CAMPAÑA ELECTORAL OFICIALISTA
SINDICATOS: El Gobierno analiza controlar los fondos de las obras sociales. Son casi $ 30.000 millones anuales que se destinan a brindar servicios de salud a los afiliados. Operaría como una estatización del sistema.
Tras el rotundo triunfo de Cristina Kirchner en las elecciones primarias, cobró fuerza en el Gobierno un proyecto para reformar el actual sistema de obras sociales . El objetivo sería doble: concentrar en el Estado la caja que hoy va a manos de los sindicatos y debilitar el poder sindical. La iniciativa se complementaría con otras que plantean reformar la ley de asociaciones profesionales, permitiendo y ampliando la participación de las minorías en los gremios. Y no faltan en el oficialismo los que impulsan una reforma que separe en forma tajante el patrimonio de las obras sociales de los sindicatos. Todas estas versiones, que se acrecentaron en las últimas horas, indican que el tema de los sindicatos y las obras sociales está en la agenda del Gobierno. Lo que aún no se sabe es por cuál postura se inclina la Presidenta. Fuentes del Gobierno admitieron a Clarín que circula un borrador –elaborado por sectores juveniles vinculados al Ministerio de Economía– que, básicamente, plantea que los aportes y contribuciones que hoy van a las obras sociales -unos $ 30.000 millones anuales – pasen al Estado. Y que sobre esa base se forme un superorganismo oficial de salud que contrate los servicios médicos, como hoy hacen las obras sociales.
En este esquema las obras sociales que cuentan con clínicas y farmacias podrían ser contratadas por el ente oficial como cualquier otro prestador privado.
Esta iniciativa “de máxima” formaría parte de las medidas que el Gobierno buscaría implementar para reforzar las alicaídas finanzas públicas y hacer frente a los eventuales impactos de la crisis internacional. De paso, con este esquema, el Gobierno daría por cancelados los $ 6.000 millones que adeuda a las obras sociales por el remanente del Fondo de Redistribución y que la CGT viene reclamando en forma insistente.
El proyecto sería presentado como una mejora del sistema de salud con varios argumentos.
El más importante es que se suprimiría, en la mayoría de los casos, a un mero intermediario que se limita a recibir aportes y contratar profesionales y clínicas privadas, ya que muchas obras sociales no cuentan con infraestructura propia. También se sostendría que las obras sociales están salpicadas por casos de corrupción que el nuevo esquema cortaría de raíz. Y que el sistema está tironeado por las empresas de medicina privada que se llevan los aportes de los empleados de mayores ingresos (“descreme”).
Detrás de este nuevo esquema financiero y prestacional estaría el propósito de la Casa Rosada de debilitar el poder económico y político de los sindicatos de cara a la nueva etapa.
Por la crisis internacional, a lo que se agregan desajustes acumulados (como alta inflación, tarifas subsidiadas, déficit fiscal, retraso del tipo de cambio) se estima que el Gobierno quiere concentrar aún más el poder y las finanzas para implementar las medidas que, en cada momento, estime conveniente, sin que sean cuestionadas por los sindicatos .
Se repetiría, en otra escala, el planteo que llevó a estatizar los fondos de las AFJP pero, esta vez, no apuntando el “poder financiero” sino al poder sindical.
Aunque proviene de sectores del oficialismo que dicen querer “profundizar el modelo”, en los empresarios la iniciativa es bien vista porque consideran que se necesita “nivelar” el poder de los sindicatos.
Así, ponen como ejemplo las últimas paritarias, con aumentos de más del 30%, y próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo donde tanto la CGT como la CTA van con una agenda que no se limita al sueldo mínimo de $ 2.600. Reclaman subir el mínimo no imponible de Ganancias, aumentar el seguro de desempleo y las asignaciones familiares y eliminar las escalas como el tope que da derecho a cobrar esos beneficios.
En el Gobierno habrían dejado correr el borrador del proyecto porque les sirve como advertencia al sindicalismo para que se auto-modere, según una lectura.
En ese caso, el proyecto podría ser negociado sobre la base que la CGT no reclame los $ 6.000 millones y admita un esquema intermedio , como podría ser incrementar la parte de los aportes que van al Fondo de Redistribución y/o separar en forma más definida la estructuras de las obras sociales de los sindicatos.
