Quedó atrás la etapa del kirchnerismo en su versión light. Prueba de ello son los "próceres" elegidos por la Presidenta para ir por más en esta etapa. Ya no hay tiempo para convencer a empresas de que Argentina es tierra fértil para invertir. Ahora el apuro es otro y el camino elegido, también. "Nacionalícese", repetía con su característico histrionismo el presidente venezolano Hugo Chávez, después de mencionar el nombre de cada empresa en una extensa lista que involucraba a varios sectores. La escena recorrió el mundo, generando una sensación de extrañeza ante una política que parecía ir a contramano de la ola global.
También en la Argentina de hace tres años, las reacciones eran de cierta condescendencia burlona: se lo percibía como un caso pintoresco en un país inclinado hacia las exageraciones tropicales. Hoy, en cambio, a nadie se le ocurre pensar que hay una distancia tan insalvable entre ambas naciones. La expropiación de YPF (en trámite express y sin indemnización previa), la declaración de "utilidad pública" para la imprenta Ciccone y la "cuasi estatización" del sector eléctrico han cambiado drásticamente la percepción sobre los límites del intervencionismo al estilo K.
También en la Argentina de hace tres años, las reacciones eran de cierta condescendencia burlona: se lo percibía como un caso pintoresco en un país inclinado hacia las exageraciones tropicales. Hoy, en cambio, a nadie se le ocurre pensar que hay una distancia tan insalvable entre ambas naciones. La expropiación de YPF (en trámite express y sin indemnización previa), la declaración de "utilidad pública" para la imprenta Ciccone y la "cuasi estatización" del sector eléctrico han cambiado drásticamente la percepción sobre los límites del intervencionismo al estilo K.
"Profundizar el modelo implica más Estado en la economía y más nacionalismo en la política, ya sea en la exterior o en la interna", define el politólogo Rosendo Fraga, quien además considera que una eventual nueva constitución tomará un modelo "con más puntos de contacto con el de Venezuela que con el de Brasil".
En este contexto, las empresas perciben que deben adaptarse o exponerse a mayores problemas.
Para muestra, basta una empresa
Si hay un claro ejemplo de todo esto, es la "mutación" del grupo Techint, que lanzó una costosa e inédita campaña institucional destacando las bondades de la industria nacional exportadora, bajo el eslogan "Made in Argentina".
Irónicamente, esta compañía había sufrido en carne propia una expropiación en Venezuela. Y luego había tenido dos años de muy dura y difícil convivencia con los representantes estatales en el directorio de Siderar, especialmente con Axel Kicillof, el funcionario "estrella", que se ha erigido en un "prócer" de la nueva fase del modelo económico.
Kicillof se había encargado de cuestionar duramente la política inversora de Techint, una y otra vez, por considerar que enfatizaba demasiado su plan de crecimiento para hacerse fuerte en el mundo: "Queremos que una empresa que se dedica a la producción de insumos básicos ponga su mirada en la Argentina, y no tanto en una expansión global financiada con los dividendos que genera acá".
Pero, a pesar de los esfuerzos de Techint por hacer "buena letra", a cada rato tiene algún recordatorio sobre cómo el Gobierno se considera en situación de poder interferir a su arbitrio en los negocios privados.
Así lo dejó en claro Kicillof, que respondió con amenazas ante las críticas de Paolo Rocca, el CEO de Techint, que se manifestó preocupado por la marcha de la economía.
"Si Techint no quiebra es porque nuestro gobierno protege a la industria, sino entrarían las chapas de los países que no saben dónde meterlas. Techint goza de subsidios", sostuvo el "enemigo interno" que tiene Rocca en el directorio de su empresa.
El viceministro dejó en claro que la suerte de este grupo empresario depende, en gran parte, de la buena voluntad del Gobierno: "Habría que bajar el precio de la chapa y fundir al señor Rocca, pero no lo vamos a hacer, a pesar de que habló mal de nosotros".
Doble "ración" de Estado, para reparar al mercado
Lejos de ser una postura aislada, esa visión se transformó luego en una política de Estado.
Tanto que todas las empresas en las que hay directores del Gobierno que ocupan una silla en el directorio recibieron presiones para minimizar los pagos de dividendos y maximizar las inversiones dentro del país. Así, Siderar accedió a reinvertir el 80% de sus utilidades.
Por lo pronto, la lista de compañías que fueron aceptando "sugerencias" gubernamentales de este tipo resultó extensa y abarcativa a todos los sectores.
Van desde firmas de servicios públicos, pasando por compañías de servicios, consumo masivo o bancos (pueden mencionarse a Telecom, Molinos, Transportadora Gas del Sur, Galicia, BBVA Francés, sólo por citar algunos ejemplos).
El objetivo del Gobierno es doble: por un lado, evitar que salgan más dólares del país, justo en tiempos de escasez de divisas y, por otra parte, atenuar la caída de la inversión en un momento recesivo.
"Buscamos controlar el proceso de inversión privada, con lo cual, lo primero que se hizo fue restringir el envío de utilidades al exterior para impulsar la reinversión en el país", señaló para sorpresa de muchos el ex viceministro Roberto Feletti, en un reciente encuentro de economistas.
Y aclaró que había dos cosas absolutamente vedadas para el modelo K: la devaluación y el endeudamiento en el mercado internacional de crédito.
Aun con esa presión sobre las compañías, no se pudo evitar que la inversión sufriera un drástico bajón del 16,8% respecto a la registrada el año pasado.
En cuanto a la inversión por parte de extranjeros, los registros marcan que se encuentra prácticamente estancada. El último informe de la Cepal señala un crecimiento de 3% para el país, mientras promedió el 31% en el resto de la región.
Si se le pregunta a cualquier analista independiente, no dudará en responder que esta caída es consecuencia directa de las políticas oficiales, que desincentivan el clima de negocios.
Pero la visión del Gobierno es absolutamente opuesta: considera que solamente una agresiva intervención del Estado puede garantizar que los empresarios pongan el dinero que el país necesita.
En consecuencia, la solución a la que se echa mano no es aflojar las regulaciones sino, por el contrario, acentuar el tono dirigista.
Y "el modelo" encuentra, en cada etapa, a los funcionarios más idóneos para el nuevo objetivo.
Así, Julio de Vido ha visto recortado el protagonismo que tuvo en la primera etapa del modelo K, cuando había abundancia de recursos para manejar subsidios.
Ahora, con Kicillof y Guillermo Moreno irrumpiendo en esta nueva fase, De Vido luce, pasado el tiempo, como "la etapa light del kirchnerismo", tal como lo caracteriza un reconocido empresario de la industria.
Moreno a Economía
Una segunda fase, ya caracterizada por la desaparición de la holgura fiscal y por la agudización del problema inflacionario, vieron el ascenso de Moreno que, desde la Secretaría de Comercio pasó a ejercer, en los hechos, las funciones de un ministro de Economía.
Con el objetivo de lograr un superávit comercial de u$s10.000 millones para este año, comandó el duro cierre comercial, arrogándose el poder de decidir discrecionalmente qué producto podía ingresar y cuál debía ir a lista de espera.
Y hasta tomó a su cargo la exploracion de nuevos mercados de exportación, como Angola y Azerbaiján.
"Vamos a un esquema donde el Estado es un principal y las empresas son agentes. Ahí el primero es el que fija los objetivos y da las órdenes, y las compañías cumplen", señala Ferreres.
Y en esa fase, hay otro funcionario que también aparece como el el "prócer" del cambio impuesto por Cristina.
Kicillof al poder
Por lo pronto el empinamiento de Kicillof fue puesto de manifiesto por la propia Cristina Kirchner durante el acto en el que se formalizara la aprobación de los primeros créditos hipotecarios oficiales financiados con fondos de la Anses.
Repitiendo un argumento del joven funcionario mencionado unos días antes, la Presidenta destacó que mientras el sistema financiero otorgó 20.000 préstamos (de los cuales un 75% correspondió a bancos estatales), el plan Procrear había asignado 25.000 créditos, al doble de plazo y por mitad de la tasa de interés.
Kicillof planteó el tema en términos de eficiencia y de voluntad política.
Señaló que si el Estado había entregado dinero en condiciones más ventajosas no había sido por "magnanimidad", sino porque los banqueros privados deben "afinar sus números" y estar dispuestos a achicar sus márgenes de rentabilidad.
Casi al mismo tiempo, se conocía la noticia de que está en carpeta una iniciativa para que las compañías de seguro de vida y retiro tengan que colocar un 5% de sus inversiones en proyectos productivos elegidos por el Gobierno.
En definitiva, todo apunta a que la ofensiva intervencionista sobre el sector privado lejos de agotarse, tenderá a profundizarse.
"Veo al Gobierno avanzando muy firme en ese tema. Está tratando de reorientar el crédito según le convenga en cada etapa. En otro momento resultó funcional que el dinero fluyera hacia el consumo, luego se priorizó la construcción y en el futuro será la financiación de YPF", observa el economista Orlando Ferreres.
Dime cuánto, cómo y dónde
Leer entrelíneas las declaraciones de Kicillof permite entender mejor cuál es la filosofía que orienta a la nueva etapa del modelo K.
Ahora se pretende establecer un concepto de economía planificada, en la cual el Estado determina cuál debe ser la "rentabilidad razonable" del sector privado.
En este marco, los funcionarios dicen cuánto, cómo y de qué manera se deben asignar los recursos.
Esta tendencia quedó en claro durante las negociaciones salariales, en las cuales un comité veedor oficial, capitaneado por Kicillof, "vetó" algunos porcentajes de incremento al determinar que no se condecían con la productividad del sector.
Y, por cierto, esta política oficial más dura implica, además, la fijación de precios y márgenes de rentabilidad, tal como se está viendo en los sectores de petróleo y electricidad.
Desde la óptica liberal, este modelo sólo puede ser sinónimo de ineficiencia.
Para Alberto Benegas Lynch, académico de la fundación Libertad y Progreso, la injerencia estatal "sigue creciendo a niveles autoritarios, desconociendo los procesos de mercado en los que los consumidores asignan los siempre escasos recursos".
"Son los cuadros de resultados de las compañías las que marcan el acierto (ganancias) o el yerro (pérdidas), a diferencia de lo que ocurre con prebendarios mal llamados empresarios que hacen negocios en los despachos oficiales", protesta el académico.
Con "K" de Kicillof
¿Cómo seguirá entonces el modelo en su "etapa K de Kicillof"?
La expectativa de los analistas es que habrá un intento por controlar todos los eslabones de la cadena productiva, con un fuerte tono dirigista.
"Este es un Gobierno que todo el tiempo reafirma su principio de preeminencia de lo político por sobre el funcionamiento de los mercados y, por lo tanto la expectativa, es que el afán regulatorio se profundice", concluye Sergio Berensztein, director de la consultora Poliarquía.
