El gobierno viene encadenando desaciertos en su respuesta al escándalo de corrupción que martilla al vicepresidente Amado Boudou. Del mutismo que concede pasó a la hiperkinesia mediática y la defensa en bloque. El caso pone a prueba la capacidad de Cristina para cortar de cuajo una crisis grave. Los ejemplos de Kirchner y el riesgo de atar la suerte del Gobierno a la del vicepresidente. El gobierno de Cristina Kirchner está aplicando al caso Ciccone una lógica similar a la que desplegó en el conflicto con el campo por la resolución 125. Intuye detrás de las acusaciones de corrupción contra el vicepresidente Amado Boudou, el reagrupamiento de fuerzas opositoras lideradas por el Grupo Clarín. Es decir lo toma como un desafío a su poder y responde otorgando un respaldo cerrado, o que intenta serlo, al vicepresidente. Ignacio Fidanza/La Politica Online. En ese sentido, la prédica interna y pública de Boudou parece haber hecho mella en el único interlocutor que le interesa: la Presidenta. Su defensa es previsible y monótona, pero no por eso pierde efectividad. Los ataques contra él son en realidad ataques contra la Presidenta y su objetivo es debilitar al gobierno. La conclusión natural de ese silogismo es: defender a Boudou es defender al gobierno.
Sin embargo, hay una enorme diferencia entre este conflicto y otras peleas políticas que dio el kirchnerismo. En la pelea con el campo libró una batalla para defender una medida económica, que aún equivocada para algunos sectores, nadie podía desconocer que estaba dentro de sus atribuciones.
Lo mismo sucedió con la ley de medios. Se trataba en ambos casos, de decisiones políticas de alcance general. Este caso es demasiado distinto. Aquí de lo que se trata es de un funcionario –en rigor varios- sospechados de utilizar el poder que les brinda el cargo público que ocupan, para forzar la quiebra de una empresa y comprarla mediante testaferros a precio de remate. Empresa que una vez cooptada, sería atiborrada de contrataciones directas millonarias con el propio Estado.
El archivo kirchnerista
Frente a un escándalo de este tipo hay dos reacciones habituales: no decir nada con la esperanza que algún otro tema lo tape y quede en el olvido. O salir a defenderse.
El gobierno transitó de la primera estrategia a la segunda, con la misma suerte. El tema no desapareció, la noticia lejos de agotarse amplió su radio de acción y cada intervención pública de Boudou o los otros involucrados, terminó abriendo más interrogantes de los que cerró.
En el kirchnerismo ya hacen cálculos sobre cuanto resistirá Boudou con este tema al tope de la agenda sin sufrir un daño político severo. “Lo tiene que matar en 20 días, después ya será irreversible”, estiman algunos.
Pero existe una tercer opción frente a este tipo de crisis, que son naturales en casi todos los gobiernos. Tomar el toro por las astas. Hacerse cargo que se está frente a un problema grave y actuar en el mismo nivel o incluso de manera más drástica.
Es lo que hizo Kirchner frente al caso Skanska. Ante la primer escalada fuerte, despidió sin miramientos al titular del Enargas, Fulvio Madaro y al presidente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Cuando tomo la decisión, no estaba para nada claro si eran los principales responsables. Pero la decisión, más allá de su justicia, le permitió retomar la iniciativa.
Por supuesto que se trata de ejercicios con una alta dosis de cinismo ya que los despidos en todo caso recayeron sobre los operadores de decisiones que se habían tomado en otros despachos. Pero son gestos que descomprimen, que muestran a la sociedad que la política puede tolerar la corrupción, pero al menos, tira algo de lastre cuando es sorprendida a plena luz.
El problema Boudou
Es obvio que ahora la situación es mucho más delicada, porque Boudou es un funcionario electo que ocupa nada menos que la vicepresidencia. Con un agravante: su designación fue tomada por la Presidenta en soledad, sin mayor respaldo en razones partidarias, electorales o de capacidad de gestión. Es decir que de alguna manera, el fracaso de Boudou podría verse como un fracaso de la Presidenta.
Pero hay infinidad de maneras de marcar distancia con lo sucedido sin caer en el zafarrancho institucional de pedirle la renuncia al vicepresidente. Kirchner al inicio de su mandato vació a Scioli de cargos en el gobierno y hasta le prohibió entrar a la Casa Rosada. Una calculada destrucción política que sirvió para marcar un límite.
Se trata de un claro desafío a la creatividad y capacidad de equilibrio que el caso plantea a Cristina, que deberá encontrar la mejor diagonal para darle un corte al tema achicando lo más posible el costo político que recaiga sobre ella.
La pregunta que gira en torno a esta cuestión es sencilla: ¿Qué representa mayor costo seguir defendiendo a capa y espada al vicepresidente o hacer algún gesto ejemplificador, algo que denote que la corrupción –o la sospecha fundada- no será tolerada gratuitamente, asumiendo implícitamente el error en la designación?
Fractal
El caso Ciccone está evidenciando una lógica fractal, que ante cada nueva intervención para acallarlo se multiplica como un virus. Primero era un problema que circulaba entre Boudou, el Banco Central y la Casa de la Moneda. Luego contaminó a la AFIP y ahora ha dejado en una posición muy incómoda al ministro De Vido, acusado de forzar la censura de un programa de televisión porque abordó el tema en cuestión.
Parecen demasiados costos para respaldar una operación económica con ribetes impresentables. O si se quiere, para rescatar a un personaje marginal en el sistema de poder real del kirchnerismo.
Y ese es uno de los problemas centrales de esta zaga. No sólo la aparición de una serie de personajes con ecos noventistas –todos marplatenses como el vicepresidente-, sino que aún no se ha podido aclarar la duda central: ¿Quién es el verdadero dueño de Ciccone y de dónde salió el dinero para su compra? Y mientras esto no se aclare la sospecha apuntará siempre para el mismo lado.
Cristina todavía tiene la oportunidad de aprovechar este caso, para enviar una señal hacia el interior de su gobierno y a toda la sociedad, sobre un tema que está regresando al centro de la agenda pública: la corrupción política.
Es evidente que esta crisis pone a prueba su liderazgo, su capacidad para zanjar el costado más áspero de la política. El poder también tiene esos momentos que exigen trazar una línea, en los que impera la necesidad de reinventarse, cambiar el aire.
Representa casi una obligación constitucional, inherente al cargo de Presidente, demostrar la habilidad necesaria para salir por arriba de las crisis, que no es otra cosa que garantizar la gobernabilidad. Coraje y talento para entregar –si es posible con elegancia- hasta los más cercanos. Es el núcleo duro del ejercicio del poder, la dinámica voraz de gobernar, que se explica a sí misma y se justifica en la eficacia práctica.
