Por Alfredo Popritkin*/El Informador.-
Las investigaciones sobre la ruta del lavado de dinero, que viene asociado siempre a otros delitos como la corrupción, la trata de personas o el narcotráfico, se ve obstruida por intereses económicos y políticos de quienes están en el poder. Si no hay voluntad política para enfrentar esta problemática, entonces serán las organizaciones de base, junto a ciudadanos y sus referentes quienes deberán dar esta lucha desde abajo.
¿Por qué no progresan las investigaciones sobre lavado de dinero en Argentina? La respuesta es sencilla, porque no existe voluntad política de las autoridades. Tenemos una razonable legislación vigente, contamos con recursos financieros y humanos para tener éxito, pero la realidad es que quienes deciden y pueden influir en el éxito, en general, no les interesa. Por el contrario, apuestan al fracaso y construyen un sistema con ese objetivo.
En principio, confiamos en el sistema judicial. No obstante, si algún juez, fiscal o perito que interviene en la cadena procesal, se esfuerza por hacer bien su trabajo, otros, menos honestos, se ocupan de que esa iniciativa se frustre.
A veces basta no actuar diligentemente, con dejar que el tiempo transcurra es suficiente para que una investigación no prospere como debiera. No analizaremos aquí las razones, pero solo diré que -según creo- intereses económicos o políticos muchas veces obstruyen el mecanismo natural creado para investigar este delito. No debemos olvidar que el lavado, siempre viene asociado a otro delito, droga, trata, corrupción o cualquier otro.
Ahora bien, si desde lo más alto de la pirámide del poder no podemos esperar buenos resultados, solo nos queda luchar desde abajo, o, cuanto mucho, entrarle por los costados.
¿A qué me refiero? A las organizaciones de base, a los líderes urbanos, a los políticos no contaminados, si los hay. O, de lo contrario, tan solo nos queda cruzarnos de brazos a esperar que la coyuntura cambie, a ser meros espectadores, lo cual no tiene fecha cierta. Ni siquiera sabemos si cambiará alguna vez.
Cuando decimos que sólo nos queda luchar desde abajo, nos referimos a que podemos trabajar a partir de los referentes actuales y los que están por surgir, quienes aparecen en escena a partir de las consecuencias gravosas que nos traen los delitos originarios. Para eso podemos confeccionar una lista y empezar a identificar el problema.
En buen romance: trabajemos con aquellos que tienen decisión, convicción y están dispuestos a enfrentar los obstáculos que aparezcan.
Pero estas organizaciones no están solas. Pueden ser ayudadas por otras, también por algunos funcionarios bien dispuestos de los poderes judicial, legislativos y ejecutivos, de los niveles nacional o provinciales, ONG, estudiantes, profesionales, expertos, periodistas, políticos, etc., son algunas personas o grupos que suelen estar dispuestos a ayudar. Hay que identificarlos y trabajar con ellos.
Completemos la lista en cuanto podamos, llenemos los espacios y agreguemos filas, y veamos de qué manera estos referentes se pueden organizar, complementar y alcanzar objetivos, subir algunos escalones, colaborar desde su disposición, presencia o conocimiento.
Los primeros serán pequeños logros, luego se alcanzarán objetivos que produzcan incidencia de cierta significación. De eso se trata: combatir el lavado tiene por finalidad ocasionar daño, afectar el “negocio” delictivo tanto como resulte posible, incautar los bienes, utilizarlos en contra de los delincuentes, encarcelar a las cabezas de las organizaciones criminales.
Si aspiramos a contar con pruebas de valor para incriminar a un delincuente que lava por sí o lava el dinero por otra persona u organización, pues tenemos que reunir pruebas, aquellas que permitan reconstruir y convalidar una modalidad operativa, aquella que ayude a saber cómo y cuánto se cobra, quiénes participan con una parte del negocio, quiénes son los autores del delito, qué destino les dan al dinero, si una parte pasa por cuentas bancarias, cómo realizan los pagos a los proveedores, en qué invierten las “ganancias” criminales.
Todo registro, documento, papel manuscrito, anotación de una computadora, soporte magnético como CD, DVD, pendrive, archivo de Excel o Word, sistema de contabilidad paralela o negra, o bien un simple cuaderno o planilla. Todo sirve como prueba, pero también resulta útil para que los expertos analicen esas anotaciones y extiendan su investigación. De estas anotaciones se obtienen nuevas pistas a seguir.
Si se conocen los nombres de las personas que realizan las anotaciones u ordenan el control, mucho mejor, porque podrán ser testigos o quizá responsables en algún grado de participación.
En el proceso judicial los jueces y fiscales pueden ignorar o darle valor a las pruebas. Pero cuando tenemos anotaciones sobre la actividad ilegal, que den consistencia a las maniobras conocidas, a los testimonios recogidos, que permitan quizá producir un informe pericial contable, donde se establezca cierta correlación entre la actividad delictiva, el manejo de los recursos, su reutilización, la aplicación del botín o ganancia; todo ello dará mayor consistencia al caso, permitirá establecer la magnitud del negocio criminal, su operatoria, sus responsables y demás personas que participaron en diferente carácter.
Si entre las evidencias documentales surgen resúmenes de cuentas bancarias, éstos serán pruebas muy valiosas, pues es posible que el juez pida al banco documentación de respaldo, detalles, información y datos de los titulares y apoderados.
Pero además, se le agrega el valor de ser registros inobjetables realizados por terceros.
La enumeración de evidencias es meramente indicativa. En principio, toda prueba es admisible. Lo importante es establecer su procedencia, dónde y cuándo fueron obtenidas. De inmediato, una vez obtenida, es vital incorporarla a un proceso judicial para su validación, con la explicación correspondiente. Todo recaudo que haga desaparecer su real procedencia, suele ser aprovechado por el delincuente, quien se esforzará por restar valor probatorio a las pruebas, cuestionarlas, si es posible lograr una declaración de nulidad o invalidez.
El objetivo de máxima es lograr que las pruebas las obtengan los investigadores judiciales por medio de los procedimientos legales, con la debida orden judicial que autoricen allanamientos y secuestros de evidencias, obtenidas en los diferentes lugares donde se cometen los delitos o se completan los circuitos ilegales de administración del negocio criminal, manejo de los recursos financieros y también en donde se inviertan los resultados. Aunque cabe reconocer que no siempre se dan las condiciones.
Resulta importante desarticular los delitos que cometen las organizaciones criminales, pero de igual modo resulta trascendente -a los fines judiciales y en la búsqueda de una condena de los responsables -, reunir válidamente las pruebas tendientes a conseguir las más claras y contundentes pruebas. Cuando estas pruebas son escasas, la forma de compensar esa debilidad es mediante el resguardo de su validez, por un lado, pero también lograr que los investigadores e interesados puedan seguir las pistas y reconstruir el circuito del negocio criminal y también el circuito del lavado del dinero y otros activos adónde se destinaron los fondos.
No debe olvidarse que las organizaciones delictivas toman recaudos para ocultar sus actividades o disimularlas. Por ello es necesario aplicar el ingenio y el conocimiento, acompañado por convincentes estrategias que permitan reunir las pruebas y preservar su valor, a pesar de los muchos obstáculos que se presentan en el camino.
* El autor es ex perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, experto en la investigación de delitos económicos y presidente de la ONG “Contadores forenses”.
