El problema, para los empresarios, es que Kiciloff pretende además conocer exhaustivamente los costos y las ganancias de las empresas y es partidario de un dólar que se devalúe mucho menos que el índice de precios. En este curso de acción, las empresas pierden aceleradamente su competitividad y se configura así un circulo vicioso. En condiciones tan desfavorables, al Gobierno le resulta cada vez más difícil exigirles a las empresas que inviertan donde el poder político quiere. Así es que la desaparición de la seguridad jurídica y la perspectiva de invertir a pérdida pueden hacer fracasar la tesis de Kiciloff. El cambio de modelo El caso de Repsol-YPF es emblemático. En el 2007, por pedido expreso de Néstor Kirchner, se autorizó a la firma a retirar anualmente el 90% de las utilidades. En otras palabras, se acordó con los Eskenazi que no invirtieran más en exploración porque el barril de petróleo internamente se vende a U$S 45, cuando el precio internacional está a U$S 105. Pero ahora, ya en plena desnestorización, el Gobierno presionó primero intentando cambiar la política de inversiones de YPF para pasar últimamente a tratar de forzar la venta de su paquete accionario mayoritario al Estado. En este revisionismo de la herencia de Kirchner juega Kiciloff como el economista de cabecera de la Señora, en reemplazo de Amado Boudou, en caída libre gracias al caso Ciccone. Esta aparentemente extraña confluencia entre La Cámpora y Moreno está produciendo un mix que recuerda el nacionalismo revolucionario de los ‘60 que predicaban de Juan José Hernández Arregui y Jorge Abelardo Ramos. Pero las consecuencias prácticas pueden hacer volver a la nefasta economía de los ‘80. Como parte del plan de la Casa Rosada, los gobernadores de Chubut y Santa Cruz, Martín Buzzi y Daniel Peralta, anunciaron la cancelación de las concesiones de Repsol-YPF. Al mismo tiempo estarían aumentando las presiones para que Juan Manuel Urtubey y Jorge Sapag dicten la misma medida. Para el salteño, quedar bien con CFK podría tener un alto costo político futuro, ya que pretende erigirse en presidenciable y no sería un buen antecedente ante el mundo empresario rescindir las concesiones petroleras. No hay otra interpretación lógica del quite de concesiones que una maniobra para bajar más la cotización de la compañía, que hoy por hoy cotiza en U$S 10.000 millones. Seguiría entonces el cristinismo intentando forzar una compra hostil del 51% de la firma. La señal que Chubut y Santa Cruz acaban dar a los mercados no puede ser más negativa y abre el camino para que YPF recurra no sólo a la Corte Suprema sino al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, en el cual la Argentina es el país más demandado. La reforma a la Carta Orgánica del BCRA, que ayer obtuvo media sanción en Diputados, es el segundo capítulo de la desnestorización en marcha. La nueva ley permitirá utilizar ilimitadamente las reservas del Central y también aumentará la posibilidad de emitir mucho más para auxiliar al Tesoro. La iniciativa fue “vendida” por el Gobierno como que la derogación de parte de la ley de convertibilidad, o sea, la liquidación de la herencia de los ‘90. Pero en realidad se están modificando dos artículos que en el 2005 Néstor Kirchner hizo incluir en la Ley de Convertibilidad, cuando Argentina pagó su deuda con el FMI. En aquel momento, el santacruceño decidió ponerle límite por ley a la emisión monetaria y el uso de reservas, creando las reservas de libre disponibilidad. Por otra parte, cabe recordar que en los ’90, y siendo gobernador, Kirchner fue un encendido defensor de la convertibilidad.
