EMPRESARIOS EN ALERTA POR MAYOR PROTECCIÓN Y DEVALUACIÓN DE BRASIL.
El Grupo de los Seis (G-6), que reúne a los principales dirigentes empresarios del país, manifestó su profunda preocupación por las consecuencias que tendría sobre la economía argentina una devaluación del real que podría producirse en el futuro cercano, así como por las medidas proteccionistas tomadas por el socio del Mercosur.
Los empresarios también volvieron a pedir que se ponga coto a la inflación como una forma de mantener la ya tambaleante competitividad de la economía argentina. Y hubo consenso en que -a la luz de los resultados de las elecciones primarias del 14 de agosto- no quedaba otro camino que buscar un acercamiento con el Gobierno, aun desde las entidades empresariales que mayores y más persistentes enfrentamientos mantuvieron. Los dos temas -Brasil y las elecciones primarias abiertas y sus consecuencias en el panorama político inmediato- fueron tratados largamente por el G-6, que ayer celebró su habitual almuerzo mensual, el primero tras ese acto eleccionario. Esta vez le tocó a Adelmo Gabbi (Bolsa porteña) ser el anfitrión de José Ignacio de Mendiguren (UIA), Jorge Brito (ADEBA), Carlos Enrique Wagner (Cámara de la Construcción), Carlos de la Vega (Cámara de Comercio) y Hugo Luis Biolcati (Sociedad Rural). Hubo acuerdo en que la combinación de una posible devaluación, medidas proteccionistas ya puestas en marcha y el ajuste fiscal de casi u$s 10.000 millones anunciado ayer constituiría un «punch» demoledor para la producción local.
En esto no hubo diferencias entre la UIA -sin dudas el sector potencialmente más afectado por esta «tormenta perfecta» que llegaría desde Brasil- y los otros cinco miembros del G-6: «Si Brasil devalúa, nos mata a todos», dijo uno de ellos. Por dar un ejemplo, De la Vega habló de lo «brasileño-dependientes» que eran hoy sectores que van desde el comercio minorista en shopping centers y grandes avenidas hasta la hotelería y la gastronomía que se nutre del turismo.
En el comunicado distribuido ayer tras el almuerzo se habla de que «el contexto de incertidumbre que afecta a la economía mundial» y el buen nivel de actividad de la economía argentina demandan «arribar a un consenso en el que todos los actores de la sociedad, públicos o privados, se esfuercen en ajustar las cuestiones que podrían socavar los indicadores logrados».
¿Cuáles son entonces las «cuestiones» a las que alude el comunicado de ayer del G-6? Veamos qué ideas barajaron los dirigentes empresarios:
Una modificación radical de los términos de intercambio con Brasil sería una catástrofe.
Faltan «mecanismos que incentiven la inversión» y permitan a los sectores productivos aumentar la oferta de bienes y servicios. Aquí nuevamente se habló de la creación de un banco de desarrollo para financiar a las pymes.
Según los empresarios, la principal herramienta para reducir la «expectativa inflacionaria» (eufemismo cuidadosamente elegido para no enojar a nadie en el Gobierno) es «promover la producción nacional eficiente».
La calificación de «mercado fronterizo» dada a la Argentina por Morgan Stanley hace ya más de dos años «impide la posibilidad de las empresas nacionales de financiarse en el exterior».
Esos estímulos, además -según los empresarios- serían mecanismos suficientes para impedir la llegada de capitales golondrina y oportunistas (el documento habla de «movimientos especulativos de corto plazo»).
Los aumentos salariales deben darse sobre la base de incrementos de la productividad, una vieja aspiración de los empresarios que la negociación paritaria una y otra vez manda al cajón de los temas sin resolver. El comunicado habla de que «es fundamental para que la productividad y rentabilidad sean el motor de esos incentivos a la inversión tener una política consensuada en el tratamiento de los incrementos de salarios relacionados con la productividad y una carga impositiva acorde que los promueva».
Insistieron en atacar el denominado TAP (transporte argentino protegido), un negocio que muchos vinculan con el líder de la CGT, Hugo Moyano, y que -según los empresarios- constituye una carga inaceptable sobre sus costos de exportación. Se trata de un «peaje» que paga cada container que pasa por el puerto con mercadería destinada al exterior.
Antes, durante y después del almuerzo el tema político también dominó la charla. Llamativamente, ninguno de sus pares le preguntó a Biolcati -que fue el último en llegar- por sus polémicas declaraciones respecto de quién había votado al oficialismo. Sin que hicieran falta preguntas, el ruralista dijo que los resultados electorales «llaman a la reflexión».
Los seis dirigentes hablaron de la falta de ofertas creíbles por parte de la oposición, de la inevitabilidad del triunfo oficialista en octubre y del nuevo panorama político que se abría. «Habrá que tomar una nueva actitud respecto del Gobierno: la confrontación demostró no servir», dijo uno de los presentes. De Mendiguren sonrió y recordó que, cuando él asumió la presidencia de la UIA, le achacaron una supuesta «genuflexión» (la palabra que usó fue mucho más fuerte, coloquial y rotunda), todo en un tono de amable camaradería.
Para entonces los seis ya habían dado buena cuenta del salmón tibio, el lomo asado con papas y alcahuciles, y el almendrín de peras.
Finalmente, se decidió enviar una nota al GAFI (el organismo internacional antilavado) pidiendo ser parte de las reuniones que se harán en Buenos Aires en septiembre, tendientes a emitir un fallo respecto de la Argentina, que -por incumplimientos con las normas de ese órgano- está hoy en la denominada «zona gris».
