Por lapoliticaonline.-
El presidente de YPF afirmó que "vamos a seguir adelante con las compras a GNF". Un juez había prohibido esa operación. La asociación que hizo la denuncia pidió que explique “a quién beneficia” con la maniobra, que implica un desembolso de u$s 2.250 millones.
Miguel Galuccio adelantó que seguirá incumpliendo una medida judicial del juez federal Enrique Lavié Pico, que la semana pasada le prohibió a YPF que la empresa española Gas Natural Fenosa (GNF) participara de una licitación para la compra de 100 cargamentos de gas natural licuado.
Pese a esa orden judicial, YPF firmó un convenio con GNF para que aporte la mitad de los cargamentos, por un valor de 2.250 millones de dólares. Lavié Pico había considera que esa firma tenía una situación de privilegio porque uno de sus principales accionistas es Repsol, que también tiene un porcentaje en la petrolera argentina.
Ayer, Galuccio se refirió por primera vez al tema y afirmó que "vamos a seguir adelante con las compras a GNF. Estamos haciendo las cosas bien". Además, llamativamente, aseguró que "si la Justicia encuentra motivos y nos dice que paremos, lo haremos", algo en lo que el magistrado había sido muy claro.
En un breve contacto con periodistas, Galuccio explicó que no se realizó la licitación pública porque "YPF es una empresa privada, así lo dice en la ley de expropiación".
La petrolera había argumentado que hizo la contratación ante escribano público, lo que consideró suficiente para garantizar la transparencia.
Al igual que en el primer comunicado emitido por YPF para explicar la operación, Galuccio alegó que “a los argentinos les tiene que importar que se negocie a un mejor precio”, aunque nunca se informaron los precios presentados por los otros oferentes.
YPF cerró la operación con GNF el viernes pasado, cuando no había dudas sobre la vigencia de la cautelar que había dictado Lavié Pico. La apelación a esa medida recién se realizó el lunes, aunque, según dijeron a LPO desde la parte demandante, esa acción no tuvo efecto suspensivo.
Ayer, el presidente de la Unión de Consumidores Argentinos (UCA), Fernando Blanco Muiño, que había pedido que se impidiera la participación de GNF, le pidió a YPF que explique “a todo el pueblo argentino por qué incumple una orden judicial y a quién beneficia al hacerlo”.
Blanco Muiño, que calificó el accionar de Galuccio como “un mamarracho, agregó que “resulta sorprendente” que YPF “guarde silencio sobre su desobediencia de una orden judicial”. La entidad informó que solicitó al juez que se amplíe la medida cautelar, disponiendo que los directivos y funcionarios de YPF y ENARSA “se abstengan de ejecutar cualquier acto y/o hecho que procure el impulso de cualquier trámite tendiente a la contratación de GNF”.
YPF había amenazado el lunes con demandar a la UCA por falsedad y ocultamiento de información por no haber informado al juez una suspensión que pesaba sobre la entidad y que fue dictada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación.
Ayer, Galuccio reconoció la preocupación que podría traer la insistencia judicial para prohibir la compra de gas a GNF. "Si la Justicia frena la entrada de barcos en Escobar, sí sería un problema para YPF", admitió.
