Por Graciela Bevacqua*/El Cronista.-
Mucho se habló en el último tiempo sobre la pobreza. En la última aparición mediática del tema la discusión perdió el foco y derivó en si estaba bien o mal medirla, y si es fácil o difícil hacerlo. La confusión quedó instalada. Esta semana, la Presidenta expuso ante el mundo que la Argentina tiene una pobreza menor al 5%, inferior incluso a la de países como Dinamarca o Noruega.
Lo cierto es que no estaríamos discutiendo esto si tuviéramos un Instituto de Estadística que garantice la producción de sus indicadores y lamentablemente en nuestro país llevamos más de 8 años pisoteando este derecho desde que se intervino el INDEC.
El verdadero problema que se presenta hoy no es la elección de qué método utilizar para medir la pobreza, sino la imposibilidad de medirla con indicadores sospechados de manipulación.
Históricamente el INDEC utilizó dos métodos para medir la pobreza, uno directo que mide la pobreza estructural y uno indirecto que mide la pobreza relativa. El método directo se calcula utilizando el censo de población y es conocido como Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este consiste en identificar al conjunto de hogares que no pueden satisfacer alguna necesidad básica. El método indirecto, también llamado el ‘enfoque del ingreso’, consiste en valorizar las canastas básica alimentaria y la básica total, a partir de los precios recolectados en el IPC, para identificar a aquellos hogares o personas cuyos ingresos se ubican por debajo de esos valores.
En el año 2007, después de la manipulación del Índice de Precios al Consumidor, los técnicos de la EPH denunciaron ‘que no se daban las condiciones técnicas necesarias para continuar calculando la medición’. Las autoridades políticas no sólo no escucharon a los técnicos, sino que los desplazaron de sus funciones. Como consecuencia de esto se llegaron a publicar valorizaciones irrisorias de las canastas, como los 6 pesos que necesitaba un individuo para alimentarse por día. La falta de credibilidad del INDEC se instaló en la sociedad de forma irreversible.
En octubre de 2013, el INDEC difundió el último dato de pobreza disponible. Para la intervención el 4,7% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. En cambio, para el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, llegaba al 25,6%. La UCA mide este indicador desde el año 2003 y en ese momento la diferencia con la pobreza del INDEC era sólo de 1,2 puntos porcentuales en promedio. La brecha que se abre entre ambos indicadores a partir de 2007, alcanza un máximo de 20 puntos en la última medición y sólo puede explicarse con la intervención de las estadísticas públicas.
En febrero de 2014, con la presentación del IPCNu se dejaron de publicar las valorizaciones de las canastas básica alimentaria y básica total, así como las líneas de pobreza e indigencia. En una gacetilla la intervención explicó que ‘se discontinuó la publicación de la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia por ingresos monetarios por contar con severas carencias metodológicas, sumadas al hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC-NU’.
Analizando las razones esgrimidas resulta entonces paradójico el uso que se hace de la serie de este indicador para ponderar positivamente las políticas de integración del gobierno actual. En la comparación con los años inmediatamente posteriores a la crisis de 2001 los datos de pobreza fueron utilizados frecuentemente sin poner en cuestión las mencionadas carencias metodológicas. Por otro lado, es evidente que la intervención da cuenta de la severidad de este asunto recién cuando el nuevo IPCNu, con cifras más cercanas a la realidad en sus comienzos, obligaba a reconocer una realidad incómoda en términos de pobreza.
Algo similar ocurre con la imposibilidad de empalme, desde el punto de vista técnico nada impide hacerlo. La serie histórica del IPC fue empalmada desde 1943 hasta la fecha, cada empalme fue publicado con los cambios metodológicos sin importar diferencias de cobertura geográfica, población de referencia, canastas, entre otras.
Si volvemos a la pregunta del comienzo de este artículo, lo que debemos instalar en la sociedad es que las estadísticas públicas son fundamentales para la toma de decisiones tanto para el ámbito público como privado, y por lo tanto necesitamos que sean veraces y confiables. En Argentina la credibilidad se desplomó en enero de 2007 y hoy se intenta sostener artificialmente con artilugios para confundir a la sociedad. Será muy difícil reconstruir la confianza en los indicadores oficiales. Si no logramos que la sociedad le ponga un precio alto a la mentira, se corre el riesgo de que continúen siendo un recurso cosmético al alcance de los gobernantes.
La reconstrucción del INDEC es una deuda pendiente que debe estar en la agenda de quienes planean gobernarnos los próximos cuatro años. Sólo convocando a los técnicos idóneos, respetando las leyes y teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales podemos volver a tener un instituto con estadísticas creíbles.
*Ex Directora del índice de precios al consumidor (INDEC)
