Por Luis Gasulla (*)/Perfil.-
Un decreto de Cristina Fernández de Kirchner podría condonar el pasivo que se duplicó tras la escandalosa salida de Schoklender.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida por Hebe de Bonafini, asegura que no tiene fondos para pagar a los empleados despedidos de Sueños Compartidos. Sus representantes no regresaron a los obradores de Sueños Compartidos.
Es el caso de Los Piletones que actualmente está siendo investigado por el juez Sergio Torres quien auditará los materiales de construcción empleados pues hay 27 familias que denunciaron el resquebrajamiento de la estructura edilicia.
A su vez, en las conciliaciones obligatorias con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Fundación ofreció a los extrabajadores de Sueños Compartidos, un resarcimiento de 6.000 pesos y a los empleados administrativos, la suma alcanza los 15 mil.
Bonafini reivindica al General de Cristina, César Milani y, la semana pasada, le obsequió su pañuelo blanco al senador Aníbal Fernández por ser “un genio”. Mientras todo ello ocurre, los protagonistas del último escándalo del año, rezan porque no salga a la luz. “Lo sacamos cuando la gente esté festejando. No le podemos traer más dolores de cabeza a Cristina”.
El joven contador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue protagonista del diálogo con el círculo de confianza del ingeniero Luis Debandi, presidente del fideicomiso “Ni un paso atrás” que maneja las finanzas de la Fundación de las Madres.
El informante figura como empleado de la Fundación pero reporta para el fideicomiso, la creación legal que diseñó el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez a mediados del 2011, tras la resonante salida de Sergio Schoklender del programa de viviendas e inclusión social, Sueños Compartidos. Gracias al fideicomiso, la venta de paneles a municipios y gobernaciones del interior del país, continuó sin que los deudores –empresarios, contratistas y trabajadores- pudieran solicitar a la justicia que los bienes de la Fundación fuesen embargados.
El proyecto de Gutiérrez siguió en pie pero sin su presencia. Actualmente, Luis Debandi está al frente de “Ni un paso atrás”. Lo acompaña el misterioso Roberto Aybar “el gordo” Domínguez, denunciado por la diputada Patricia Bullrich de ser testaferro del vicepresidente Amado Boudou.
Como tesorero de la Fundación, Domínguez es inhallable. “Solo viene un rato dos veces a la semana pues sigue viviendo en la costa”, responden en las oficinas de la Fundación. En el Partido de la Costa, Domínguez entabló amistad con el joven Boudou, durante los años noventa.
Por si actual tarea cobra, en concepto de honorarios, $44.100 mensuales que se depositan en una cuenta del Banco Francés -32 mil pesos- y el resto en Supervielle en una cuenta cuyos últimos números son 1 y 4 cuya titular sería un familiar de extrema confianza.
En la Fundación aseguran que el gestor del último escándalo del año es el ingeniero Debandi quien reside en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza y no respondió a la requisitoria periodística de Perfil.com.
El mendocino anunció, a mediados del 2012, un ambicioso proyecto de viviendas en su provincia junto con el titular del Instituto Provincial de Vivienda, Omar Parisi. Es primo de Ricardo Debandi, ex funcionario vinculado con el diputado nacional Guillermo Carmona quien fuera precandidato a intendente del departamento de Luján de Cuyo por el Partido Justicialista en el 2011.
Las fuentes, cercanas al presidente del fideicomiso, aseguran que Debandi solía ufanarse de las “bondades” de “Ni un paso atrás” ya que “no paramos de cagar gente”. Las reuniones con altos funcionarios de la AFIP y del gobierno nacional provocaron un inconfesable malestar puertas adentro de la Fundación de las Madres.
Si la Presidenta de la Nación firma el decreto que duerme en su despacho, la histórica deuda de 202 millones de pesos que contrajo la Fundación de Madres de Plaza de Mayo sería estatizada.
Según los balances que llevan la firma de Hebe de Bonafini y los contadores de la Fundación, en el 2008, la deuda ascendió a $4.723.583,59, subió a $25.641.225 al año siguiente, se disparó durante el 2010 a $76.989.596 y casi se duplicó, tras la salida de Sergio Schoklender: $134.329.205.
A la suma, conformada por aportes jubilatorios impagos, contribuciones a las obras sociales e infracciones por deudas con ART se suman 67.670.795 pesos de intereses resarcitorios. Durante años, los directivos de la AFIP, comandada por Ricardo Etchegaray, decidieron hacer la vista gorda al desfasaje financiero.
El decreto de condonación de deuda está guardado bajo siete llaves como las pruebas que supo hallar el juez saliente Norberto Oyarbide que vinculaban, directamente, a la titular de las Madres de Plaza de Mayo con el desfalco realizado en su Fundación.
Fuentes del propio gobierno aseguran que, durante el 2014, a la Fundación se la salvará económicamente y recibirán muchos más fondos que en el presente año a través de gastos reservados que se manejan sin control del Parlamento.
Mientras que se estaría por cerrar la estatización de una deuda que supera los 200 millones de pesos, funcionarios de las defensorías de los gobiernos de la Ciudad y Nación recorren el obrador de Sueños Compartidos en Los Piletones junto al juez Torres.
Hay 27 familias que temen que la estructura edilicia del abandonado monoblock donde viven, se venga abajo y denuncian que no se puede vivir en la zona. Las autoridades de la Corporación Buenos Aires- Sur no se presentaron a la reunión con los vecinos. A 200 metros un inmenso basural, repleto de malezas, ratas y animales muertos, convierten en irrespirable el aire. Se lo conoce como lago Soldati pero el agua brilla por su ausencia.
(*) Autor del libro El negocio de los Derechos Humanos. Especial para Perfil.com.
