Se combina un régimen de licencias por nacimiento, compartido entre la mujer y el varón, con un servicio de guarderías gratuitas para las familias más pobres. En Argentina, por el contrario, prevalece un acotado esquema de licencias sólo para la mujer y la carencia, casi total, de servicios públicos y gratuitos de calidad para el cuidado de los niños que integran las familias humildes. La reforma chilena muestra que con espíritu innovador y profesionalismo se pueden construir instituciones que promueven la equidad social y de género.
Promover la inserción laboral de la mujer y apoyar el cuidado de los niños en los primeros años de su vida son dos factores centrales en una estrategia de desarrollo social. Ambos instrumentos están estrechamente relacionados ya que un buen sistema de cuidado de los niños es crucial para su futuro y para facilitar la inserción laboral de sus madres. Por eso, en los países avanzados la articulación entre el diseño de las licencias parentales y los sistemas públicos de cuidado infantil recibe una enorme atención tanto en su diseño como en su gestión para lograr la máxima calidad.
En América Latina, quién lidera la modernización de los sistemas de cuidado de la primera infancia es Chile. En el año 2011, este país implementó una reforma por la cual la licencia por nacimiento se estructura de la siguiente manera:
• En primer instancia opera el beneficio prenatal, que comprende una licencia de 42 días antes del parto, y luego el postnatal, también de 42 días pero para después del parto. Para la pareja, se contempla 5 días de licencia.
• Posteriormente opera el beneficio parental, que comprende 84 días de licencias adicionales que la mujer puede compartir en partes iguales con su pareja, es decir, hasta 42 días de licencia para cada uno.
• Si la mujer decide reinsertarse a trabajar part-time, el beneficio parental se extiende a 126 días, de los cuales la mujer le puede traspasar a su pareja dos tercios del total; o sea, 42 días part-time para la mujer y 84, también part-time, para la pareja.
Los costos de estas licencias son pagados por el Estado con un tope de U$S 3.100 mensuales. Cubre también a las trabajadoras independientes y del servicio doméstico. Se complementa con la obligación de las empresas con más de 20 trabajadores a proveer servicios de cuidados infantiles por medios propios, con otras empresas o reconociendo los gastos. Para quienes trabajan en empresas pequeñas, de manera independiente o en el servicio doméstico, la Junta Nacional de Jardines Infantiles administra una red de jardines infantiles (propios y contratados) que ofrece gratis a las familias más humildes servicios de cuidado infantil desde el fin de la licencia parental hasta el ingreso a la educación formal.
Este esquema incentiva el cuidado de los niños como una tarea de trascendental importancia y compartida por la pareja. Para las empresas disminuyen los incentivos a discriminar a las mujeres ya que las licencias pueden ser tomadas por los varones. Las guarderías no sólo facilitan el retorno a las actividades laborales sino que al ofrecer cuidados especiales a cargo de profesionales, se suplen carencias de estimulación que se pueden presentar en muchas familias, especialmente las de menores recursos.
En la Argentina, por el contrario, se contemplan sólo 90 días de licencia para la madre y 2 días para el padre. No hay cobertura para los trabajadores independientes ni de servicio doméstico. Si bien la Ley de Contrato de Trabajo fija la obligación a las empresas más grandes de ofrecer servicios de guarderías, la disposición nunca fue reglamentada. Por lo tanto, la maternidad coloca a la mujer en el dilema de descuidar su trabajo o descuidar a su hijo. Cualquiera de las dos opciones tiene un impacto social e individual muy negativo.
En los últimos años se han multiplicado las regulaciones laborales, muchas de dudosa eficacia social y severos costos económicos. Sin embargo, el sistema político ha demostrado una sorprendente incapacidad para modernizar instituciones fundamentales como las relacionadas con el cuidado infantil y la protección del trabajo de la mujer. En Chile, gobiernos con diferentes orientaciones políticas han sido muy cuidadosos en diseñar estrategias que, sin dañar la competitividad de las empresas, tienen un impacto efectivamente progresista en lo social. Esto sugiere que más importante que las diferencias ideológicas son las diferencias de profesionalismo y la capacidad de innovación.
FUENTE: IDESA
