En Diputados esperan "novedades en los próximos días"; el rol de los diferentes accionistas. Los negociadores del Gobierno que quieren la nacionalización de YPF no tienen más que dos caminos: sentarse a negociar con los dueños de la española Repsol o expropiar la petrolera más grande de la Argentina. Y, claro está, ninguno de ellos está a salvo de obstáculos.
Ayer, las versiones sobre la inmediatez de la medida se multiplicaron. Durante la mañana, se especulaba con que sería la presidenta Cristina Kirchner la que anunciaría la fórmula elegida en el acto que al mediodía encabezó en Ushuaia. Pero el discurso se centró en el reclamo por las islas Malvinas. Sin embargo, durante el fin de semana largo, funcionarios del Gobierno y ejecutivos de Repsol y de YPF habrían mantenido varias reuniones para avanzar en una salida al enfrentamiento entre la Casa Rosada y los petroleros. En tanto, y ante las versiones, la acción de la firma se desplomó ayer en Nueva York y no siguió aquí el mismo camino debido al feriado (ver aparte).
A media tarde, cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, reconocieron que "seguramente en los próximos días" habrá novedades de algún proyecto referido a YPF. Tanto Domínguez como la diputada nacional oficialista Roxana Bertone (presidenta de la Comisión de Energía) estuvieron en el acto de Ushuaia.
A diferencia de otras empresas de servicios públicos en las que el Estado entrega una concesión y el privado la explota, YPF es una empresa privada que tiene gran parte de su negocio montado sobre permisos petroleros que entregan las provincias, pero a la que no se puede retirar la concesión e inmediatamente entregarle el certificado de defunción, como sí pasó, por caso, con Aguas Argentinas. Y como los españoles tienen aún el control del 55% de las acciones, no quedará más remedio que negociar. Aun si lograra comprar las otras acciones, el Gobierno sólo podrá tener mayoría si adquiere parte de lo que hoy está en manos de Repsol.
Fue en 2007 cuando la petrolera española, que entonces tenía un tercio de sus ingresos anclados en la operación local, empezó un silencioso proceso: bajar la exposición al riesgo argentino. De aquel 99% que tenía a fines de 2007 Repsol redujo su posición al 55% actual.
El 27 de febrero de 2008 fue la primera venta de acciones: ingresó el Grupo Petersen, apadrinado por el Gobierno y aceptado por los españoles. Cedió entonces el 14,9%. La razón por la que el número no fue 15% está en la carta constitutiva de la sociedad: quien quiera comprar más de ese porcentaje deberá realizar una oferta por la totalidad de las acciones. Ese sería uno de los puntos que estarían intentando destrabar funcionarios argentinos junto a reconocidos abogados locales.
Petersen Energía, de la familia Eskenazi, es una compañía española. En ese momento, también se firmó una opción de compra por un 9,54% adicional, que se efectivizó en febrero pasado.
El resto de las acciones han quedado en la cartera de grandes fondos de inversión o de inversores privados y anónimos. La primera operación fue el 27 de diciembre de 2010. En Nueva York, Repsol YPF vendió a Eaton Park Master Fund y a Capital Guardian un 4,8% de las acciones.
El 11 de marzo del año pasado Repsol YPF colocó un 2,9% al fondo Lazard Asset Management, que firmó una opción de compra por otro 2,9% adicional, operación que se registró en octubre pasado.
Pocos días después, el 24 de marzo, se completó la última operación. La petrolera hizo una oferta global de acciones (ADS, según la denominación que se les da en Estados Unidos) por un 7,1%, con lo que bajó su participación en la empresa a 68,23%.
De acuerdo con los precios que estos inversores pagaron las acciones, YPF tenía un valor de mercado de alrededor de US$ 16.100 millones. Desde entonces, el precio de la empresa se precipitó por la reversión de las concesiones que hicieron varias provincias, pero también por la hostilidad con la que la trata el Gobierno.
Con ellos tendrá que negociar la Casa Rosada si quiere realizar una operación de mercado. Y en esa mesa, sí o sí deberá estar Repsol. La opción de expropiar exige que el bien sea declarado de interés público. El Poder Ejecutivo deberá, al igual que lo hizo con Aerolíneas Argentinas y Austral, enviar un proyecto al Congreso. Pero además la ley exige que se tase y se pague por el bien lo que vale en el mercado.
FUENTE: Por Diego Cabot | LA NACION
