Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Como pasa siempre, la derrota no tiene padres. El juez federal Enrique Lavié Pico dispuso una “medida precautelar” que frena la designación de 16 fiscales por parte de la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, quienes debían asumir funciones el próximo 2 de febrero. El magistrado hizo lugar a la medida de amparo presentada por el abogado y diputado provincial del Frente Renovador, Mauricio D’Alessandro, quien puso la lupa en las supuestas irregularidades en los nombramientos que había realizado la jefa de los fiscales. Vistos los resultados, asiste la duda acerca de si la Procuradora General se apuró imprudentemente al designar fiscales subrogantes en el último día del año o fue la desesperación de la presidente -que se manifestaba en Twitter- la que pudo más y le ordenó perentoriamente que nombrara fiscales en la Justicia Federal, especialmente ante la Cámara de Apelaciones, para neutralizar al fiscal de Cámara Germán Moldes, que tiene un perfil independiente.
Está claro que también los dos subrogantes que se designaron en las fiscalías 5° y 8° de primera instancia federal apuntaban a acusar a jueces y en el otro caso a citar a la señora Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre por la compra de Papel Prensa durante el último proceso militar.
Nuevas batallas
se vienen
D’Alessandro había presentado ya una medida preventiva antes de que Gils Carbó designara los 16 fiscales. Ahora la Procuradora tiene 48 horas para apelar pero, por la manifiesta inconstitucionalidad de las designaciones -basadas en un anexo que no entró en vigencia-, es muy probable que la cámara mantenga la cautelar y la Corte Suprema, en principio, no interviene en materia de medidas cautelares. El CIJ (Centro de Información Judicial), que depende de la Corte, fue el primero en anunciar la cautelar.
No sólo Gils Carbó da lugar a la judicialización de los conflictos, ya que es intención del gobierno modificar el sistema de elección de diputados para el Parlasur para que no puedan presentarse listas opositoras combinadas, como hizo el gobernador Francisco Pérez de Mendoza prohibiendo que los candidatos a gobernador puedan llevar varios candidatos a presidente, también conduciría a la judicialización de estas medidas inconsultas del cristinismo. Y si bien la justicia hasta ahora validó la designación de Laureano Durán como juez federal electoral de La Plata, lo decidió por no tener legitimidad para actuar el demandante. Pero si Durán toma una medida y es cuestionada, es muy probable que su designación por el Consejo de la Magistratura sea puesta en tela de juicio por irregular. De lo que no hay dudas es de que el gobierno redoblará la apuesta y la justicia también, en un final abierto.
