LOS SERVICIOS PÚBLICOS, VÍCTIMAS DE LAS MIRADAS INCOMPLETAS DE TODOS.

"Una mirada incompleta" (acuarela sobre papel),
de Bernardino Rozada.

     Por Pablo Fernández Blanco/La Nación.- Siete meses después del primer aumento, la discusión por las tarifas de la luz y el gas creó un remolino de declaraciones antagónicas que sólo arroja una certeza: nadie en la Argentina puede asegurar a ciencia cierta qué ocurrirá con algo tan esencial como los servicios públicos el próximo verano. No pueden hacerlo la oposición ni las asociaciones de consumidores, que reclaman una marcha atrás en los aumentos que ellas mismas frenaron en la Justicia. Es una sobreactuación conocida, ya que también detuvieron o demoraron los tarifazos kirchneristas en más de una ocasión. Esas organizaciones, sin embargo, son las mismas que en diciembre y enero del año próximo seguramente reclamarán por los cortes de luz que dejarán sin servicio a miles de usuarios por un motivo al que ellas mismas dieron lugar: sin tarifas, a Edenor y a Edesur no les alcanza el dinero para pagar los sueldos. Mucho menos, para invertir. Es algo que se puede corroborar fácilmente a través de los balances que ambas compañías envían períodicamente a la Bolsa de Comercio y son revisados por la Comisión Nacional de Valores. En otras palabras: si esos números son falsos, como señalan algunos políticos opositores, la administración anterior tuvo tiempo y recursos para denunciarlos. Pero no lo hizo. El Gobierno también parece haberse ensimismado en sus creencias. El pensamiento del funcionario oficialista promedio con respecto al tema es el siguiente: las tarifas de luz y gas eran exageradamente bajas en el país hasta enero. Lo muestra el Excel, pero también los precios relativos de la economía, según los cuáles un alfajor costaba lo mismo que la factura de luz de un monoambiente porteño. Quizá por eso la Casa Rosada no anticipó que la población estallaría de furia al recibir las facturas que le llegaron. Ni notó a principios de año la necesidad de hacer audiencias públicas para dar la batalla cultural que está dando tardíamente y, de esa manera, allanar el camino en la Justicia. El último es un error llamativo por las evidencias cercanas: con distinta suerte, Cristina Kirchner se enfrentó a fuerzas poderosas, pero nunca pudo torcerles la mano a los tribunales que otorgaron amparos contra los aumentos. El viejo oficialismo también parece haber tenido una epifanía en el último tiempo. Sólo eso explica el cambio radical de posición. Nada dijo el año pasado, cuando por un tecnicismo la administración Kirchner dejó listos aumentos de gas de 676% para este año.
Aunque la historia no avanza en base a contrafácticos, cabe preguntarse qué habría hecho el bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados si el ex gobernador Daniel Scioli hubiera ganado las elecciones presidenciales y aplicado los aumentos que estipuló Cristina Kirchner. Aunque poco se los relaciona con la calidad de los servicios públicos, se debería hablar más de los jueces. Martina Forns, que frenó el aumento de gas en todo el país, explicó que lo hizo, entre otras cosas, porque un aumento del 500% era una exageración. Pero no pudo hablar de números específicos. Difícilmente conozca las consecuencias de la emisión monetaria o el endeudamiento público para el pago de gastos corrientes, dos venenos económicos a los que deberá recurrir Mauricio Macri si la Corte Suprema no avala los aumentos que tenía previstos para este año. Quizá todos deban tomar nota para el año próximo, cuando el Gobierno vaya por su segunda ola de aumentos con la menor convicción que le dará el hecho de vivir ya en una campaña electoral.