Por Eduardo Fidanza para La Nación.-
Para mensurar la magnitud del cambio político basta repasar el mensaje del nuevo presidente en su asunción. Macri hizo allí un enfático llamado a la unidad, al diálogo, al trabajo en equipo, a la racionalidad económica y al respeto institucional, valores menospreciados por el régimen que concluyó. Pero su propuesta no se agota en la metodología y el estilo. Contiene, en su núcleo, un proyecto de inclusión y combate la desigualdad, que se expresa en la aspiración al "hambre cero" y la universalización de la protección social. Poniéndose en esta línea, que supone la participación activa del Estado en el diseño de la política de ingresos, el Presidente se aparta del canon de la derecha clásica, para colocarse en un centro político con orientación social.
Si se concretan estos objetivos, el nuevo gobierno ejecutará un programa que amalgama novedad con continuidad. La novedad será la alternancia en el ejercicio del poder, el restablecimiento del diálogo y el cambio de paradigma administrativo, que implica retornar a prácticas sensatas, como la sobriedad fiscal y presupuestaria. Sin embargo, se advierte continuidad en relación con el ideario que han compartido por décadas el peronismo, el radicalismo y el socialcristianismo: la inclusión, la ampliación de derechos sociales, la lucha contra la pobreza.
Estas metas constituyen algo más que prioridades programáticas; se trata de valores culturales arraigados en la historia e impulsados por los gobiernos populares a partir de la ley Sáenz Peña. Ellos permitieron, con altibajos y limitaciones, incorporar al bienestar a las clases medias y trabajadoras durante el siglo pasado.
El proyecto del nuevo gobierno, visto en perspectiva, es ambicioso y transgresor. Se niega a ser una réplica de la derecha, como muchos desearían. Se escapa de su estereotipo, innova. En otras palabras: rechaza el populismo, pero quiere ser popular. Macri en el balcón lo simboliza. Ser popular, pero no populista, requiere una redefinición del capitalismo, adecuada a la cultura económica del país. Ese replanteo pareciera contradictorio con la visión de sectores conservadores, que sueñan con la libertad de mercado y suponen que Pro debería instaurarla sin más. Las críticas de esos sectores a la visión de Prat-Gay, que es la de Macri, adelantan una polémica al interior del establishment, de cuya resolución podría depender el futuro del nuevo gobierno. Se ha llegado a insinuar, con maliciosa ironía, que las primeras definiciones económicas podrían asemejarse a "un kirchnerismo con buenos modales".
Estas incipientes discusiones deberían desplazar el foco puesto en Cristina y La Cámpora, que distrae, para centrarse en los dilemas de la nueva economía.
No hay desacuerdo entre los actores sobre el restablecimiento de la salud macroeconómica. La polémica es otra y transcurre en dos planos interrelacionados. Uno es el ritmo al que debe hacerse, si en forma gradual o mediante un shock; el otro es acerca de la valoración, magnitud y composición del gasto público, que esconde la discusión de fondo: cómo deben asignarse los recursos entre la economía pública y la privada. Por lo visto, los partidarios del libre mercado están preocupados. Macri propone gradualismo y preservar, y aun ampliar, la cobertura social.
Si la elite económica no acompañara el programa del nuevo gobierno, podría convertirse, paradójicamente, en su principal desestabilizador. Para entenderlo, conviene seguir la ruta del dinero, antes que la retórica política. La Argentina tiene problemas singulares, sobre cuya responsabilidad no es ajeno el poder económico privado. Por un lado, comparte con Rusia el récord global de fuga de capitales, y con Venezuela, una de las inflaciones más altas del mundo. La flamante administración tiene esperanzas desarrollistas en el mediano plazo y desesperación por dólares en el corto. Para atraerlos se plantea generar confianza. Hay que ver si alcanza con contraponer un atributo moral a una actitud defensiva y extractiva del capital.
El flamante gobierno debe resolver el problema de los incentivos y emplear la autoridad; si no, podría caer en aquella de-silusionada confesión: "Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo". Pero corren otros tiempos. Acaso la decisión del BCRA sobre el dólar a futuro sea el indicio de una administración que no se dejará manipular por intereses sectoriales.
Resolver estas pulseadas y urgencias constituirá el primer paso. Se descarta que habrá devaluación, y con ella una pérdida del valor de los salarios. El empleo, las jubilaciones y la cobertura social son, sin embargo, intocables para un gobierno con vocación popular. Quedan, entonces, la disminución de subsidios, los impuestos, la soja retenida, el crédito externo y la repatriación de capitales para financiar con recursos genuinos la primera etapa, sin dañar irremediablemente la equidad. En esta transición, los capitalistas tendrán que hacer su aporte, si no quieren volver al populismo radicalizado.
Cumplido ese requisito, es indispensable el visionario plan desarrollista. Porque si la Argentina no agrega valor a su producción y diversifica las exportaciones, retornará siempre a su fatalidad histórica: la falta de dólares para hacer sustentable el bienestar.
