Por Jorge Raventos para el Informador Público
El viernes 11 de febrero, a la misma hora que en Egipto millones de ciudadanos celebraban el fin del gobierno de Hosni Mubarak, en la Argentina decenas de movilizaciones simultáneas, en distintos puntos del país, protestaban contra la detención de Gerónimo Venegas, el secretario general de UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales. Esa mañana, los diarios argentinos lucieron en sus primeras planas la foto de Venegas -que ejerce la titularidad de las 62 Organizaciones gremiales peronistas- rodeado de hombres de la Policía Federal que lo conducían esposado a un calabozo. La orden de detención había sido librada por el juez Norberto Oyarbide. Este magistrado ha alcanzado notoriedad pública por muchos motivos, pero uno de los que más se evocan últimamente es el fallo de su autoría que desestimó en tiempo record la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner.
En el caso de Venegas, Oyarbide pareció superarse a sí mismo al dictar el encarcelamiento del dirigente sin siquiera haberlo indagado, en una medida que tomó inclusive de sorpresa al fiscal actuante, Luis Comparatore: el magistrado privó a Venegas de su libertad el jueves 10 y prometió indagarlo (es decir: darle la primera oportunidad de defensa) recién el sábado 12.
El hecho de que el secretario general de UATRE haya respaldado en 2008 el reclamo de los productores agrarios contra la Resolución 125, haya sido en 2009 un armador fundamental del triunfo electoral de Francisco de Narváez sobre Kirchner y sea hoy uno de los pilares de la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde inevitablemente provocó la suspicacia de que la resolución y los ásperos modales jurídicos exhibidos por Oyarbide constituían la manifestación judicial de una represalia política motorizada por el gobierno.
Que el juez atendiera el viernes 11 una sugerencia de la Casa Rosada (transmitida por el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini) y decidiera adelantar a ese mismo día la indagatoria no hizo más que intensificar las sospechas: si hora aceptaba el consejo de frenar, ¿no había acelerado antes por la misma influencia oficial?
Lo cierto es que el gobierno se asustó entre el jueves y el viernes por las reacciones que había producido la agresión contra Venegas. El líder del UATRE es un dirigente gremial muy estimado, que convirtió a su organización en una de las más numerosas en afiliados (y más eficaz en sus prestaciones) y, quizás porque es un hombre que prefiere los tonos moderados y el perfil bajo, hace falta una circunstancia como el castigo instrumentado por Oyarbide para apreciar la solidaridad que irradia. A partir de su arresto no sólo se movilizó su gremio, sino buena parte de la oposición política (desde el Pro hasta la UCR, empezando por las distintas expresiones del peronismo federal, claro, pero llegando inclusive hasta expresiones de la Coalición Cívica), las entidades rurales (que en muchas localidades de provincias salieron a la vera las rutas junto al sindicato de peones) y todas las carpas del sindicalismo, obviamente la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo (que coincide con Venegas en el peronismo federal), pero también la CTA y -dato que terminó de desconcertar a la Casa Rosada- hasta la CGT que encabeza Hugo Moyano.
No hay duda de que sectores del gobierno venían alentando los ataques contra Venegas: su acción se venía desplegando desde hace unas semanas y era notoria en una campaña sobre “el trabajo esclavo” difundida por los medios oficiales y paraoficiales en la que se apuntaba contra la organización de los trabajadores rurales (y contra el campo en general). La decisión de pasar de esa fase de propaganda a la represalia no fue acompañada unánimemente en el seno del gobierno. Un cargo destacado de Balcarce 50, que acompañó a los Kirchner desde el principio, no vaciló en atribuir este curso de acción a “los termocéfalos”, palabra con la que nombra a algunos (“no a todos”) sectores progresistas del kirchnerismo, que “promueven guerras que nos llevan a la derrota”.
Al parecer, esta ofensiva se vendía como multifuncional: no sólo se proponían desacreditar a “un socio de las patronales agropecuarias” como Venegas, golpearlo y descalificar a Eduardo Duhalde (aliado seguro de Mauricio Macri), sino también, de paso, esgrimir una espada de Damocles sobre el conjunto del sindicalismo, al que consideran “retobado” en materia salarial con miras a las paritarias.
El plan de “los termocéfalos” descripto en ese relato no careció de consecuencias. Veamos.
Por un lado le ofreció a Duhalde la oportunidad de ubicarse en el centro del ring y de exhibir sus cualidades como jefe político. Mientras el procesamiento del recaudador de la campaña presidencial de Cristina Kirchner, Héctor Capaccioli, mostró a un oficialismo que trataba de tomar distancia del procesado, endosándolo al primero que se cruzara (“Capaccioli era de Alberto Fernández”, batía, por ejemplo, Carlos Kunkel), Duhalde no dudó un instante en salir en defensa de Venegas, en articular las protestas contra su detención y en apuntar al oficialismo: “Con este gobierno todos los opositores estamos en libertad condicional”.
La ofensiva contra Venegas, por otra parte, enfrentaba al gobierno con dos sectores estratégicos: el campo y el movimiento obrero. Los productores rurales ya estaban alertados de que la campaña contra Venegas y el UATRE formaba parte de una acometida más amplia contra el sector y reaccionaron de sobrepique, ofreciendo su solidaridad al UATRE e integrándose a los reclamos por la libertad del dirigente arrestado. En cuanto al movimiento obrero, aunque Hugo Moyano mañereó antes de allanarse a citar de urgencia al Consejo Directivo de la CGT, como le reclamaron varios miembros del cuerpo, finalmente puso su firma en el documento de solidaridad con Venegas, que resumía: “No caemos en la ingenuidad de no advertir la intención manifiesta que busca debilitar al movimiento obrero”.
En fin, el presunto plan de operaciones de “los termocéfalos” ofreció también la chance de que se observara la velocidad de la reacción en apoyo de Venegas. En estos días tan influidos por las crónicas del Egipto sacudido por movilizaciones de la generación de Twitter, la rapidez de reflejos así como la extensión agilidad y simultaneidad de los respaldos callejeros a Venegas introducen datos a tomar en consideración.
En cualquier caso, esa suma de consecuencias imprevistas sobresaltó a la Casa Rosada. La ofensiva se transformó en repliegue. Se modificó la trayectoria de Oyarbide. Venegas fue liberado.
Los cambios de rumbo, las alarmas, el tránsito rápido del ataque a la retirada, de la euforia a la depresión, cuando ocurren en el poder son manifestaciones de confusión política.
El gobierno no termina de definir dónde quiere estar parado ni cuál será su base de sustentación electoral y su fuente de inspiración política. Algunos de sus miembros, con el argumento de que necesitan sumar votos al caudal de la señora de Kirchner (insuficiente para eludir la necesidad de segunda vuelta) se esfuerzan por darle presencia a candidatos de la izquierda y el progresismo, a riesgo de que esa presunta suma termine alejando el voto peronista que fue en 2007 la fuente principal de los sufragios que llevaron a la señora a Balcarce 50.
El progresismo oficialista insiste (ahora, al parecer, con el apoyo de la propia Presidente y de Hugo Moyano) en emplear el mecanismo de las llamadas “listas colectoras” para que la izquierda apoye a Cristina Kirchner y compita con el resto de los candidatos peronistas en la provincia de Buenos Aires. El devaluado jefe de gabinete, Aníbal Fernández, tal vez buscando algún palenque hospitalario, salió a respaldar las colectoras y citó para apuntalarlas el ejemplo de Perón en 1973. “Perón las inventó”, dijo Fernández. No es así.
En septiembre de 1973 Perón y su esposa, María Estela Martínez, fueron candidatos con la boleta del FREJULI y también con la boleta del Frente de Izquierda Popular. Pero la boleta del FIP no era una “colectora”, sólo contenía los nombres de la fórmula presidencial, sumaba votos de izquierda a esa fórmula pero no llevaba candidatos a cargos menores que compitieran con los candidatos de la estructura propia del peronismo. Esa es la diferencia sustancial con las colectoras que el progresismo oficialista propone ahora: estas colectoras están hechas para competir con los candidatos del peronismo en los niveles provincial y municipal.
Sería distinto si se separaran temporalmente la elección a presidente de la elección provincial: en ese caso seguramente el justicialismo bonaerense no tendría inconveniente en que otras fuerzas llevaran en sus propias boletas el nombre del candidato presidencial peronista, si están dispuestas a competir por los cargos provinciales en otra fecha y sin usar aquel paraguas común para generar una competencia desleal.
A diferencia de lo que afirmó el jefe de gabinete, el inventor de las listas colectoras no fue Perón, sino otro general: Pedro Eugenio Aramburu. En las presidenciales de 1963 (que ganó finalmente el radical Arturo Illia con dos fórmulas peronistas proscriptas) Aramburu fue candidato en la boleta de UDELPA, su partido, y en la del Partido Demócrata Progresista. En cada boleta llevaba distinto acompañante a vice: Héctor Sandler en una, Horacio Thedy en la otra. En fin, también empleó colectoras Eduardo Angeloz en 1989: ese año se postuló con el ticket de la UCR y también con el de una alianza federal que orientaba la jujeña Cristina Guzmán. Ninguna de estas experiencias con colectoras fue exitosa.
El sábado próximo -19 de febrero-, en las instalaciones del sindicato de camioneros en Sierra de los Padres, el Consejo del justicialismo bonaerense discutirá de política actual y sin duda tratará el tema de las colectoras. Hugo Moyano, a cargo de la conducción de ese órgano por la enfermedad que aqueja a su titular, Alberto Balestrini, escuchará las voces del peronismo de la provincia. Esa reunión promete hacerse oír. Va a hacer ruido.
FUENTE: EL INFORMADOR PÚBLICO
