 |
| Fuente La Nación/Crédito: Alfredo Sabat. |
Por Diego Cabot/La Nación.-
El juzgado trabaja en la elevación a juicio oral; se define la situación de Manzanares y serán indagados empresarios
A poco de cumplir un año, la causa de los cuadernos de las coimas empezará a transitar momentos determinantes. Ya hay un grupo de funcionarios judiciales que trabajan para que la causa sea elevada a un tribunal oral, que decidirá si los 73 procesados son culpables o inocentes. Pero no solo eso. El juez Claudio Bonadio deberá decidir si, finalmente, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, es aceptado como arrepentido o no.
La decisión, que ya lleva esperando un par de semanas, será determinante para una decena de medidas que solo dependen de que los dichos del contador sean incorporados al expediente. De las declaraciones de Manzanares surgen algunos nombres que actualmente están en la primera línea de defensa de la expresidenta Cristina Kirchner .
Podrían aparecer nombres rutilantes si eso sucediera.
Todo deberá ocurrir en momentos en que la causa está en medio de un proceso de demolición que se inició con el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio, que transcurre en el juzgado federal de Dolores, que conduce Alejo Ramos Padilla. Allá se investiga la denuncia de Pedro Etchebest, el supuesto empresario extorsionado por el fiscal Carlos Stornelli . Pero en Comodoro Py hay otra, iniciada por el propio fiscal.
Ya se han acumulado algunos testimonios interesantes como, por ejemplo, los dichos de un integrante del Ministerio Fiscal de Mercedes. Dijo que hace pocos meses D'Alessio lo contactó. Entre otras cosas, le pidió las entradas y salidas del país de una persona y la intervención de una línea telefónica. El funcionario no accedió. Ahora que el nombre de quien se hizo pasar como abogado salió a la luz, se presentó a contar aquella historia. El teléfono que debía intervenir de haber aceptado era el de Etchebest, un empresario que, según publicó Clarín, se hacía llamar Pedro Rodríguez o Pedro Peivet, según conviniera.
Los hechos que se investigan en Dolores ocurrieron en Buenos Aires. Sin embargo, el juez se declaró competente. Será la Cámara Federal de Mar del Plata la que tenga que definir dónde tramita. Sin embargo, mientras siga en el juzgado bonaerense, no son pocos los que se ilusionan con la foto de un periodista detenido o al menos esposado.
Mientras tanto, la causa de los cuadernos volverá a ver pasar por delante del juez a varios de los empresarios imputados. Mañana será el turno de 10 más, entre los que están la cúpula mayor de Cartellone, entre ellos, María Rosa y José Cartellone, además de Tito Biagini, un ejecutivo de la empresa que ya está procesado por presunto pago de coimas junto a su socia Odebrecht por el contrato de la construcción de una planta potabilizadora para AySA.
El jueves será indagado Gustavo Weiss, de la constructora Eleprint.
La estrategia del empresario es toda una incógnita ya que sus dos predecesores en la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y Juan Chediack ya se sumaron al régimen del arrepentido y relataron cuantiosos detalles sobre la cartelización y los retornos en la obra pública. Otros 10 indagados deberán ir a Comodoro Py el viernes. Volverá a comparecer el financista Ernesto Clarens, poco después de que sea trasladado desde la cárcel el empresario Cristóbal López. Esa mañana será el debut en los estrados federales de Nazareno López, el hijo del zar del juego.
Como si el desfile en los tribunales fuera poco, otro conocido de la expresidenta Cristina Kirchner estará frente al juez. Se trata de Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián, socio de Cristóbal López. Los gustos inmobiliarios del hermano del exmandamás de C5N y Radio 10, entre otros medios y empresas, son particulares. No se conformó con un departamento en el mismo edificio de Juncal y Uruguay donde reside en Buenos Aires la senadora, sino que compró dos.
Esas operaciones son investigadas por la Justicia, tanto que los pisos de alrededor de 260 m2, que tienen un valor cercano al millón de dólares cada uno y que están deshabitados, fueron allanados. La generación de dinero en blanco para la compra de estas dos propiedades es una incógnita.
Terminará así el paso de los empresarios viales y la Justicia contará con varias declaraciones en las que se detallaron cómo se frenaban los pagos desde Vialidad Nacional hasta que se negociaban con Clarens los oficios para destrabar la orden. Hugo Dragonetti, de Panedile, fue uno de los que contaron que sin retorno no había pago.
Con todo, el lunes, Bonadio indagará a tres integrantes de Vialidad Nacional. Se trata del director durante los 12 años de gobierno kirchnerista, Omar Periotti; los exgerentes de Administración, Sergio Passacantando, y de Obras, Sandro Férgola.
Periotti es un "pingüino" que llegó a Buenos Aires en el inicio del gobierno de Néstor Kirchner, pero que nunca tuvo los hilos reales del organismo que lo tenía en el organigrama como número uno. Allí todo lo manejaban otros como José López, el exsecretario de Obras Públicas. Así y todo, le será difícil explicar que no se enteró de nada acerca de todo el esquema descripto por decenas de imputados y procesados. Passacantando y Férgola eran, según Clarens, quienes les pasaban desde Vialidad los nombres de los empresarios a los que se les liquidaban órdenes de pago para después ir por el retorno.
Se viene el final de la investigación de un esquema, el de recaudación con el dinero de la obra vial. Es el primero de varios que funcionaron durante años en la Argentina.
