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4 ejemplos en la prensa K del oficialismo intentando explicar sus errores de apreciación, de ejecución y de conducción. 1 acotación antes de los fragmentos: Carlos Zannini, quien con su negativa a socorrer prestamente a Córdoba, fue el disparador de la crisis, ahora es quien pretende resolverla con un proyecto de ley de Seguridad Democrática, reforma policial que la Nación intentará imponer a las provincias. Delirante, por cierto. De entre muchas reflexiones muy cuestionables sólo queda rescatar una del ex preso político y director del semanario K Miradas Al Sur, Eduardo Anguita: "(...) De la flamante ministra de Seguridad de Nación, María Cecilia Rodríguez, se dice que es especialista en catástrofes. Pese a este tsunami, no se la escuchó en la crisis. Quien tomó la conducción es su segundo, Sergio Berni, que años antes era su jefe. (...)".
Vamos a los recortes:
Horacio Verbitsky, en el diario Página/12 (Desde Córdoba, se aclara):
"Inclusión social y control político de las fuerzas de seguridad para incorporarlas a los procesos democráticos en cada una de las jurisdicciones, como ya se hizo con las Fuerzas Armadas. Ese fue el antídoto contra la extorsión policial que la presidente CFK prescribió en su discurso del 10 de diciembre. Pero mientras las Fuerzas Armadas y las intermedias, como la Gendarmería y la Prefectura, son estructuras nacionales, las policías están en la jurisdicción de cada provincia. Una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad.
El gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla del control civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de las fuerzas. Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el cambio provoca.
Una de las víctimas fue el subcomisario Christian Vera, de 36 años. Su familia tenía una íntima relación de amistad con Capitanich, quien pocos días antes había asistido al velorio de la madre del oficial. Vera no se plegó a sus colegas acuartelados e intentó contener un saqueo. Vestía su chaleco antibalas, pero el proyectil ingresó por la ingle y lo mató. ¿Fue por casualidad, o el disparo partió de otro profesional que conocía dónde termina la protección del chaleco? Otra pregunta, que escuché con insistencia en Córdoba, ¿cómo pudo haber sólo un muerto si durante toda la noche se escucharon disparos en forma incesante?
En cualquier caso, es imposible exagerar la gravedad de los hechos degradantes sucedidos, que tendrán consecuencias económicas y sociales, al adelantar las negociaciones paritarias previstas para el año próximo en las que todos los trabajadores de la órbita del Estado Nacional, las provincias y los municipios reclamarán con estricta justicia igual trato. También afectarán el vínculo entre la Nación y las provincias, que no pueden hacer frente a los compromisos arrancados a sus gobernadores.
Los alzamientos carapintada, la hiperinflación y los saqueos, la crisis de fin de siglo con todo lo que implicó (descomposición institucional, feroz transferencia de ingresos, surgimiento de nuevas formas de organización social, asesinato de militantes populares), son los otros picos de crisis que dejaron huellas y cuya sombra ominosa sólo pudo disiparse con profundas transformaciones. Este cuadro impone una respuesta lúcida y eficiente de las autoridades, para encarar de una buena vez y a fondo las reformas policiales que se han venido posponiendo durante décadas. (...)"
Martin Piqué en el diario Tiempo Argentino:
"Con su sorpresiva aparición en la asamblea del espacio de intelectuales Carta Abierta, Jorge Capitanich ratificó ayer que el gobierno nacional pretende promover y multiplicar el debate sobre la necesidad de democratizar las fuerzas de seguridad a lo largo y ancho del país. "Es necesario que a este debate que hoy se inicia en la República Argentina se lo promueva intensamente", avisó Capitanich en un párrafo elocuente de su exposición en la explanada de la Biblioteca Nacional. Las palabras del jefe de Gabinete demostraron que la estrategia oficial tras la gravísima serie de acuartelamientos y sublevaciones policiales de los últimos diez días es intentar hacer valer aquella frase que sostiene que en cada crisis hay, también, una oportunidad. "Tenemos que avanzar en la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad", exhortó el chaqueño entre aplausos de los miembros de Carta Abierta que lo rodeaban, más otros expositores invitados como el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el ex senador Daniel Filmus.
La evaluación que circula en el oficialismo es que las mejoras salariales que concedieron la mayoría de las provincias, por el modo y el momento en que fueron otorgadas (después de ser víctimas de amenazas y advertencias por parte de los policías acuartelados), podrían afectar la autoridad del gobierno democrático para lidiar con reclamos sectoriales y, por ende, deteriorar la gobernabilidad. Para evitar ese efecto no deseado, que tuvo como primera causa el estallido de la crisis policial en Córdoba, la alternativa que impulsa la Casa Rosada es aprovechar la conmoción de las últimas semanas para reinstalar la campaña sobre la seguridad democrática que, desde hace años, vienen planteando organismos de Derechos Humanos y foros especializados, entre ellos el CELS y el jurista León Arslanian, quien fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en dos períodos distintos (1998/1999 y 2004/2007) y hoy dirige el sitio web Portal de Seguridad.org.
Ayer (sábado 14/12), tras recibir el lunes una invitación formal de Carta Abierta, Capitanich se acercó a la asamblea del espacio para compartir algunas impresiones de lo que había sucedido con las policías provinciales. "Hemos vivido una semana intensa", reconoció el jefe de Gabinete. A partir de allí comenzó la parte más comprometida de su discurso. El funcionario apareció en la Biblioteca Nacional cuando la discusión de los miembros de Carta Abierta ya llevaba varias horas: el asesor de la Secretaría General de la Presidencia, Carlos López, quien había llegado temprano, dejó trascender que varios miembros del Gabinete podrían asistir a la reunión en plena tarde de sábado. El aviso se concretó un rato más tarde. Al llegar, Capitanich intercambió algunas ideas con Tomada, López y tres de los representantes más conocidos del foro: el filósofo Ricardo Forster, el sociólogo Carlos Girotti y el arquitecto Jaime Sorín.
La exposición de Capitanich en la Biblioteca Nacional adelantó algunos ejes de la propuesta de reforma de la acción policial que se está discutiendo en el Ministerio de Seguridad y en la Secretaría Legal y Técnica, de Carlos Zannini. "La seguridad pública es un poder no delegado de las provincias argentinas, pero las provincias, como lo hicimos en el Chaco, tienen que tener Ley de Seguridad Democrática. Hay que democratizar el sistema de seguridad pública, garantizar transparencia, para que las mafias enquistadas, vinculadas a la trata de personas, al narcotráfico y a otros flagelos que agobian a la sociedad argentina, puedan ser desterrados", subrayó Capitanich. El jefe de Gabinete hizo una cruda evaluación de lo que implicó la sublevación de buena parte de las policías de Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Salta, La Pampa y otras provincias. "Las corporaciones no pueden apropiarse de los gobiernos", advirtió.
(...) Las propuestas de Capitanich en Carta Abierta profundizaron lo que horas antes había planteado el diputado nacional y dirigente de La Cámpora, Eduardo "Wado" De Pedro (FPV). "Sería bueno que las fuerzas provinciales inicien también un proceso de democratización, transparencia y discusión, como lo hicieron las fuerzas nacionales. La presidenta dejó en claro que así como el gobierno nacional apostó a una fuerte renovación en la currícula y la educación de las fuerzas de seguridad nacionales, lo deberían hacer las provinciales", había dicho De Pedro en una entrevista radial. (...)".
Carlos Rodríguez entrevistó al mencionado Arslanián para el diario Página/12:
“Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.” El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”. Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”. De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”.
Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.
Recalcó que las cúpulas policiales “no representan a la tropa” porque “no las mueve un interés gremial, porque los jefes negocian políticamente sus propias condiciones y sus propios intereses. A cambio de gobernabilidad pactan con los sectores políticos las condiciones para tener libertad para manejar y regular los delitos”. Recordó que cuando fue ministro “nos apoderamos de la información” que reunían las comisarías, porque “si esa información queda en manos de la policía, nunca vamos a tener conocimiento de las irregularidades” que se cometen, con participación policial, en materia de delitos graves como narcotráfico, robo organizado, trata o casos de violencia institucional.
Arslanian fue ministro de Seguridad bonaerense durante los años 1998/99, en el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de que estallara el escándalo del caso Cabezas y la “Maldita Policía”. Quiso hacer la reforma policial, pero no pudo porque lo sacaron del cargo cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador. Volvió a la función en el período 2004/2007, con Felipe Solá en el gobierno, y completó la reforma que, según el mismo Arslanian, “fue totalmente destruida por el gobierno de (Daniel) Scioli”. (...)".
Eduardo Anguita en el semanario Miradas Al Sur:
"(...) Aunque sea prematura una definición, esta implosión de las fuerzas policiales asociada a los desmanes a la propiedad privada constituye uno de los desafíos más grandes a la democracia de estas tres décadas. Aunque los propios gobiernos provinciales y el nacional insistan con que es una amenaza a las instituciones, parece que el mayor riesgo es que los hechos invisibles hayan salido a la luz. En un país donde la seguridad parecía ser la diseminación de cámaras, los patrulleros inteligentes o los partidos de fútbol sin hinchada contraria, ahora no hay excusas.
En la percepción de los grados bajos de las policías, tanto hablar de inseguridad y no pagar salarios altos, resultó una oportunidad para la rebelión. Hubo y hay escenas para todos los gustos, incluyendo los policías tucumanos reprimiendo a quienes se manifestaron con carteles contra la connivencia de los uniformados con el delito. Hugo Moyano no dudó en decir que así como los camioneros llevan los camiones, los policías deben llevar sus armas a las asambleas, porque son sus herramientas. Nadie tuvo la iniciativa de convocar a un espacio multisectorial que pudiera dar marco y contención al encausamiento de esta crisis. Dos semanas atrás, los ministros Jorge Capitanich y Axel Kicillof intentaban tantear a empresarios y sindicalistas para que la banda de la negociación salarial de 2014 empezara con el 20%. Gente sin derechos sindicales y en franca ilegalidad impuso aumentos entre el 35 y el 50%. Este cronista habló con dirigentes de los trabajadores docentes: están helados, no pueden siquiera configurar por estas horas cómo se sentarán a la mesa paritaria.
El ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, gana notoriedad por querer agarrarse a piñas con un opositor al que calificó de mogólico. Más allá de sus millones y de sus relaciones con el poder, nadie sabe cuál es la ventaja de tener a Granados al frente de la Bonaerense. La ministra de Seguridad de Córdoba, Alejandra Monteoliva, que llegó por la crisis de los narcopolicías, salió eyectada antes de que alguien se enterara de si sabe algo sobre seguridad. De la flamante ministra de Seguridad de Nación, María Cecilia Rodríguez, se dice que es especialista en catástrofes. Pese a este tsunami, no se la escuchó en la crisis. Quien tomó la conducción es su segundo, Sergio Berni, que años antes era su jefe. No queda claro cuáles son las capacidades para que se haya invertido el orden jerárquico entre Rodríguez y Berni.
En tres décadas, si las provincias y la Nación tuvieran que mostrar sus avances en la generación de políticas democráticas en la materia y, sobre todo, en la conducción de fuerzas que reparten su tiempo entre prevenir el delito y gerenciar el delito. Parte de las cajas policiales son la rueda de auxilio de los presupuestos de cada provincia. Parte de las cajas ocultas de la política tienen ese mismo origen. Es muy probable que estas fisuras entre las fuerzas policiales y los gobernadores no sean lo suficientemente fuertes como para que salgan a luz esas zonas oscuras. Sin embargo, en una visión entre optimista e ingenua, esta crisis puede dar lugar a alguna oportunidad para cambiar estas cosas."
