Por Diario HOY.-
Una vez más, estimado lector, nos tenemos que referir al conflicto docente, que se está transformando en una suerte de callejón sin salida ante un gobierno incapaz de dar una solución efectiva. Y una dirigencia gremial que mantiene una intransigencia absoluta para evitar ser sobrepasados por sus bases, que no están dispuestas a seguir sacrificando su poder adquisitivo ante una inflación desbordada.
Lamentablemente, las consecuencias están siendo pagadas, principalmente, por los casi 4 millones de chicos que están sin clases. Y por sus padres, que ven con preocupación cómo sus hijos están quedando cada vez más rezagados en la carrera del conocimiento, en clara desventaja respecto a aquellas familias que tiene la posibilidad pagar una cuota en un colegio privado.
Casi, en soledad, en las páginas de nuestro diario advertimos, en reiteradas ocasiones, que esto finalmente iba a ocurrir. La fracasada política económica del gobierno K, sumado al despilfarro que se ha hecho para montar una infernal maquinaria del clientelismo político, no podía terminar en otra cosa que en un salvaje ajuste, como el que está instrumentando el gobierno nacional al pretender que los trabajadores acepten aumentos salariales muy por debajo de la inflación real.
Ahora bien, en el caso del conflicto docente, esta delicada situación se da en un área gubernamental que, desde hace años, es una caja negra de financiamiento de la política y de actividades que nada tiene que ver con la educación. El descontrol ha sido tal que por cada cargo en la Provincia, hay hasta 5 docentes, lo que implica un claro deterioro de la calidad educativa porque los chicos, cuando no hay paro, terminan recibiendo clases de docentes que son suplentes de otros maestros suplentes.
En definitiva, el sistema educativo provincial se ha convertido en una suerte de bolsa de trabajo, en una cueva en la que viven también miles de ñoquis que, como si fuesen capas geológicas de la administración pública, permanecen por más que los gobiernos cambien.
En ese contexto, la dirigencia gremial, que motoriza los paros, tiene la obligación de referirse a todos los aspectos de la crisis. Y no solamente a la cuestión salarial. Si no se ponen todas las cartas sobre la mesa, y se hace una reforma de fondo, que ataque a los factores estructurales que llevaron a que la noble profesión del docente se haya proletarizado, la crisis educativa seguirá aumentando. Por ende, los maestros terminarán dando clases en escuelas que se derrumban, sin acceso a la capacitación permanente que se requiere para poder afrontar los desafíos del conocimiento, y con una mayoría abrumadora de alumnos sin posibilidades de adquirir los saberes mínimos que se requieren en un mundo globalizado.
Algunos de estos dirigentes gremiales están entrampados, en virtud de su posicionamiento político, siendo asiduos asistentes a los actos de Cristina Kirchner. De ahí que se les hace cada vez más complicado no referirse a la situación económica y social, y a las medidas del gobierno kirchnerista que agudizaron la crisis, y que constituyen la matriz del conflicto salarial.
Las escuelas no son islas alejadas de lo que ocurre en el país.
El domingo pasado, sin ir más lejos, una docente fue brutalmente asesinada de un tiro por la espalda por motochorros en Caseros, en una clara muestra de la escalada de inseguridad que se está generando por las políticas nefastas del gobierno del gobierno.
Los representantes de los educadores no pueden alegar ignorancia para referirse a la situación del país ya que no son obreros de la construcción que, quizás, no tienen acceso a todos los elementos que se requieren para hacer un diagnóstico certero de la realidad. En cambio, los maestros tienen, como herramienta principal de trabajo, el uso de su razón y la capacidad para enseñar y trasmitir conocimiento.
Esperemos que, en esta semana que comienza, pueda primar el sentido común y todos los actores que forman parte de este conflicto se pongan los pantalones largos para alcanzar un mínimo consenso que, por lo menos, evite que la educación pública se siga deteriorando.
La polémica relación entre Bonicatto y Terrier
El gobierno bonaerense también parece estar entrampado. Haberlo hecho partícipe en el conflicto a un personaje como el Defensor del Pueblo, el exdiputado Carlos Bonicatto, para que recurra a la Justicia y obligue a los docentes a que vuelvan a dar clases, es una estrategia que está haciendo agua.
Bonicatto, desde sus inicios en la política, siempre fue un ariete del oficialismo de turno. De hecho, fue designado en ese lugar por ser un representante del kirchnerismo y hacer que un organismo de la Constitución, que fue creado para estar al servicio de la ciudadanía, sea vaciado de contenido.
De hecho, al exdiputado provincial, desde que se hizo cargo de la Defensoría, no se le conoce iniciativa alguna que vaya más allá de haberse quejado por los aumento de la tarifa de los celulares y de la TV por cable.
Asimismo, el juez Terrier, que interviene en la causa, que dictó una medida precautelar para que vuelvan las clases, tampoco tiene los mejores antecedentes. En el año 2010, nuestro diario reveló que el magistrado es un comisario inspector retirado de la Policía bonaerense, habiendo ocupado un puesto jerárquico, como director de Asuntos Jurídicos, durante la jefatura del siniestro Ramón Camps en la última dictadura.
Terrier estaba a cargo de un departamento equivalente a lo que hoy sería la Secretaría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, desde donde se elaboraban las distintas resoluciones que se elevaban para la firma del jefe de la Bonaerense. Y desde donde también se instruían los sumarios administrativos con el historial de cada uno de los agentes de la fuerza.
También existiría una estrecha relación, desde hace varios años, entre Terrier y Bonicatto. De hecho, en su momento, el juez platense Luis Arias recusó a Terrier, que no por casualidad estuvo a cargo de la causa en la que se impugnó la designación de Bonicatto como Defensor del Pueblo, acusándolo de ser el ahijado político del exdiputado provincial. El cuestionado juez platense denegó la medida cautelar presentada por Arias pero, pese a que pasaron cuatro años, jamás se expidió sobre la cuestión de fondo: su inacción favoreció a Bonicatto, a quien se le vence el mandato este año.
Todos estos manejos le quitan legitimidad al fallo que, como es sabido, no será acatado por los gremios. Si desde la cúspide del poder se trampean las leyes, y se incumplen los fallos judiciales, difícilmente ahora se pueda pretender que con una simple precautelar dictada por un magistrado de pasado oscuro, los docentes acepten volver a las aulas.
