Por Perfil.-
Germán Moldes apeló el fallo de la Cámara, que había rechazado que se cierre la causa. Definirá Casación.
El fiscal general Germán Moldes, que responde a la procuradora general ultraoficialista Alejandra Gils Carbó, apeló el fallo de la Cámara que había ordenado investigar penalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a raíz del decreto presidencial que selló el acuerdo entre las empresas YPF y Chevron por la explotación de Vaca Muerta.
De esa forma, Moldes solicitó que se ratifique el dictamen del fiscal de primera instancia Eduardo Taiano que opinó que la causa debía ser cerrada, pero cuya decisión revocó la Cámara Federal local.
"Sólo adelanto que su dictamen, más allá de los defectos de los que eventualmente pudiere adolecer, en modo alguno es nulo, y tacharlo de tal es violatorio de los intereses de este Ministerio Público, lo que me habilita a interponer este recurso", argumentó, sobre la actuación del fiscal Taiano.
Según consignó la agencia DyN, el fiscal general consideró que el Ministerio Público Fiscal -que depende de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó- tiene independencia para decidir si impulsa o no una investigación, tal como establece la Constitución Nacional en su artículo 120. Así, Moldes le solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que avale el dictamen que dispuso archivar la denuncia.
La Presidenta fue denunciada por el legislador porteño Alejandro Bodart y el abogado ambientalista Enrique Viale por la firma del decreto 929/2013 que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y que luego dio permitió el acuerdo YPF-Chevron.
Los denunciantes entendieron que el decreto fue creado a la medida de Chevron, pero el fiscal, luego de analizar los antecedentes de la resolución presidencial y de la aprobación de la Legislatura de Neuquén, entendió que no había delito y propuso el cierre de la acusación.
La jueza federal María Servini de Cubría anuló el dictamen, lo que fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal, y así reactivó la investigación.
"El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa", consideraron los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun. Ahora intervendrá Casación para decidir si cierra o mantiene abierta la causa.
