Por lapoliticaonline.-
El juez Juan Carlos Curto, quien investiga las causas de la tragedia, apuntó a la empresa como responsable necesaria y si bien fue cauteloso en las declaraciones, advirtió que “no es que por tener detenido al gasista se terminó la historia”. La compañía Litoral Gas que está en manos de la belga Suez y la argentina Techint, desinvirtió comprometiendo la seguridad de la red.
La investigación judicial por la tragedia de Rosario está a cargo del juez Juan Carlos Curto y el fiscal Guillermo Camporini, quienes comenzaron a trabajar desde los primeros minutos de ocurrida la explosión y ya han comenzado a delinear un sendero firme de responsabilidades que excede largamente al gasista destenido.
De hecho, una de las primeras acciones judiciales fue el allanamiento a la sede de la empresa Litoral Gas en busca de pruebas que comfirmen si efectivamente hubo una desinversión criminal en la red de gas de Santa Fe.
Detrás de Litoral Gas aparecen jugadores de peso en el plano internacional como la belga Suez y la argentina Techint.
Tibsa Inversora es el holding que tiene a su cargo la provisión de gas en la provincia de Santa Fe y la región norte de Buenos Aires desde 1992, cuando se privatizó Gas del Estado. El 70% de las acciones están en manos de la belga Suez y el resto pertenece al grupo de la familia Rocca.
Como era previsible, luego de la tragedia la empresa optó por el sencilló expediente de cargar toda la responsabilidad por la tragedia en el gasista Carlos García y su asistente Pablo Miño. “Si usted tiene que cortar el gas en el edificio se lo tiene que comunicar a la compañía” sostuvo el vocero de Litoral Gas, José María González.
García está imputado de estrago culposo agravado que tiene una pena mínima de cinco años mientras que Miño, el ayudante, tiene descomprometida su participación.
Una concesión polémica
La entrega de la concesión del servicio de gas domiciliario a Suez y Techint en 1992 arrastra una historia desafortunada en la que se suceden los incumplimientos y desinversiones.
No había pasado mucho de concretada la privatización, que la empresa, alegando costos de mantenimientos altos, retiró de la red de gas las válvulas que dividían en cuadrículas y sectorizaba a la ciudad y que permitían cortar el suministro en casos de emergencias como el sucedido.
Esa es acaso la responsabilidad mas evidente de la compañía de Techint y Suez que para achicar costos comprometió la seguridad de la población que recibe el servicio.
Esto quedó en evidencia con la tragedia. Ante la falta de las llaves de paso, luego de la explosión se demoró casi cuatro horas en poder cortar el gas lo que imposibilitó el ingreso de rescatistas durante todo ese tiempo, cuando se sabe que en una tragedia de este tipo los primeros minutos son claves para salvar vidas.
Por otro lado, gasistas matriculados, consultados por LPO, afirmaron no recibir cursos de capacitación desde la privatización y agregaron que la empresa en otra política de achicamiento de costos, generalmente deriva los problemas hacia los cuentapropistas.
No es la primera vez que este grupo enfrenta acusaciones. Suez también tenía a su cargo el servicio de agua potable y cloacas de Santa Fe desde su privatización. En el 2003, luego de graves problemas a raíz de una profunda desinversión, la firma se retiró de la concesión e inició un juicio millonario contra la provincia. La demanda se encuentra actualmente en instancia de mediación en el CIADI.
El socialismo prefiere una empresa mixta
La tragedia revivió el debate en la provincia sobre que hacer con una concesión que a todas luces no está prestando un servicio adecuado. El Senado santafecino ya dio media sanción al proyecto de ley que prevé la creación de una empresa de capitales mixtos, integrada por privados, las cooperativas prestadoras de servicios y representantes de distintos puntos de la provincia para la distribución y subdistribución del gas.
Cinco días previos a la tragedia que enluta al país, la Cámara Alta santafesina aprobó el expediente iniciado por el ejecutivo provincial para crear una sociedad anónima con mayoría estatal: Santa Fe Gas y Energías Renovables para la producción, transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos y sus derivados como la provisión de gas, según publicó el diario Cruz del Sur.
El expediente deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Su presidente, Luis Rubeo, confirmó a LPO, que giró el proyecto para que lo analicen a las distintas cooperativas que suministran gas en red en el territorio provincial y den su opinión.
“Primero quiero tener la opinión de las distintas cooperativas que son las que distribuyen el gas en las distintas localidades para tener un panorama real de la situación”, adelantó el diputado del Frente para la Victoria.
“Hay que tener en cuenta que Santa Fe no es productora de gas, y en materia de infraestructura hacen falta gasoductos y las obras necesarias y luego pensar en la empresa que lo va a distribuir” concluyó el legislador.
