Por Ernesto Tenembaun, Periodista/El Cronista.-
Los dos días más tristes del período que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner fueron el 30 de diciembre del 2004 y el 22 de febrero del 2012. En el primero de ellos –hoy se cumplen casualmente 11 años– murieron calcinados 200 jóvenes en un boliche. Esa tragedia terminó con la carrera política de Aníbal Ibarra. En el segundo, un tren chocó contra la estación de Once: 52 pasajeros murieron aplastados. Luego de casi cuatro años de debate, ayer la Justicia llegó a una conclusión demoledora: el Gobierno de CFK fue responsable de lo ocurrido. La tragedia de Once no se debió –o, al menos, no se debió exclusivamente– a la imprudencia de un motorman, sino a una cadena de hechos en los cuales la corrupción y la insensibilidad jugaron un rol central. Es prematuro saber qué efectos tendrá esto sobre el futuro político de Cristina. Pero esa mancha, como corresponde, será imborrable.
La comparación entre las tragedias de Cromagnon y de Once es pertinente por infinidad de razones. En principio, la reacción de Néstor y Cristina fue la misma, frente a ambas desgracias. En el primer caso, estaban celebrando año nuevo en Calafate. Se quedaron allí y no dijeron nada hasta que regresaron a Buenos Aires después del día de Reyes. Es curioso, dado ese antecedente, ver cómo se excitaba la dirigencia kirchnerista por la demora de Mauricio Macri en llegar a Concordia. En el segundo caso, Cristina desapareció de la escena pública durante larguísimos cinco días. Al volver, le exigió a la Justicia que aclarara en dos semanas lo que ocurrió y pronunció por primera vez, en ese contexto, la irrespetuosa consigna "Vamos por todo".
Once y Cromagnon, además, interpelaron, en medio de un inmenso dolor, a Ibarra y a Cristina, quienes eran reivindicados por parte del mundo "progre". Eso hizo que, por primera vez en muchos años, artistas, intelectuales, periodistas, líderes de derechos humanos, dejaran de sentir la muerte ajena como propia, abandonaran a su suerte a los familiares de las víctimas, los insultaran y se fastidiaran incluso con quienes contribuían a visibilizar su causa.
Eran pobres, no eran militantes, por lo tanto, no se debía marchar con ellos. Once y Cromagnon fueron un gran retrato personal y moral del progresismo kirchnerista: a muchos de ellos, la muerte los sensibiliza solo si afecta políticamente a un enemigo.
Pero la razón que más justifica la comparación entre Cromagnon y Once es otra. La carrera política de Aníbal Ibarra terminó, en gran parte, por la existencia de un documento clave. Era un informe de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires donde se advertía que ese boliche no podía seguir funcionando de la manera habitual porque se ponían en riesgo la vida de los asistentes. Era un solo documento. Ibarra podía haberlo leído o no. Pero su sola existencia tenía una fuerza imponente. Si lo leyó, ¿por qué no hizo nada? Si no lo leyó, ¿no era culpable igual por haberlo ignorado? En el camino que llevó a la tragedia de Once, las advertencias fueron muchas más y mucho más graves. A Ibarra se le pudo haber traspapelado aquel informe. Pagó igual. Cristina, como se verá, no podía ignorar jamás que había una enorme posibilidad de que se produjera una tragedia en el tren Sarmiento.
Una de las primeras advertencias sobre lo que podía ocurrir fue formulada, paradójicamente, por Néstor Kirchner. En febrero del 2003, nueve años antes del choque, en plena campaña presidencial, propuso nacionalizar los trenes. Esa declaración tuvo mucha repercusión porque se trató del primer aviso de que las privatizaciones podían ser revisadas. "No puede ser que nuestros trabajadores viajen como ganado", dijo el entonces candidato. O sea que Néstor sabía que algo andaba mal.
El 1 de noviembre de 2005, en la estación Haedo, cientos de personas quemaron vagones y un patrullero, saquearon locales, y apedrearon a la policía. Ciento diecinueve personas resultaron detenidas y 29 terminaron hospitalizados. Dos años y medio después, el 5 de agosto de 2008, los usuarios volvieron a estallar de bronca por una demora de más de una hora de duración y la posterior suspensión del servicio. Hubo pedradas, saqueos e incendios en Merlo y en Castelar. El 2 de mayo de 2011, la bronca volvió a aparecer en la línea Sarmiento. Esta vez se produjeron saqueos a boleterías y una serie de destrozos en las estaciones Haedo, Ramos Mejía, Ciudadela y Liniers. Además, fueron incendiados catorce vagones de la línea Sarmiento.
La reacción del Gobierno, en todos los casos, fue estereotipada y macartista: acusó a la izquierda, sin ninguna prueba. En 2005, el dedo oficial apuntó contra la agrupación Quebracho y el inexistente Movimiento Todos por la Patria. En 2008, contra el Partido Obrero y contra Pino Solanas.
En el 2011 fue más grave. El Gobierno decidió armar una operación contra Rubén Sobrero, un sindicalista rebelde. El 7 de julio, en una vergonzosa conferencia de prensa, Nilda Garré y Juan Pablo Schiavi celebraron que el juez de la causa caratulara como sabotaje a aquellos episodios. El 30 de septiembre, en un violento operativo policial, Sobrero fue detenido. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, vocero de todas estas operaciones miserables, respaldó la decisión. Luego, por falta de pruebas, liberaron a Sobrero. La causa se cerró sin culpables: otro papelón.
Mientras todo esto ocurría, se apilaban documentos que contaban otra historia. La Auditoría General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte auditaban lo que sucedía en el Sarmiento. Era un desastre. No se sabía adónde iba la plata de los subsidios. Las condiciones en las que viajaban los usuarios eran humillantes y peligrosísimas. En algunos de esos textos, directamente se pronosticaba la inminencia de una tragedia irreversible. Está todo por escrito. Quien quisiera leerlo, podía hacerlo.
¿Nadie lo hizo?
¿Los leyeron y los cajonearon para seguir con el negocio?
¿Cristina no preguntó qué estaba pasando en esos trenes que transportaban a trabajadores tan humildes que no tenían más remedio que viajar, humillados, durante horas, día tras día?
La televisión empezó a realizar informes periódicos sobre la manera en que viajaban los trabajadores en el Sarmiento. Allí se podía ver las clásicas imágenes, en las que los usuarios viajaban colgados de las escalerillas o gateando sobre los techos, o en vagones con agujeros grandes en los pisos, a través de los cuales podían ver las vías.
¿Nadie vio a tiempo esos informes?
¿Nadie escuchó, leyó, vio, avisó?
¿Y dónde estaba, a todo esto, la presidenta de la Nación?
La última advertencia fue terrible. Se produjo el 14 de septiembre de 2011. Esa mañana, un colectivo pasó una barrera que siempre estaba baja y fue arrollado por un tren. Murieron once personas. El Gobierno volvió a acusar a un inocente: el chofer del colectivo que había muerto en ese desastre. Su viuda, Soledad Gallardo, declaró: "Siempre me hablaba de la barrera de Flores. Me decía que había que esperar, que el tren estaba lejos y la barrera no se levantaba, que a veces se tenían que bajar algunos del auto y levantarla".
Y no es que Cristina no hacía nada. Al contrario. En plena campaña electoral del 2011, con todas esas advertencias previas, la presidenta celebraba la puesta en marcha de trenes de doble piso en el Sarmiento, en actos que compartía con los hermanos Cirigliano, que eran los dueños de la empresa concesionaria y, según los sucesivos fallos de la Justicia, responsables de desvíos millonarios de fondos. Ayer, los Cirigliano fueron condenados.
La reacción posterior a la tragedia sumó la crueldad innecesaria a la ceguera anterior. En su primera aparición gritó "Vamos por todo". Y, en una maniobra extrañísima, pidió que las pericias esclarecieran el caso en quince días: llamativamente, hay peritos procesados por falso testimonio.
La presidenta nunca recibió a los familiares de las víctimas. Al año de la tragedia los comparó con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, "que mantienen la alegría pese a todo". Hizo chistes de mal gusto en la estación de Castelar: "Vámonos rápido porque si no viene un tren y nos lleva puestos a todos". Algunos muertos merecieron que su apellido nombrara rotondas, hospitales, escuelas, centros culturales, comedores infantiles, estadios, torneos de fútbol, puentes, avenidas, represas. Los muertos de Once no: ni una bandera flameó a media asta. Varios periodistas del oficialismo hicieron un enorme esfuerzo porque la culpa de la tragedia cayera completa sobre un trabajador de 25 años, el maquinista Marcos Córdoba: hasta ese nivel llegó la obsecuencia. Por si faltaba una confesión de parte, ahí está la rapidez con que, después del 22 de febrero de 2012, la gestión de Florencio Randazzo cambió los ferrocarriles: se podía evitar lo que ocurrió. Cristina ni siquiera se privó de hacer campaña electoral frente a cada vagón que traían de China. Los familiares de los muertos registraban impávidos cada una de esas provocaciones.
El fallo de ayer es categórico, pero no solo el fallo de ayer. El fiscal de primera instancia que investigó el caso, Federico Delgado, no se lleva bien con el juez federal, Claudio Bonadío. Este tiene una mala relación con la Cámara Federal a la que debe reportar. El tribunal oral pertenece a un fuero distinto. Sin embargo, todos los involucrados –fiscal de primera instancia, juez, fiscal de Cámara, Cámara Federal, fiscal del tribunal Oral, y el mismísimo tribunal– coincidieron en el veredicto. Son seis instancias distintas. Dos secretarios de Estado están condenados. Un ministro de íntima confianza será investigado.
La historia argentina está dolorosamente marcada por tragedias evitables. Nadie puede separar a Carlos Menem de los muertos por el atentado contra la AMIA, ni a Fernando de la Rúa de los asesinados por la represión del 2001. ¿Por qué razón en el mundo aquellos muertos serían de esos presidentes, y los de Once no tendrían relación con Cristina?
"Le ganamos a los corruptos y a los asesinos", dijo ayer, un conmovido Paolo Menghini. A su lado, lagrimeaba María Luján Rey. Aplaudían y se abrazaban los papás, las mamás, los hermanos, los hijos de los 52 trabajadores que murieron en Once.
Fue, como dice el lugar común, un oscuro día de justicia.
