Por Daniel Gallo/La Nación.-
Quiere involucrar a policías y fiscales locales contra la venta al por menor y la violencia.
El Gobierno busca el apoyo de las provincias para combatir al narcotráfico . Frente a señales cada vez más evidentes sobre la violencia de los grupos organizados vinculada a la venta de drogas, la Casa Rosada pretende poner finalmente en marcha una ley aprobada en 2005, que transfiere responsabilidades en la represión al narcomenudeo a las policías locales y a los tribunales provinciales.
La coordinación de las acciones operativas quedaría en manos del Estado nacional.
La semana pasada fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien argumentó en favor de desfederalizar la lucha contra las drogas durante una reunión con ministros de Seguridad y Justicia de las provincias. No todos los distritos están convencidos de contribuir con sus propios jueces y fiscales por el riesgo de saturar los juzgados con causas de tenencia de drogas.
Sin embargo, quedó en claro en ese cónclave desarrollado en la Casa Rosada que las provincias firmarían un compromiso para adoptar la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico si se aseguran partidas económicas nacionales para sostener la actividad extra en sus juzgados. Esa propuesta es el eje del plan federal antidrogas que prepara la Nación.
Tras las pronunciamientos de la Iglesia y de la Corte Suprema en noviembre pasado, la administración kirchnerista empezó a reconocer la fuerte presencia narco en el país, situación negada durante años por los voceros oficiales, que desoyeron todas las alertas sobre ese tema. Ahora se acepta que la Argentina se convirtió directamente en un país productor de drogas. Así lo reconoció la semana pasada el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Frente a ese nuevo escenario, la iniciativa oficial busca dar mayor importancia al narcomenudeo, a la venta directa de drogas y al acopio de pequeñas cantidades de sustancias, dado que varias provincias -Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Mendoza- advirtieron que los mayores problemas de violencia callejera se vinculan con los puntos de comercialización minorista de drogas.
Estos vendedores eran llamados en los tribunales "perejiles" y no se tomaba en cuenta sus casos, ya que sólo parecía importar la captura de "peces gordos", cuentan quienes llevan adelante esos expedientes judiciales. En cambio, hoy se entiende que los grandes traficantes no cayeron por esas investigaciones, mientras que las redes inferiores desataron una espiral ascendente de violencia.
En Rosario, por caso, ganar sólo una calle dentro de un asentamiento copado por narcos demandó más de un año de trabajo policial y social. Las organizaciones sociales -las más fuertes dentro de las estructuras piqueteras- encuentran cada vez más dificultades para moverse en los asentamientos bonaerenses. Y las muertes relacionadas con acciones de narcos se empezaron a sumar por decenas en todo el país.
Una queja común entre los agentes federales que trabajan en investigaciones de campo tiene que ver con la escasa predisposición de los magistrados para ordenar la desarticulación de quioscos de drogas, debido al pensamiento dominante sobre la importancia de sostener una investigación que llegue al origen de la droga. La estimación oficial es que la actividad de jueces y fiscales que apunten directamente al narcomenudeo permitirá cerrar más rápido las bocas de expendio, lugares vinculados territorialmente con asesinatos por ajustes de cuentas.
También se crearían secretarías especiales antidrogas en los juzgados federales, según lo expresado directamente por Capitanich.
La ley que permite la desfederalización de la lucha contra las drogas fue analizada durante la reunión de ministros en la Casa Rosada. La ley 26.052 fue aprobada en el Congreso en 2005 por pedido de Buenos Aires. El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, comentó la experiencia de su provincia -positiva, a su entender- delante de sus pares provinciales y las autoridades nacionales que, además de Capitanich, fueron anfitriones de la reunión: la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, y el secretario del área, Sergio Berni.
El Ministerio de Seguridad nacional asumirá todas las funciones que antes estaban reservadas a la Sedronar; esa dependencia sólo se ocupará de la tarea de recuperación de consumidores de drogas. En Seguridad se trabaja en la creación de un protocolo de acción para ser aplicado por las policías provinciales en casos de drogas.
La ley 26.052 necesita de la ratificación de las Legislaturas provinciales para tener vigencia en cada distrito. El compromiso que habría obtenido el Gobierno apunta a rápidas aprobaciones. En Buenos Aires, cuyos legisladores nacionales impulsaron esa norma, ya se aplica la posibilidad de investigar y juzgar el narcomenudeo. Córdoba aceptó esa propuesta en 2012 y creó el fuero penal de lucha contra el narcotráfico.
En Salta se aprobó recientemente la posibilidad de utilizar los tribunales locales contra las drogas. Entre Ríos y La Rioja tienen aprobada la adhesión a la ley de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, pero en la práctica aún no se desarrollaron investigaciones locales contra las bandas de vendedores de estupefacientes al por menor. El resto de las provincias deberá llevar a sus Legislaturas el compromiso alcanzado con el Gobierno.
Las autoridades de Buenos Aires sostienen que la desfederalización de la represión del comercio de drogas permitió aumentar el nivel de decomisos en esa provincia y conseguir cifras récord de secuestro de marihuana, con más de 12 toneladas de esa droga incautada por la policía bonaerense durante 2013.
En la necesidad de la Casa Rosada de imponer una nueva visión sobre la lucha contra las drogas mucho tienen que ver informes de sus fuerzas de seguridad que señalan tanto el aumento en las investigaciones como la falta de personal para seguir tantas causas. En estos momentos hay más de 2000 intervenciones en curso por parte de fuerzas federales a pedido de juzgados, en ningún caso por simples casos de tenencia de droga, sino destinados a la persecución de bandas importantes.
Ante esa situación de limitada respuesta ante el crecimiento exponencial de la problemática, el plan antidrogas de la Nación buscará introducir a las policías y justicias provinciales en la represión del narcmenudeo..
Del editor: qué significa.
El narcomenudeo es, hoy, el principal origen de la violencia armada y de las muertes que genera. En la multiplicación de recursos puede estar la clave.
