La defensa frente al escándalo Ciccone, la inesperada cruzada contra el juego, la pretensión de corregir la crisis fiscal y energética con una intervención sobre YPF y el reemplazo de Hugo Moyano al frente de la CGT son ejemplos de guerras en las que la víctima es el propio oficialismo.
Amado Boudou fue el expositor más reciente de esta autofagia. Salvo los medios de comunicación, todos sus acusados están en sus propias filas. El caso más visible es el de Esteban Righi. Y hasta Daniel Rafecas, un juez independiente, despierta mucha simpatías en figuras notorias del kirchnerismo.
Con su gravísimo ataque a Righi, el vicepresidente le puso voz a un sector del Gobierno que reprocha al procurador no disciplinar a los fiscales que investigan a los funcionarios. En el caso Ciccone, el pecado de Righi sería doble: no sólo permite que el acusador, Carlos Rívolo, se muestre hiperactivo; tampoco detiene a Rafecas, su ahijado judicial.
El antiguo malestar con Righi se reactivó por un factor poderosísimo: la Casa Rosada atribuye a filtraciones del juzgado la caudalosa información que la prensa viene publicando sobre el escándalo Boudou. Righi, Rafecas y Rívolo ingresaron en el cuadrante más irascible de la subjetividad presidencial: se les imputa ser parte del eterno complot que LA NACION y Clarín llevan adelante al ejercer su tarea periodística. Para alimentar la teoría, los insidiosos le recuerdan a la Presidenta el histórico vínculo del procurador y el juez con el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, que fue condenado por la presunción de cercanía con el multimedios que dirige Héctor Magnetto. Por si faltaba algo, una de las pruebas que más acercan a Boudou con el director de la nueva Ciccone, Alejandro Vandenbroele, es una factura de Cablevisión, del Grupo Clarín. Es evidente: todo cierra.
LA DEFENSA
Sagaces columnistas que simpatizan con el Gobierno, con Righi y con Rafecas se esforzaron en hacer notar los servicios prestados por esos magistrados en la cruzada contra Clarín. El ala izquierda del kirchnerismo, desde Nilda Garré hasta la Comisión Provincial por la Memoria, salió en defensa de ambos, recordando a la Presidenta sus méritos en la lucha por los derechos humanos. Esta semana se sabrá si esos pedidos de clemencia alcanzaron a disipar los presentimientos de la implacable señora de Kirchner.
Tal vez fueron vanos. Hace casi dos años, la Presidenta expulsaba de su gabinete a otro prócer, también militante de los derechos humanos y ejemplar de un linaje valiosísimo para el peronismo progre: Jorge Taiana dejó la Cancillería por la inverosímil acusación de traficar a Clarín los detalles de las coimas bolivarianas, que había denunciado en público el embajador Eduardo Sadous. Una curiosidad: el abogado de Claudio Uberti, acusado en aquel escándalo, es Diego Pirota, que hoy patrocina a José María Núñez Carmona, el amigo y socio de Boudou.
Para muchos admiradores sinceros de la actual experiencia política ha de ser doloroso admitirlo. Pero entre Uberti y Taiana Cristina Kirchner eligió a Uberti. ¿Por quién se inclinará si se enfrenta a una opción entre el ex camporista Righi y el ex ucedeísta Boudou?
El monólogo fratricida del vicepresidente se cobró otras víctimas. La más inesperada fue Juan de Jesús, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria de la Legislatura bonaerense, un íntimo amigo del acusador. En su demonización de la empresa Boldt, Boudou alcanzó niveles de improvisación que se le desconocían. Vinculó a Boldt con la escandalosa "ley del humo", con la que los diputados oficialistas de la provincia llamaron a una negociación a los dueños de los bingos bonaerenses con la amenaza de prohibir el cigarrillo en sus salas. De Jesús debería haberle explicado a Boudou que Boldt no administra bingos. Estaba en óptimas condiciones para hacerlo: como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja provincial, fue el promotor de la prohibición.
El proyecto auspiciado por De Jesús fue modificado después de largas transacciones con los empresarios. A la hora de votar, el Frente para la Victoria, aliado con la mitad de Pro, suprimió la prohibición. El binguero y presidente de Boca, Daniel Angelici, debe recordar aquellas jornadas; igual que el diputado Guido Lorenzino, cercano al corazón de Daniel Scioli y Alberto Pérez. Walter Martello, de la Coalición Cívica, adoptó la iniciativa de De Jesús. Pero De Jesús no estaba en el recinto para defenderla. Esa noche se hizo humo.
El fuego amigo de Boudou no se detuvo en ese aliado. Al recordar que Scioli renovó a Boldt el negocio de las apuestas online sin licitación -como informó este diario el 24 de enero de 2010-, el vicepresidente tal vez no reparó en la identidad de los que firmaron el contrato original: Antonio Tabanelli, por la empresa, y Franco Laporta y Florencio Randazzo, por la gobernación. Boudou mató a dos compañeros de un tiro. Scioli, el gobernador de su propia lista, y Randazzo, su ministro del Interior.
La sana pretensión de que el negocio del juego se rija por procedimientos transparentes también cobija un virus autodestructivo. Es verdad que la contratación directa de Boldt salpica a Scioli, otro habitante de las fantasías persecutorias de la Presidenta. Pero, a poco que se tire de esa cuerda, aparecen las generosísimas concesiones de Néstor Kirchner a Cristóbal López. Sobre todo aquel decreto firmado por el ex presidente, su hermana Alicia y su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, cinco días antes de abandonar el poder y publicado durante el feriado del 31 de diciembre de 2007, en el que se extendió la licencia del casino de Palermo del año 2017 al 2032. Eso sí, como contraprestación López debía agregar 1500 tragamonedas a las 3000 que ya tenía instaladas. ¿Suscribirá La Cámpora en el Congreso nacional un pedido de informes sobre esa norma, como el que promovió en la provincia? ¿Juan Cabandié interrogará a Mauricio Macri sobre la defensa de los derechos porteños frente a las maquinitas de López? Alguien debería hacer notar a esos jóvenes que para no hacerse daño es mejor levantar una bandera distinta a la de la lucha contra el juego.
Boudou y La Cámpora no son los únicos instrumentos de la autoflagelación kirchnerista. En su intento de modificar la política energética que lleva adelante desde 2003, el Gobierno puso en la mira a los Eskenazi. Es difícil encontrar a un grupo empresario más ligado al matrimonio Kirchner y a algunos de sus colaboradores más cercanos. Comparado con él, Adelmo Gabbi, el otro amigo castigado por Boudou, es un desconocido.
Los Eskenazi son ahora acusados de no haber invertido lo suficiente en YPF. Es otra verdad a la que la Presidenta llegó tarde. Lo llamativo es que el motivo principal de la reticencia es que el propio Kirchner convocó a esos "expertos en mercados regulados" para que compraran el 25% de la empresa con ganancias de la misma empresa. La "argentinización" de YPF fue durante cuatro años una página dorada de la historia oficial. Tal vez haya sido la iniciativa más relevante del ex presidente en el campo empresarial. Pero su viuda se cree obligada a demolerla.
IRONÍA
Hay una ironía adicional en el escarmiento a los Eskenazi. Uno de sus verdugos es el estatizador kirchnerista José Roberto Dromi, quien en sus tiempos de privatizador menemista era tratado por esa familia casi como un socio. Una paradoja menor frente a esta otra: los entusiastas reformadores de La Cámpora se lanzan sobre un amigo de los Kirchner con la asesoría oculta e indirecta de quien fue intendente de Mendoza en la dictadura militar.
Hugo Moyano es el Eskenazi del sindicalismo. Después de alimentarlo durante ocho años, con la expectativa de tenerlo como aliado cuando llegara el momento de un ajuste salarial, el kirchnerismo decidió excomulgarlo. Justo cuando más lo necesita. La Presidenta prefiere una CGT carapálida, conducida por Antonio Caló. Es una estrategia envenenada: su resultado más probable es la división de la central entre dialoguistas y díscolos. Fue el método que los sindicatos le aplicaron al último Alfonsín. Se hicieron una fiesta.
La raíz del masoquismo oficial está en que la política argentina es el juego de uno solo. Un único actor ocupa la totalidad de la escena. Y está allí desde hace nueve años. Un verdadero monopolio, que habla de una parálisis de la sociedad, más que de una perversidad del Gobierno. En esa física, es comprensible que el oficialismo termine autoincriminándose con cada una de sus revisiones. Es la consecuencia no querida de la falta de alternativa y de alternancia. El unicato de poder implica el unicato de la responsabilidad. Se advierte en estos días. En su espléndida soledad, Cristina Kirchner pelea contra su propia figura en el espejo.
FUENTE: CARLOS PAGNI/LA NACIÓN
