Por Elizabeth Peger/El Cronista.-
La dinámica social y laboral de la era K tiene luces y sombras muy marcadas. El mejoramiento de los índices de empleo, la restitución de las negociaciones colectivas y la recuperación de los sindicatos fueron pilares desde 2003 en adelante. Pero los vaivenes económicos a partir de 2009 y la escalada de la inflación abrieron un sendero de deterioro que se profundiza.
De la mano del fuerte crecimiento que registró la actividad económica tras el derrumbe de finales de 2001, el mundo del trabajo y la coyuntura social del país experimentaron profundas transformaciones durante la década de administraciones kirchneristas.El mejoramiento de los indicadores de empleo, el esquema de actualización salarial anual vía la restitución del sistema de negociación colectiva y la recuperación de parte del poder de los sindicatos, que hasta el proceso de fragmentación de las centrales obreras funcionaron como un aliado político clave para los planes del Gobierno, fueron pilares de la realidad laboral desde 2003 en adelante. Esa mejoría en el nivel de ingresos y en el empleo se tradujo en una fuerte contracción de los indicadores de pobreza e indigencia, fenómeno que se potenció con las medidas oficiales que apuntaron a los sectores más vulnerables, como la asignación universal por hijo. A la par, la estatización del sistema jubilatorio, la ley de movilidad y la moratoria previsional, ampliaron exponencialmente el universo de jubilados y establecieron un esquema de actualización automática de los haberes que alivió en parte al sector pasivo. Sin embargo, los vaivenes que registró la economía desde la crisis financiera de 2009, la aceleración de la inflación, la profunda erosión de los niveles de inversión y el impacto de algunas polémicas decisiones del Ejecutivo, como el cepo al dólar, marcaron límites severos a la estrategia oficial de recuperación del mercado de trabajo y a los avances en materia social registrados desde 2003, tendencia que amenaza ahondarse en un sendero de deterioro en los tiempos que vienen.
El control de la calle
Desde su desembarco en el poder, la construcción de un fuerte lazo con el sindicalismo peronista constituyó uno de los objetivos centrales del kirchnerismo en su afán de asegurar el control de la calle en medio del convulsionado escenario post-crisis social de 2001. Hugo Moyano fue el socio perfecto en esa estrategia. Con el aval de Néstor Kirchner amasó el control de la CGT y escaló en la arena política mientras se convertía en la garantía que necesitaba el Gobierno para licuar la conflictividad y articular referencias salariales "razonables" en un cuadro de inflación creciente. Fueron años de ganancias para el camionero y para buena parte de la dirigencia sindical, que recuperó centralidad en la escena política y facturó importantes beneficios de su relación privilegiada con el poder. El retorno de la negociación colectiva y la mejora del poder adquisitivo de los salarios se inscribieron en esa lógica, aunque la aceleración de la inflación desde 2008 empañó la recuperación. En los últimos tres años los aumentos salariales promediaron subas por encima del 20%, que apuntaron más a mantener que a mejorar el nivel de compra, constituyendo la evidencia más palpable de la manipulación política de las mediciones de precios del Indec.
Grietas sindicales
En paralelo, el personalismo moyanista abrió con el tiempo grietas profundas en la primera línea sindical, molesta por la avanzada del camionero sobre otras organizaciones gremiales en la puja por hacerse de más afiliados. A la par se deterioró la sociedad con el Gobierno: La llegada de Cristina Fernández a la Presidencia potenció las diferencias y la muerte de Kirchner en 2010 terminó sentenciando la ruptura. Sin bendición del poder, Moyano no logró contener la diáspora en la CGT, que se rompió en tres pedazos ahondando el proceso de fragmentación que ya había instalado la división entre las corrientes oficialistas y opositoras de la CTA. Antonio Caló, el jefe metalúrgico de bajísimo perfil, emergió entonces al frente del sector sindical que optó por mantener la fidelidad a la Casa Rosada, mientras el camionero devino casi sin escalas en una las principales figuras de la oposición política. En el terreno económico, el crecimiento de la actividad trajo aparejado cambios significativos en el mercado de trabajo durante la última década. Los niveles de desocupación y empleo mejoraron sistemáticamente entre 2003 y 2012 (pasaron del 17,3% y el 37,8% al 7,2% y 42,9% respectivamente). Sin embargo, desde finales de 2007 se observó un estancamiento de esas variables que, a partir del primer trimestre de este año decantó en un deterioro del mercado laboral que conjuga nula creación de empleo con destrucción de puestos, sobre todo en el sector privado formal, que no son compensados por un aumento similar del empleo público como ocurrió hasta 2012. La situación, para los analistas, no es solo consecuencia de los efectos de la crisis mundial, sino y en especial, de los menores niveles de inversión, la desaceleración del crecimiento económico y las implicancias de las limitaciones al mercado cambiario. En cuanto a los niveles de precariedad laboral, también acusaron una reducción en el período aunque bastante menor a la recuperación que experimentó el empleo. Desde el inicio de la gestión kirchnerista hasta 2011, la informalidad cayó 15 puntos (del 49,2% al 34,5%), pero ese patrón se desaceleró desde 2008 y directamente se estancó el último año, al punto que en la actualidad el porcentaje de asalariados no registrados es apenas inferior al nivel de 1995 y por lo menos tres cuartas partes de los jefes de hogares pobres sigue trabajando en negro. El capítulo vinculado al sistema previsional también registró diversas transformaciones desde 2003, cuando la cantidad de jubilados ascendía a 3,1 millones contra los 5,9 millones que perciben el beneficio hoy, en su mayoría producto de la moratoria previsional que posibilitó acceder al cobro de haberes a cerca de 2 millones de personas que no habían completado sus aportes. Los cambios abarcaron además el punto final del sistema de AFJP y la recuperación estatal del control de los recursos previsionales, a lo que se sumó luego la ley de movilidad que actualiza dos veces por año el monto de los beneficios.
Achatamiento de la pirámide
Pese a esas mejoras la situación del sector pasivo sigue siendo crítica. Con el último aumento fijado en marzo, la jubilación mínima alcanzó los $ 2165, bastante por debajo del actual salario mínimo, vital y móvil de $ 2800. El proceso derivó en un achatamiento de la pirámide de las prestaciones y activó una catarata de demandas en reclamo de ajuste de haberes montadas sobre varias sentencias de la Corte Suprema. En el medio, el veto presidencial a la ley que estipuló elevar al 82% móvil el haber mínimo, motorizada por las fuerzas de la oposición, volvió a mostrar las contradicciones de la política kirchnerista hacia el sector pasivo.
Pobreza e indigencia
Respecto a los principales indicadores sociales, la evolución de la tasa de pobreza registró una marcada tendencia decreciente durante los primeros cuatro años de gobierno K, pero desde 2007 su reducción se amortiguó producto de la fuerte aceleración del nivel de precios. Según la proyección del último informe de CIFRA, en base al Indec y del IPC de nueve provincias, la tasa de pobreza se mantiene en torno al 20% de la población total, lo que involucra a cerca de 7,7 millones de personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica calculada en $ 3000. También la proporción de hogares indigentes mostró entre 2003 y 2013 un marcado descenso (22,5% contra 4,3%), pese a que en la actualidad todavía 1,8 millones de personas revisten esa condición y no logran los ingresos necesarios para cubrir una canasta alimentaria de 1400 pesos. Sin embargo, a contramarcha de lo que ocurre con la pobreza o el empleo, la mejora en los niveles de indigencia fue más sustantiva desde 2008, a raíz de la implementación de la asignación universal por hijo (AUH), que en la actualidad beneficia a 3,4 millones de niños que, con los últimos aumentos anunciados, desde junio recibirán $ 460 mensuales. Ese beneficio redujo a su vez los bolsones de clientelismo político, aunque esas situaciones se mantienen en otros programas de asistencia, como Argentina Trabaja, como han denunciado sistemáticamente organizaciones sociales enfrentadas al Gobierno en los últimos años.
