“No se va a reformar ninguna Constitución. Quédense todos tranquilos”. En cualquier democracia normal, este anuncio realizado por la presidente ante la asamblea legislativa sería aún más relevante que la presentación de las reformas judiciales. Es que implicaría el renunciamiento formal a un tercer mandato y el comienzo del proceso de transición hacia la candidatura presidencial de Daniel Scioli o de algún otro. Sin embargo, la desconfianza de la sociedad hace que la credibilidad de estos dichos presidenciales sea prácticamente nula.
Confirmando esta tendencia, horas después, la diputada Diana Conti, una vez más, fue la encargada de repotenciar el operativo clamor, aclarando que es necesario “convencer” a CFK para que impulse la reforma constitucional. En otras palabras, se instala el viejo juego de una presidente “desinteresada y deseosa de retirarse del poder” que deberá cambiar oportunamente de opinión ante el clamor de la mayorías. Todo ante el supuesto riesgo de que un triunfo opositor el 27 de octubre arrastre al país a un supuesto caos económico del cual, obviamente, sólo podría salvarnos Cristina. En este punto, las perspectivas no varían: el gobierno sabe que en octubre no contará con los dos tercios de legisladores nacionales para poner en marcha la reforma, pero confía en negociar para conseguir lo que le falta.
El ambicioso paquete de reformas judiciales anunciado por CFK tiene varios ejes: la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la limitación de la cautelares, la creación de las cámaras de casación en lo Contencioso Administrativo; Civil y Comercial; Previsional y Laboral, la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces y el pago del impuesto a las ganancias por los mismos. A grandes rasgos, la reforma en marcha está consolidando la polarización ya existente. La mayoría de la Corte y de los jueces convergen con el PRO, la mayor parte de la UCR y la Coalición Cívica en el rechazo, en tanto que la centro izquierda, incluidos Pino Solanas y el Socialismo, tienden a quedar del lado del kirchnerismo, cuya operadora judicial número uno es la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.
La operación que CFK acaba de poner en marcha puede reportarle al gobierno varios éxitos y también se abren algunos riesgos importantes.
Para empezar, al blanquear de este modo su confrontación con el Poder Judicial, el gobierno se estaría vacunando contra un eventual fallo de la Corte declarando la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios Audiovisuales. Si esto ocurriera, el kirchnerismo podría decir que se trata de la revancha judicial contra el proceso de democratización de la justicia. Lo mismo valdría, por ejemplo, para el caso de que el indefendible Memorándum de Entendimiento sea descalificado por inconstitucional por la Corte.
Un segundo aspecto a tener en cuenta es la constitución de nada menos que cuatro cámaras de casación, que contarán como mínimo con cuatro salas de tres jueces cada una. Esto implica la creación de una importante cantidad de cargos judiciales y administrativos que podrían negociarse con los sectores de la UCR y la centro izquierda que estuvieran dispuestos a apoyar en el Congreso al futuro proyecto de reforma constitucional. Estamos hablando para empezar de 48 jueces, más fiscales, secretarios, prosecretarios y personal administrativo.
Ayer, sin ir mas lejos, se publicó en varios matutinos porteños una solicitada firmada por unos cuantos convencionales radicales de la provincia de Buenos Aires. Los mismos, entre otras cosas, el “pacto entre Leopoldo Moreau y el cristinismo para entregar el radicalismo”. Al paquete de cargos de las futuras cámaras de casación hay que agregarle los acuerdos electorales que se podrían hacer desde el oficialismo para elección del futuro Consejo de la Magistratura.
Por último, la cruzada para la supuesta democratización de la justicia persigue obviamente distraer a la opinión pública de la grave situación económica, por lo menos hasta mitad de año, cuando el gobierno pondría en marcha una nueva fiesta del consumo para ganar las elecciones, aunque al día siguiente de las mismas deba realizar severos ajustes.
Los puntos en contra
Claro está que la apuesta de la reforma judicial tiene sus riesgos. Uno es que Ricardo Lorenzetti, obligado por las circunstancias, se convierta en el vocero de la resistencia judicial a los planes del gobierno, lo que haría crecer políticamente su figura. Y desde ya que la oposición encontrará en este problema un eje para rearmarse.
También hay que tener en cuenta que, en el caso de que el gobierno resulte perdidoso en las próximas elecciones, el actual malestar en las filas judiciales podría tener consecuencias. Esto es, que aumentaría el riesgo de que se profundicen algunas investigaciones sobre corrupción en las esferas oficiales.
De un modo u otro, la reforma judicial plantea no pocos interrogantes. ¿Se embarcarán los gobernadores del PJ en reformas locales similares o no acompañarán a su jefa suprema? ¿La elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por el voto popular tendrá lugar este año? De ser así, esto modificaría las estrategias electorales. Entre sus anuncios, la presidente no mencionó ninguna modificación para la justicia electoral, pero hay versiones de que en el proyecto de ley podría incluirse el tema.
En definitiva, después de varios meses complicados, el gobierno está consiguiendo, no sin esfuerzo, volver a monopolizar la agenda pública. Curiosamente, lo hace con tres iniciativas de naturaleza judicial: la negativa a acatar un probable fallo desfavorable de la Corte de Apelaciones de Nueva York, el Memorándum de Entendimiento con Irán y la reforma judicial.
