Por Diario HOY.-
Luego de que la Justicia frenara las 16 designaciones de fiscales nombrados por Gils Carbó, el Gobierno estudia apurar la vigencia del Código Procesal Penal para poder mantener a los magistrados y esquivar el fallo. El juez Enrique Lavié Pico dictó el viernes una medida precautelar para frenar la polémica designación de 16 nuevos fiscales hecha por Alejandra Gils Carbó antes de terminar el 2014.
Ahora, el kirchnerismo y los funcionarios judiciales que responden a la procuradora general de la Nación preparan su ofensiva contra el fallo de la Justicia.
Fuentes oficiales admitieron que se evalúa adelantar el envío al Congreso de la ley complementaria prevista en el nuevo Código Procesal Penal para que pueda entrar en vigencia. Y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que organiza la nueva estructura.
De esa forma creen que podrían sortear las objeciones porque los nombramientos de los 16 nuevos fiscales se hicieron sin que la nueva normativa que crea sus cargos estuviera en vigencia.
Además, este lunes, más de 80 fiscales y funcionarios judiciales publicarán una solicitada para respaldar las designaciones hechas en base al nuevo Código que todavía no entró en vigencia.
El Gobierno realiza un intento desesperado por apurar los tiempos, ya que no encuentra respuestas en la Justicia. El juez Enrique Lavié Pico está de feria hasta el viernes próximo y difícilmente cambie de opinión.
Si el Gobierno intenta recusar a Lavié Pico, actuaría la jueza Liliana Heiland, que está de suplente hasta el 15 de enero y ya le trajo varios dolores de cabeza al kirchnerismo cuando falló a favor de la empresa LAN, por la pelea de espacio en Aeroparque.
Con ese panorama, el Gobierno pondrá en marcha antes de tiempo la maquinaria legislativa. El artículo 3º de la ley que aprobó el Código en diciembre prevé que “entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la ley de implementación correspondiente, la que deberá contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos otros encargados de su aplicación”.
También está pendiente la creación de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, que deberá “evaluar, controlar y proponer los respectivos proyectos de ley de adecuación”.
Si el Gobierno logra implementar el Código en tiempo récord, una tarea no muy sencilla, “quedaría abstracto el amparo”, confirmó una fuente judicial.
