Por Ignacio Zuleta/Ámbito.-
La salida de Eugenio Raúl Zaffaroni de la Corte Suprema de Justicia equivale, para la política, a lo que es la caída de la cláusula RUFO para las finanzas: desata un mundo nuevo cargado de maquinaciones, fabricaciones, fantasías especulativas y estrategias que ocuparán las próximas semanas una agenda de verano que será cualquier cosa menos pacífica. El próximo miércoles 7 de enero el renunciado cumple 75 años, pero el Poder Ejecutivo ya aceptó su renuncia, por lo cual desde hoy actúa ya la Corte de cuatro miembros.
Eso abre el lapso de 30 días hábiles que faculta al Ejecutivo para proponer un reemplazo de este Zaffaroni que es el primer magistrado que resigna el cargo para cumplir con el límite de edad que impuso la Constitución reformada en 1994: el art. 99, Inc. 4: dice: "Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto". El Decreto 222/2003 le pone el plazo de máximo 30 días al anuncio de los postulantes al tribunal.
Cristina de Kirchner y sus ministros han dicho en todos los términos que, más allá de los reproches de la oposición, hará uso de esa facultad. Lo que nadie sabe es cuándo lo hará.
Otra de las ventajas que le sacó Raúl Alfonsín en aquella reforma al peronismo fue imponer la necesidad de la mayoría calificada del Senado para nombrar jueces de la Corte, algo para lo que bastaba, hasta entonces, con una mayoría simple. El presidente radical intentaba superar el método que aplicó durante su mandato de negociar esas designaciones con un Senado dominado por el peronismo, y en particular por Vicente Leonidas Saadi, comisario de todas las designaciones judiciales en el orden nacional desde 1983.
Ante esta caída de la RUFO judicial, las restricciones que impone la campaña electoral, que cementan la posición de la oposición de rechazar cualquier candidato que proponga el oficialismo, y el corsé de los 2/3 abre dos caminos.
Uno es que el Gobierno, apenas regrese el lunes 12 Cristina de Kirchner de su tratamiento médico, proponga un nombre que exprese lo que quiere el peronismo para la Corte Suprema. Ante la actitud de la oposición eso será motivo de un rechazo inmediato, casi sin oportunidad de una guerra, porque ese final está ya escrito. No es imaginable que la Presidente propusiera a un candidato de extracción radical pura -el anotado en todas las listas es Ricardo Gil Lavedra- aunque esa ironía sería un dardo para descalificar el rechazo antes de conocer cualquier nombre.
El otro camino se abre paso por la espesura de las leyendas y las especulaciones: en febrero hay hombres de la Justicia que esperan una renuncia de Carlos Fayt, quien el 1 de ese mes cumplirá 97 años.
Fayt festejó los 75 en febrero de 1993 y cuando se sancionó la nueva norma se amparó en que él debía regirse por la legalidad anterior. Ha sido hostigado por el oficialismo hasta con el innoble argumento de que está viejo, pero no ha dejado de ejercer su función hasta ahora. Los más enterados sobre esta quimera afirman que Ricardo Lorenzetti tiene ya la renuncia de Fayt firmada en su bolsillo. Sonríen quienes escuchan esto y responden que en 1994, cuando se cambió la Corte como fruto del Pacto de Olivos, Carlos Corach le dijo a Alfonsín que él también tenía la renuncia de Fayt en el bolsillo. Son quienes juran que no habrá tampoco ahora renuncia alguna.
Si esto se cumple, en febrero habrá dos vacantes en la Corte, y el Gobierno podrá aplicar el manual básico: proponer dos nombres, uno del oficialismo y otro de la oposición radical.
El Gobierno suele a veces aplicar el manual de la lógica política y esas dos vacantes comprometerían más a la oposición, que tendrá menos margen para el rechazo porque les achica el argumento de que el Gobierno quiere asegurarse una Corte adicta. Hoy no la tiene con Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Fayt, algo que no cambiaría con el loteo de las dos vacantes.
Nadie admite en serio en el Gobierno que haya un tercer camino, que es la ampliación del tribunal, porque la Presidente está comprometida porque promovió la Corte de 5. Ampliar el número podría abrir más el capítulo negociador y defienden esta idea quienes comparan con otros países en donde el número es superior. En Estados Unidos, modelo constitucional, son nueve, como quedó escrito en la Carta Magna de 1853; en 1869, la provincia de Buenos Aires quitó ese límite, pese a lo cual en ese distrito siguen siendo nueve.
Sea cual fuera el camino que elija el Gobierno, desde hoy habrá una guardia a la espera de que, por lo menos comience la calesita de nombres. El único que puso una ficha es el saliente Zaffaroni, quien dijo en un reportaje que dio a Buenos Aires Herald (medio que pertenece al mismo grupo que este diario) que su sueño sería que el jurista Julio Maier lo reemplazase. Es una ficha simbólica porque Maier cumplió los 75 años en julio pasado y está inhabilitado por la edad para ser propuesto. Pero en este caso importa más la música que la letra. Maier está considerado el padre del sistema acusatorio que consagra la reforma del Código Procesal Penal, que pergeñó ya para Alfonsín y que ha desarrollado doctrinariamente en el libro "Código Procesal Penal Modelo para Ibero América", que coordinó con otros especialistas en 1989 y que ha sido la matriz para la aplicación de esa reforma en muchos países del mundo.
Al poner en circulación su nombre, Zaffaroni está diciendo que la Corte tiene que tener entre sus miembros a un penalista identificado con la reforma del régimen inquisitivo al acusatorio para que sea el garante de la prolijidad del nuevo sistema desde el atalaya del tribunal más alto del país, y que además no sea peronista. Maier tiene una estrecha relación con Fernando de la Rúa, que es profesor de Procesal Penal: se conocen desde la adolescencia, cuando fueron compañeros de estudios en el Liceo Militar de Córdoba. Cuando De la Rúa asumió como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo designó como miembro del primer Tribunal Superior de Justicia de la Capital; fue el único nombre que impuso como innegociable cuando los otros cuatro fueron acordados con el Frepaso. No tiene militancia radical, con lo que se completa todo un perfil; queda para los analistas de la interioridad de los dirigentes -especie que abunda tanto en el periodismo- decidir si ese identikit lo compartió Zaffaroni con Cristina de Kirchner. O si ella se lo inspiró.
Esta primera pista hay que combinarla, cuando se escrutan decisiones presidenciales, con el método de Cristina de Kirchner para las designaciones. Primero, no las comenta con nadie.
Cuando eligió a Amado Boudou como candidato a vicepresidente sorprendió a todos, empezando por el elegido. Héctor Icazuriaga, el hombre que debía saberlo todo, se enteró por los diarios y musitó: "Ni Zannini lo sabía". Segundo, hay que revisar papeles viejos, porque otras designaciones en cargos de este rango se explican por relaciones del pasado sin relieve público. Cuando se designó a Horacio Rosatti como procurador y después ministro de Justicia, recién se supo que la Presidente lo había visto trabajar como constituyente en Santa Fe, adonde lo había llevado Carlos Reutemann, que lo señaló como vicepresidente del bloque del PJ en la convención y como su delegado personal en la Comisión Redactora. Quien busque alguna luz para especular sobre este camino, mejor que ahonde en las galerías interiores del pasado presidencial.
