Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
El fondo NML Elliot está reclamándole al Estado argentino 1330 millones de dólares en los tribunales de Nueva York, donde obtuvo sentencias favorables. Desde que la Argentina recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. para que ésta se aboque a la causa, los fondos buitres incrementaron sus prevenciones y ahora están gestionando embargos para cobrar sus acreencias sobre el patrimonio de empresarios argentinos que estarían vinculados societariamente con Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Paul Singer, el dueño de ese fondo, tiene un antecedente favorable: en 1996 compró bonos por 2 millones de dólares del Banco Popular del Perú, que hacía unos años había caído en default en el gobierno de Alan García y que se comprobó que pertenecía a un financista vinculado al ex presidente peruano. Y finalmente logró en el 2005, en la justicia Nueva York, que le pagaran 58 millones dólares a través del embargo en las cuentas del banco emisor que intervino en la renegociación de la deuda del gobierno de Alberto Fujimori bajo las reglas del Plan Brady. El embargo de los pagos de Perú a sus acreedores siguió la cláusula pari passu y logró que el gobierno peruano le pagara 58 millones de dólares a NML para poder así pagarles a los que habían entrando en el canje.
Las cuentas cierran
Ésta es una situación muy similar a la nuestra, ya que se quieren embargar las cuentas del BONY, el banco emisor de pago de la deuda argentina. Pero ahora se pensaría ir contra las cuentas de Lázaro Báez y Enrique Wagner, ex presidente y actual vicepresidente de la Cámara de la construcción, que es un viejo testaferro de Néstor Kirchner. En efecto, Wagner, dueño de la constructora Esucco, era un ilustre desconocido en la Capital Federal pero había construido obras públicas en Santa Cruz durante las gobernaciones de Néstor Kirchner. Cuando éste asumió la presidencia el 25 de mayo del 2003, a los pocos días hizo nombrar a Wagner como presidente de la cámara, lo que fue aceptado por las grandes constructoras como Techint, Roggio, Iecsa, Caputo, Petersen Thiele y Cruz, y otras. Ahora, en una investigación en Uruguay, la jueza del crimen organizado Adriana Ramos descubrió que dos terrenos de 7.000 metros cuadrados ubicados en Playa Brava en Punta del Este fueron comprados en 3 millones de dólares cada uno por la empresa Ariadna S.A., que luego se las vendió en dos millones de dólares a Jaguar Capital ll de Lázaro Báez, con sede en el estado de Nevada en los Estados Unidos, lo que en principio sería lavado de dinero.
Poco tiempo después, Báez giró 16.500.000 millones de dólares a un banco de Liechtenstein a nombre de Wagner. Este giro se habría producido en 2012 o 2013, con la intervención de la empresa Helvetic con sede en la islas Seychelles y cuyo director, el ítalo argentino Marcelo Ramos, es un testaferro de Báez. Éste era socio de Kirchner y a su vez Wagner recibió 16 millones de Báez y también era un empresario muy cercano al fallecido ex presidente. Entonces, por carácter transitivo, Báez y su hijo Martín, apoderado de Teggan, Wagner y Ramos, están en la mira de Singer para cobrarse sus 1330 millones de dólares. Ya no busca la fragata Libertad, porque ironiza que es muy grande para navegar por el Hudson River sino que está detrás de los socios de Néstor Kirchner para tratar de cobrar sus bonos que están en discusión en la justicia de Nueva York.
