Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Vuelve el clásico del año pasado, o sea, el del gobierno contra la Corte Suprema. Se podría repetir algo parecido al primer semestre del año pasado, cuando el alto tribunal impidió la colonización del poder judicial con la declaración de inconstitucionalidad de la elección popular del Consejo de la Magistratura.
Pero inmediatamente después de las elecciones, luego del fallo declarando la constitucionalidad de cuatro artículos de la ley de medios, restringió la libertad de expresión y de propiedad en nombre de difusos derechos de incidencia colectiva que repusieron al cristinismo de la derrota en las elecciones legislativas del 27 O. Esto le permitió al gobierno ningunear hasta al ganador Sergio Massa. Todo esto hasta que la semana pasada el intendente de Tigre volvió a la primera plana de los diarios en su acuerdo con Scioli. Por su parte, Jorge Capitanich está todavía lejos de incidir en la política bonaerense. Con su hiperactividad en el uso de la palabra y en la carrera de achicar la brecha entre el dólar oficial con el blue y el contado con liqui y el anunciado acuerdo con Repsol, Capitanich le dejó espacio a Massa para que se anotara un tanto al decir que la principal medida que espera el país es terminar con la inflación, que se aceleró este último trimestre, pudiendo llegar hasta casi el 30% anual.
El nuevo copamiento
Al mismo tiempo, el gobierno intenta cubrir el flanco económico y asegurar la impunidad de sus funcionarios procesados o a punto de estarlo. Por lo cual, promovió una decena de conjueces kirchneristas para la Cámara Nacional de Casación Penal. Así vuelve al principio de intentar colonizar un fuero sensible para los funcionarios públicos como es la casación, que el martes próximo elegirá el nuevo presidente que reemplazará a Gustavo Hornos. Éste tiene chance de ser reelegido o bien puede ser su colega de sala Mariano Borinsky. Pero el cristinismo quiere a Alejandro Slokar, discípulo de Eugenio Zaffaroni, como nuevo presidente, que cuenta sólo con los votos de sus compañeros de sala Ángela Ledesma y Pedro David. Hay además jueces que quieren un tribunal independiente y más cuando el gobierno está en retirada. La Corte Suprema no quiere saber nada con la designación de Slokar, que apoyó con uñas y dientes la reforma judicial. Asimismo, ya dijimos en notas anteriores que la Corte Suprema está desilusionada con los cambios que introdujo el gobierno en el nuevo Código Civil y Comercial. Al proyecto original de la Comisión Redactora se le hicieron muchas correcciones, lo que llevó a que se aprobara el mismo en el Senado que con sólo el acompañamiento del Frente para la Victoria, cuando semejante ley debería provenir de un consenso entre todos los partidos.
Ricardo Lorenzetti tiene las manos libres para declarar la inconstitucionalidad de varios artículos, como también de la ley que excluye la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, sancionada también en soledad. Ahora el cristinismo tiene un acuerdo firme con el Vaticano por la defensa de la vida, como pregona la Iglesia. Pero no sería nada de extrañar que en los próximos meses, cuando se discuta de nuevo el código, el cristinismo no cumpla con la palabra de Julián Domínguez al Papa Francisco y se vuelva a la redacción original. También antes de eso, a fin de año, el gobierno puede cerrar un acuerdo con su principal enemigo, el Grupo Clarín, si le acepta el plan de desinversión que divide al multimedios en siete unidades. Esto no significará lograr la tranquilidad periodística con Clarín porque, como dijo un alto ejecutivo, “el grupo tiene memoria”.
