Por infobae.-
La prensa del país vecino advirtió que "es ilegal" la intención del Gobierno de cobrar intereses por la construcción de la usina hidroeléctrica. Reclamo de una deuda de u$s18.000 millones
"Argentina asume actitud de -buitre- al pretender intereses por Yacyretá", chicaneó el diario paraguayo ABC Color, que llevó el tema de las diferencias entre Asunción y Buenos Aires por la deuda vinculada con la represa como su principal título de portada.
El medio guaraní remarcó que "las negociaciones para solucionar el problema económico y financiero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se encuentran estancadas debido a que el Gobierno argentino no está dispuesto a dejar de lado los intereses y actualizaciones que pesan sobre sus aportes, pese a que es un procedimiento ilegal, no contemplado por el Tratado".
El matutino advirtió que como las autoridades del gobierno nacional "no estaban dispuestos a asumir el costo político" que representaría el "el -condonar- una buena parte de la deuda que mantiene la EBY con el Tesoro argentino", los funcionarios del Ejecutivo "habrían optado por congelar las negociaciones con Paraguay".
"Esto significa que se mantienen en la posición de que el pasivo que arrastra la binacional orilla los u$s18.000 millones, de los cuales unos u$s6.000 millones corresponden a los aportes y el resto, a intereses y actualizaciones", agregó.
La jefa de Estado había estado en Paraguay a mediados de agosto, cuando se reunión con su par local, Horacio Cartes. En esa oportunidad, el diferendo sobre la deuda quedó sin solución, por lo que el encuentro giró en torno a la entrega del mobiliario que el mariscal guaraní Francisco Solano López había dejado en Entre Ríos antes de la Guerra de la Triple Alianza.
Según el ABC Color, el Tratado de Yacyretá señala taxativamente que "los recursos necesarios para los estudios, construcción y operación de la central eléctrica y de las obras e instalaciones auxiliares, así como de las que se realicen para el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Paraná, serán aportados por las Altas Partes Contratantes".
"Según especialistas, los aportes no deberían generar intereses y mucho menos capitalización de intereses o indexaciones arbitrarias; por consiguiente, la aplicación de los mismos, tal como lo pretenden los negociadores argentinos, sería ilegal", concluyó.
