Por Carlos Tórtora/El Informador.-
La mesa chica del massismo se prepara para festejar el domingo el triunfo del Frente Renovador, aunque todavía se ciernen algunos nubarrones. En Tigre estimarían que en las primarias del pasado 11 de agosto el gobierno nacional realizó maniobras fraudulentas que le habrían restado a Sergio Massa alrededor del 3% de los votos. Aproximadamente un mes antes de aquella elección, el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo habría, tenido un fuerte gesto hacia el intendente de Tigre. Le habría hecho saber que él era ajeno a ciertas maniobras fraudulentas que se estaban preparando en oficinas del gobierno, pero que debía cuidarse de la operatoria del Correo Argentino.
Es decir, del proceso de carga e informatización de los resultados de cada mesa de la provincia de Buenos Aires. El Decreto 273 del 2011 dio cuenta de la designación de Juan Carlos Tristán como director titular y presidente del Directorio del Correo Oficial de la República Argentina. Tristán vino así a cubrir el cargo que dejó vacante Néstor José Di Pierro, quien asumió en diciembre de ese año como intendente de Comodoro Rivadavia. Un decreto posterior, el 274, completó la nómina designando como directores a Vanesa Daniela Piesciorovski y Carlos Alberto Rossi. Estos cambios marcaron un reacomodamiento en lo más alto del poder kirchnerista. Durante años, el Correo Argentino -reestatizado por Néstor Kirchner- fue un coto privado del ministro de Planificación Julio de Vido. Pero algo cambió en el segundo mandato de Cristina. Una vez más quedó en evidencia su opción por los jóvenes de La Cámpora.
Pero Tristán no sólo integra la elite juvenil del cristinismo, es marplatense como Amado Boudou y se conocen hace años. Tenía un cargo menor en el Correo hasta que el vicepresidente lo sacó del organismo tiempo atrás para enviarlo a la Casa de la Moneda, cuando logró colonizar ese espacio de poder colocando a Katya Daura, una vieja colaboradora suya de la gestión en la ANSES. Ahora, apenas vio el espacio, Boudou regresó a su amigo al Correo, sólo que esta vez lo hizo como presidente. El rol del Correo en el recuento de votos es fundamental: los presidentes de mesa envían por telegrama los resultados de cada mesa a una treintena de centros de cómputos distribuidos en todo el país, donde más de mil operarios de INDRA se encargan de cargar la información al sistema. Cualquier manipulación, por ejemplo la sustitución de los telegramas por otros, alteraría el resultado electoral. La advertencia de Randazzo a Massa no habría pasado desapercibida en Olivos, donde interpretarían que aquél se estaría preparando para un eventual acuerdo con el massismo que le garantice tal vez una diputación nacional para el 2015 o la vicegobernación de Buenos Aires, así como protección política para eludir futuras denuncias. Ayer trascendió que Randazzo habría decidido la estatización del Ferrocarril Sarmiento sin consultar al regente Carlos Zannini, lo que coincidiría con su creciente alejamiento del vértice del poder de su propio gobierno.
Vigilia hasta el domingo
El caso es que el massismo habría contado después de las primarias con documentación que probaría las irregularidades pero la decisión política final fue no hacer una denuncia pública, para evitar que el éxito alcanzado en las urnas se viera empañado por un escándalo de gran repercusión. Ahora la situación sería distinta. A Massa le habría llegado información acerca de que el domingo podría haber un fraude para restarle entre 4 y 5% de los votos. El objetivo del mismo sería reducir la diferencia con Martín Insaurralde a menos de 5 puntos, lo que le permitiría al Frente de la Victoria proclamar que fue derrotado por un pequeño margen y que Massa no aumentó su ventaja de 5 puntos y medio obtenida en las primarias. Una operación de este tipo, por ejemplo, le haría más fácil a la presidente su retorno a la Casa Rosada y atenuaría la impresión general de que el cristinismo está en plena retirada.
En definitiva, si el domingo las sospechas y los indicios se hicieran realidad, la cúpula del massismo debería decidir rápidamente si hace la denuncia pública del eventual fraude, que podría costarle varias diputaciones nacionales además de cargos electivos locales. De ser así, se abriría una doble batalla judicial y mediática.
