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Piden investigar si había vínculos políticos entre los detenidos.
Diputados de la Coalición Cívica ampliaron hoy ante la Justicia la denuncia contra funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por su presunta responsabilidad en la salida de la Argentina del "narcoavión" que llegó a España con casi una tonelada de cocaína.
La denuncia salpica al ministro de Planificación, Julio de Vido; al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi; al titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Alejandro Agustín Granados; al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y al ministro de Defensa, Arturo Puricelli.
Y pide incluir a "todos los demás funcionarios que resultaren involucrados en calidad de autores o partícipes, autores intelectuales o materiales" según el curso de la investigación.
"Creemos que existen suficientes elementos para sostener que los funcionarios que venimos a denunciar cumplieron de manera negligente los deberes y obligaciones a su cargo, y como consecuencia de ello determinaron que se pueda crear una situación que favoreció el narcotráfico que se investiga y la libre circulación del avión sin control alguno, facilitando de esta manera que se pueda concretar la operación", dijo el diputado Juan Carlos Morán acompañado por las legisladoras Liliana Piani y Maricel Etchecoin Moro.
La acusación se basa en los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de otros que pudieran emerger a lo largo del proceso, en virtud de las irregularidades" que surjan de la pesquisa. Solicitaron que se "determine si existió responsabilidad penal por parte de los funcionarios que venimos a denunciar por incumplimiento de sus deberes como funcionarios, y si a raíz de ello se facilitó el tráfico de drogas en el avión que transportaba 944 kilos de cocaína con destino hacia España".
En base a esto, reclamaron que se libre oficio a las empresas de telefonía celular para conocer el "registro de llamadas y contenido de los mensajes de texto del último año de los celulares de Eduardo Juliá, Gustavo Juliá y Matías Miret" para saber si tienen vínculos o protección política.
Plantearon que el 30 de diciembre del 2010 "el avión Challenger 604 se encontraba en la Base Aeronáutica de Morón desde donde habría partido a Ezeiza y luego a Cabo Verde para terminar en Europa; por lo tanto lo primero que podemos afirmar es que el vuelo partió desde una zona que era controlada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA)".
"Creemos que el ministro de Planificación Federal Julio de Vido, el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el titular de la ANAC Alejandro Agustín Granados, hijo del intendente de Ezeiza, entre otros, pudieron haber liberado la zona de control del avión de Medical Jet en la base aérea de Morón y en el aeropuerto de Ezeiza. Aparentemente la aeronave Challenger 604 habría estado como mínimo estacionado durante 51 horas antes de partir hacia Barcelona", dijeron.
La denuncia planteó que los Juliá habrían mentido en la documentación del Challenger ante la ANAC y por ello los funcionarios que debían controlarlo. Mencionó por ejemplo que "Alejandro Agustín Granados y Juan Pablo Schiavi" no habrían cumplido sus controles y "pudieron haber facilitado la operación descripta".
FUENTE: DIARIO HOY
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