cinco de sus subordinados fueron puestos en disponibilidad por cumplir con su deber, es decir, buscar pruebas que comprueben el supuesto lavado de dinero. El argumento fundamental que esgrimen los policías es que, ante un hombre como Greppi, que le mostró un celular en cuyo visor decía Zannini, habría que ser muy imbécil para pedirle 300.000 dólares de coima. Se trata de un financista que dijo ser amigo de Zannini, de Liuzzi y de varios comisarios generales de la Federal y la Metropolitana, por lo cual está claro que el pedido de la supuesta coima fue un ardid del financista que ahora, incendiado, ha perdido a gran parte de su clientela.
La situación de Oyarbide es distinta. Será citado al Consejo de la Magistratura para que aclare por qué suspendió un allanamiento que él mismo había ordenado, aunque en realidad fueron más de una decena de allanamientos. De éstos, Greppi dijo que en dos le habían pedido una coima. El caso es que, hasta ahora, los dueños de las “cuevas” que supuestamente pagaron no se presentaron a declarar. De todos, Oyarbide debió concurrir al allanamiento y si había sospechas ciertas no lo tendría que haber detenido aunque le mostraran el celular con el visor que decía Zannini, por lo puede ser pasible de destitución. Aunque se supone que La Cámpora y el cristinismo lo seguirán sosteniendo.
