Por Jorge Raventos/El Informador.-
Los científicos llaman “indefensión condicionada” a la sensación de desamparo y la inmovilidad que restringe las reacciones de defensa ante situaciones aparentemente incontrolables y de brutalidad inusitada.
La sociedad argentina atraviesa uno de esos momentos, expuesta sin solución de continuidad a la denuncia de un fiscal federal especial contra sus máximas autoridades por delitos gravísimos (encubrimiento del mayor acto terrorista sufrido por el país), a la inmediata muerte violenta y misteriosa de ese fiscal y al abrumador silencio escénico de la jefatura del Estado sobre ambos hechos, con su titular recluida en la Residencia de Olivos, escatimando inusualmente su empleo de la cadena nacional de medios, refugiada en una errática, fría, distante comunicación escrita, más propia de una novela por entregas que del vínculo comprensivo que debería ligar a un Presidente con la ciudadanía.
Las ruinas circulares
Lo que la sociedad padece como una losa abrumadora es la percepción incontrastable y a la vez inadmisible de la ruina de la autoridad legítima y del mismo Estado, es decir, del marco que debe garantizar la convivencia, la confianza, el orden y el desarrollo de la sociedad nacional.
Hay encuestas de estos días que reflejan la decepción social con lo que baja desde el poder: un trabajo de la firma Ipsos mostró que 8 de cada 10 personas consideran “creíble” la denuncia del desaparecido Nisman contra la Presidente y el Canciller y, en momentos en que la propaganda oficial (incluida la misma señora de Kirchner) procuraba imponer la tesis del suicidio del fiscal, esa idea sólo era acompañada por 2 de cada 10 ciudadanos, mientras un 70 por ciento consideraba que lo ocurrido había sido un asesinato (del cual 6 de cada 10 culpaba al gobierno y otros 2 a “los servicios de inteligencia”).
La constancia de ese clima de angustia e insatisfacción es el motivo, tanto del ocultamiento de la figura presidencial como del cambio del discurso del gobierno, en el que se dejó de sostener la primitiva idea del suicidio, rechazada por la opinión pública y por el sentido común, para endosar (con tan poca prueba como la había para hablar de suicidio cuando la investigación está en pañales) la del asesinato y tratar de desviar las sospechas sobre el segundo culpable de las encuestas: los servicios de inteligencia, siempre ligados al olor azufre. Esto, como si los famosos “servicios” fueran un instrumento ajeno al Estado. A ellos hay que sumar, por cierto, a la “corporación mediática” y al “poder contramayoritario que intenta confinar la política dentro de los límites de un expediente tribunalicio, alimentado como en un chiquero judicial con basura de los servicios de informaciones” (delicada alusión a la investigación de Nisman de Horacio Verbitsky, una de las fuentes citadas por la Presidente). Desde el principio, el gobierno, sus ideólogos y propagandistas quisieron evitar la confrontación de la denuncia en la Justicia: “De progresar la agresión contra la presidente en la ciénaga judicial, no puede descartarse una convocatoria a la movilización en las calles”, amenazó Verbitsky en Página 12 el domingo 18. El periodista/consejero, que incidió en el viraje interpretativo de la señora de Kirchner, suspendió abruptamente sus vacaciones para contribuir en Buenos Aires y Olivos al operativo “tapones de punta” contra el fiscal.
Ahora se busca seguir combatiendo el trabajo de Nisman desde un costado menos agresivo para la opinión pública. Voces protagónicas del poder dejaron de vituperarlo abiertamente, como habían hecho hasta minutos antes, para ningunearlo con tono paternalista: “pobre muchacho, compró mercadería en mal estado y la vendió como si fuera buena. Abochornado por el error, se suicidó” (primera versión de ese argumento). La segunda, que la Presidente difundió en Facebook, es más atrevida: la muerte del fiscal formaba parte del plan y debía ocurrir después de que lanzara (engañado, equivocado o extorsionado) la denuncia ponzoñosa.
Más allá de la ligereza de juicio que desnuda, en una figura con altísimas responsabilidades políticas, el abrupto cambio de la convicción de suicidio a la convicción de homicidio (en ambos casos, sin más fundamentos que los de un aficionado a la literatura detectivesca), la nueva versión oficial, ha sido acatada y reproducida por los voceros todos oficiales y oficiosos. Conviene detenerse en algunas consecuencias que conlleva y algunas reflexiones a las que obliga.
Funes, el memorioso
Primero: ¿Será convocada la Presidente por la fiscal (o eventualmente la jueza a cargo del caso) para que colabore con la Justicia aportando sus inferencias y los datos que tenga?
Segundo: Un asesinato supone un culpable (al menos uno). Al señalar su convicción de que esa es la calificación, la Presidente sugiere, un nombre, de hecho: Jaime Stiusso, el hasta hace apenas unas semanas (y durante toda la “década ganada”) jefe operativo de la Secretaría de Inteligencia, es decir, alguien políticamente aprobado y teóricamente subordinado a la propia señora de Kirchner (y, en su momento, a su hoy difunto esposo), a través de las personas del viejo aparato santacruceño que una y otro colocaron en el vértice político de esa secretaría: Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher. Pero el gobierno no acusa a Stiusso ante la Justicia. ¿Teme la Casa Rosada llevarlo a Tribunales o sólo está lanzando ese nombre para descargar sobre un departamento siempre penumbroso del Estado las sospechas que la sociedad manifiesta sobre el propio gobierno central y que empiezan a expresar abiertamente algunos líderes políticos (“En el imaginario de la gente, el kirchnerismo mató”, dijo por ejemplo el intendente de San Isidro, Gustavo Posse)?
En sus últimas presentaciones públicas en los medios, Alberto Nisman comentó que él sólo había utilizado un pequeño porcentaje del material de inteligencia acercado por Stiusso, “el resto era muy bueno e interesante pero no era jurídicamente válido a mis ojos”, dijo. Ergo: Stiusso tiene en su poder muchísimas más escuchas que las que el fiscal adjuntó a su denuncia. Escuchas que, así sean jurídicamente débiles, pueden ser políticamente letales. Memorias incandescentes que, tras una década de convivencia en la Casa K y servicio a sus señores, pueden incluir asuntos, personas, casos y pormenores que vayan más allá de lo que Nisman investigaba.
Aún si Stiusso no es acusado formalmente por el gobierno, podría ser convocado por la Justicia: de hecho, el testimonio del hombre que facilitó la pistola Bersa 22 que parece haber disparado la bala que mató a Nisman, habría declarado (según adelantó como primicia nada menos que el diario donde escribe habitualmente Verbitsky, Página 12) que la noche previa a su muerte, Nisman le dijo que Stiusso había hablado con él y le había recomendado desconfiar de su custodia, cuidarse y cuidar a su familia. ¿No resulta natural llamar a Stiusso para que al menos aclare ese punto y, en todo caso, el motivo de sus temores y, eventualmente, sus nombres?
¿No parece igualmente plausible citar a Icazuriaga y a Larcher, que tuvieron directamente a su cargo al jefe de inteligencia sobre quien la Presidente y el aparato de propaganda oficial explayan suspicacias e intuiciones?
Mientras no tengan respuestas algunas de estas preguntas, es probable que subsista la escéptica convicción mayoritaria de que este affaire no se esclarecerá nunca.
Dos reyes, dos laberintos
Tercero: El gobierno reitera hoy una rutina quizás desgastada por los años de uso: la de la confrontación abierta y la que describe un paisaje en el que un ejército bueno (el propio) libra una batalla épica con otro ejército (siempre malo, oscuro, diabólico). Se sabe quién comanda el primer ejército: la Presidente, “la Jefa”. ¿Acaso es Stiusso, su subordinado de años, el jefe del otro? La tesis oficial lo sugiere pero evita dar definiciones de ese tipo en voz alta. Eso significaría poner a Stiusso a la altura de CFK, y a esta a la altura del espía.
Cuarto: Es evidente que el gobierno pretende seguir adelante con sus políticas y, contra viento y marea, sostiene su versión actual del “vamos por todo”. Pero, inclusive para poder persistir en esos planes, la Presidente y su gobierno están en deuda en materia de acción, más allá de las impresiones, deducciones o corazonadas que ella emite por Facebook. Por ejemplo: las notorias fallas del operativo de custodia a Nisman y el comportamiento invasivo de Sergio Berni en la escena del crimen no pueden zanjarse con un burocrático sumario a dos miembros de aquella guardia. Una disponibilidad temporaria para el secretario de Seguridad y su ministra invisible constituirían, al menos, un gesto simbólico, de asunción de responsabilidades, así sea tardíamente. Pero tampoco eso se ve, y eso aumenta el aislamiento.
Jardines que se bifurcan
Quinto: La imposición a los consejeros del Partido Justicialista -varios gobernadores incluidos- de un documento desatinado, perturbado y perturbador ha sido un recurso extremo para mostrar al gobierno rodeado de algún apoyo en estas circunstancias. Pero se pareció, más bien, a una táctica tipo Éxodo jujeño, en la que se reclamó de apuro a todos aquellos miembros de la conducción partidaria que ostentan una verdadera representación, que incendiaran su capital político. La reticencia que se trasunta hasta en la fotografía oficial (caras largas y miradas perdidas en gente que no se saca la sonrisa del rostro ni cuando va a dormir),es probablemente un indicador de que muchos de los presentes no ofrendarán más en el altar del aislamiento y la confrontación. Y muy probablemente se estén preparando para reclamar rectificaciones y gestos de parte del gobierno central. Para estos, una cosa es sostener la gobernabilidad y la estabilidad de la Presidente y otra muy distinta embarcarse en aventuras contra la Justicia, los medios y, en definitiva, contra la opinión pública. Habrá que ver si tienen tiempo político para que se note la distinción con suficiente claridad, pero la Casa Rosada será la primera en darse cuenta.
Sórdidas noticias policiales
En fin, un resultado de estos acontecimientos es la sofocante atmósfera de escepticismo, angustia e indignación que se vive en el plano interno (fue muy visible, por caso, en el acto que se desarrolló el miércoles ante la sede de AMIA) y la devaluación de las instituciones argentinas a los ojos del mundo, que expresa sus dudas de que una investigación efectiva e imparcial sobre AMIA y sobre la muerte de Nisman pueda prosperar sin colaboración externa (es decir, sin monitoreo).
Adentro y fuera se toma nota de la decadencia de un Estado que parece herido de muerte. Ya se sabía que no puede sostener su moneda, no puede garantizar seguridad, tiene tan postergados los deberes de defensa que los barcos de su Armada se hunden en los muelles o son embargados en los puertos del mundo; que el transporte público mata a sus pasajeros; que la inflación devora los ingresos y aniquila el ahorro; que la performance educativa de sus escuelas no resiste los exámenes.
Ahora propios y extraños registran también que la sociedad sospecha intensamente de sus mandantes, que el fiscal que denunció a la Presidente puede recibir un balazo en el cráneo en su departamento, que el gobierno mantiene varios servicios de inteligencia paralelos de cuyo control parece abstenerse y que la custodia del investigador más importante del país tardó medio día en ingresar a su vivienda para comprobar que su muerte estaba consumada.
Que esto suceda tras una década en que el relato oficial glorificó verbalmente al Estado es una ironía y evoca un verso de Borges: “Una canción de gesta se ha perdido entre sórdidas noticias policiales”.
La muerte y la brújula
La patética evidencia de esa ruina, seguramente forzará coincidencias y reformas. La crisis empuja a todas las fuerzas a plantearse una reestructuración del Estado y un cambio en las relaciones políticas. La Justicia aparece como uno de los vértices para la regeneración estatal: de los tres poderes, el judicial es, por no exagerar, el que más crédito consigue de una sociedad ansiosa por congregarse alrededor de autoridad y valores.
De todas las fuerzas -salvo de pequeños bolsones facciosos- surge el mandato de dejar actuar libremente a la Justicia y también el de reestructurar los servicios de inteligencia para conducirlos a su obligación esencial: atender la seguridad y los intereses estratégicos de la nación bajo el control de las instituciones de la República.
Son signos destinados a curar la indefensión condicionada de la sociedad.
El martirio de Nisman deja un legado.
