Por Carlos Tórtora/El Informador.-
El conflicto con Botnia no le alcanzaría al gobierno, que se prepara para explotar mediáticamente el riesgo de default.
En un paso más en la escalada iniciada hace una semana, el canciller Héctor Timerman, acusó ayer a la empresa papelera finlandesa UPM-Botnia de haber extorsionado al Gobierno de Uruguay con la amenaza de despedir a miles de empleados para conseguir que el Gobierno de José Mujica le autorizara a elevar su producción de celulosa. La virulencia de la reacción del gobierno nacional, que incluyó el inmediato anuncio de que la Argentina está dispuesta a recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, muestra a las claras la intención de explotar el tema con fines electorales. En este caso, el objetivo central de la Casa Rosada en su nueva “guerra” ambientalista no pasa tanto por modificar las tendencias de la intención de voto, sino por instalar para la semana de las elecciones un escenario de crisis que disminuya el impacto en la opinión pública de la derrota en Buenos Aires del Frente para la Victoria ante el Frente Renovador.
En síntesis, lo que el cristinismo necesitaría ahora sería tender cortinas de humo lo suficientemente importantes como para llenar el espacio mediático. Un nuevo corte del puente Gualeguaychú-Fray Bentos podría servir a estos propósitos.
Pero la realidad es que el conflicto con Uruguay podría no ser suficiente para un objetivo tan ambicioso. Por esto es que en la Casa Rosada se tantea potenciar una “guerra” mayor, como es el enfrentamiento con los fondos buitres, sobre todo por el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que ordena el pago a varios holdouts de US$ 1330 millones. La Corte Suprema de los Estados Unidos sigue analizando si toma o rechaza la apelación del país contra el fallo y el lunes se sabrá si toma una determinación o si consultará al gobierno de Obama sobre cómo proceder.
Pero a todo esto, la retórica presidencial fue dando un giro sugestivo en las últimas semanas. Al ataque ya habitual contra los fondos buitres, CFK le fue incorporando un nuevo elemento: el cuestionamiento a la justicia de los EEUU.
Tres semanas atrás pidió irónicamente que Dios iluminara a la Corte Suprema en Washington para definir si aceptaba o no la apelación presentada por su gobierno. Pero ayer fue más directa. Advirtió que “hay un sector” de la Justicia de los Estados Unidos que nos “quiere llevar al default” a la Argentina, pero aseguró: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”.
Está claro que si la Corte Suprema de los EEUU rechazara la semana que viene tratar la apelación argentina, el fallo quedaría firme y, como la Argentina no pagaría, el riesgo de default sería inminente.
Hasta dónde llegar
Una convocatoria del gobierno a empresarios, sindicalistas y partidos opositores para rechazar la sentencia favorable a los holdouts y el rechazo de la Corte Suprema a la apelación tendría dudoso éxito a pocos días de los comicios.
En medios kirchneristas se especula con un anuncio categórico de que la Argentina no cumplirá con el fallo que ordena el pago a los fondos buitres, lo que instalaría fuertemente la discusión sobre el inminente default, un tema con mayores posibilidades de ocupar el espacio mediático que el conflicto por la pastera.
Una vez pasado el efecto de la derrota electoral, siempre quedaría el recurso de bajarle el tono a la belicosidad e intentar negociar nuevamente con los acreedores, aunque éstos, con un fallo ya inapelable a su favor, se volverían inflexibles. Si el gobierno opta finalmente por tensar la cuerda y jugar con fuego, potenciando al máximo la conflictividad de la situación, también podrá disparar una mayor presión alcista sobre el dólar blue y la consecuente mayor disminución de las reservas. Un precio alto a pagar. A los talibanes del cristinismo les entusiasma el contexto creado por la crisis de la administración Obama a partir de que los sectores legislativos que responden al Tea Party consiguieron bloquear la aprobación del presupuesto y obligar al cierre parcial de la administración pública. También aspiran a que el gobierno de Brasil se solidarice con la Casa Rosada en reciprocidad por el entusiasta apoyo que CFK le diera la semana pasada a Dilma Rousseff en sus críticas al espionaje de la NSA contra su país. Las variables que puede experimentar la situación son varias pero lo cierto es que sólo la instalación de un fuerte escenario de crisis alcanzaría para atenuar el impacto del “efecto Massa”.
