ACINDAR, SEÑAL DEL AJUSTE QUE VIENE.
En el sector privado se están tomando o previendo medidas de ajuste para asegurar la competitividad y sustentabilidad de las empresas; en el sector público, parece ocurrir lo contrario.
En la Argentina está ocurriendo algo negativo: mientras el sector privado adopta medidas de ajuste o se prepara para hacerlo, el sector público hace como si nada sucediera. Como si la crisis internacional y el aumento de los costos internos no tuvieran incidencia en la marcha de la economía. O como si todos los ciudadanos no tuvieran que pagar de sus bolsillos los gastos de un Estado dispendioso. Cuando hablamos de gastos, no hacemos referencia a los planes y subsidios sociales básicos, que son necesarios para sostener o al menos ayudar a marginales o indigentes, a quienes no tienen acceso a un empleo o a familias cuyos ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes o cubrir los costos del alquiler de una vivienda digna. Hablamos de la enorme burocracia estatal –nacional, provincial o municipal–, en buena parte ociosa e ineficaz, cuyos dependientes han tenido aumentos salariales de un orden del 30 por ciento anual, o de los sueldos y jubilaciones de privilegio que recibe gran parte del funcionariado.
El sector privado se maneja con otras reglas de juego, que tienden a garantizar la competitividad, sustentabilidad y rentabilidad de las empresas. Eso acaba de hacer Acindar, la principal fábrica de acero del país, que desde hace un mes aplica medidas tendientes a paliar los efectos de un alza de los costos fijos y de la caída de la demanda mundial del acero. La primera etapa del programa que se desarrolla en la planta de Villa Constitución, cerca de la ciudad de Santa Fe, contempla un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para casi 130 empleados fuera de convenio, la mitad propios y la otra mitad contratados. También serán revisados los contratos con empresas de mantenimiento y limpieza.
El dato significativo es que Acindar acordó con la Unión Obrera Metalúrgica y el Ministerio de Trabajo provincial pagar el 75 por ciento de los sueldos brutos y ubicar en otras empresas contratistas a esos 200 empleados de las empresas tercerizadas. La idea es no provocar despidos, pero para ello se plantean medidas de ajuste como retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, reasignación salarial, reubicación del personal.
Las automotrices Fiat y Renault, en Córdoba, habían anunciado medidas parecidas, que luego fueron transitoriamente suspendidas, entre otras cosas para no añadir fuentes de conflicto –en una ciudad ya de por sí conflictuada– en las vísperas de una elección presidencial.
La lógica del sector privado es clara, y no se está hablando de grandes monopolios sino de empresas que se basan en la competitividad, la sustentabilidad y la rentabilidad. Y quizá la conclusión es que no puede haber esas enormes diferencias de comportamiento entre el sector público y el privado, que deben inspirarse en normas y reglas comunes que preserven al conjunto de la economía de los golpes de las crisis externas y la suba desmesurada de los costos internos.
