Por Lucio Fernández Moores/CLARÍN.-
Es Jorge Di Lello. Pidió al juez datos sobre la compra de inmuebles, autos y otros bienes por parte del general. Es para determinar si debe justificar el incremento de su fortuna en los últimos años.
El cuestionado jefe del Ejército, César Milani, quedó ayer formalmente imputado en una causa penal. El fiscal Jorge Di Lello decidió que se abra una investigación por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de las investigaciones periodísticas que revelaron su cuantioso patrimonio.
Se trata de una denuncia formulada por los diputados Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas, a quienes luego se sumó la también diputada Graciela Ocaña, tras la emisión del programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, dos semanas atrás.
Di Lello le recomendó al juez federal Daniel Rafecas pedir informes a diversos organismos públicos nacionales y provinciales, incluso de la Capital Federal, para indagar sobre el patrimonio y los bienes de Milani.
El jefe del Ejército estuvo hace diez días en los tribunales federales de La Rioja y Tucumán a raíz de las acusaciones que lo vinculan con el caso de un conscripto desaparecido en la época de la dictadura. Y el lunes pasado el kirchnerismo dio marcha atrás con el tratamiento de su pliego en el Senado para convertirlo en teniente general (Ver página 4).
En cambio, la causa en manos de Rafecas y Di Lello apunta a determinar si el nuevo jefe del Ejército elegido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se enriqueció de manera ilícita.
Clarín ya había revelado en agosto del año pasado que vive en una costosa casa del barrio La Horqueta, en San Isidro.
El fiscal le pidió a Rafecas que envíe oficios a organismos tales como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción (OA), los registros de la propiedad inmueble de la Capital Federal y de todas las provincias, como así también el automotor, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central (BCRA), la Agencia Recaudadora de Buenos Aires (ARBA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
Además, según dijeron a Clarín fuentes judiciales, el fiscal pidió notificar a Milani de la investigación en curso bajo l os términos de los artículos 73 y 279 del Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN). Ellos hablan justamente de la situación de los imputados.
El artículo 73 establece que “la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles”.
Y el artículo 279 dispone que “la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar”. Y añade que “si la declaración fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto” y que “la presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención, cuando corresponda”.
Milani acudió la semana pasada a los tribunales federales de La Rioja y Tucumán, donde declaró como testigo y no como imputado, acompañado de abogados militares. A partir de ahora, el actual general de división, podrá designar un defensor de confianza en la causa promovida los legisladores e impulsada ayer por Di Lello al formular el correspondiente “requerimiento de instrucción”, paso necesario para la apertura de una causa penal.
Di Lello también le solicitó a Rafecas que pida una copia del programa de Lanata al Canal 13 (El Trece). Rafecas es el mismo juez que hace menos de dos años, en diciembre de 2011, procesó al entonces jefe de la Armada, Jorge Godoy, por espionaje ilegal, y desencadenó su salida de la Fuerza.
Rafecas es también el juez que el año pasado quedó fuera del caso Ciccone, que involucra al vicepresidente Amado Boudou, luego de ordenar el allanamiento de un departamento de su propiedad en Puerto Madero. El kirchnerismo lo tiene en la mira en el Consejo de la Magistratura por su intercambio de chats con un abogado en los que hablaba de esa causa.
A pedido de la diputada Ocaña, la investigación impulsada por Di Lello también incluirá a la esposa, los hijos y los padres de Milani, quien ayer sumó otra denuncia penal. La hizo el abogado Ricardo Monner Sans por presuntos delitos en su designación y por haber dicho que quiere un Ejército “al servicio de un proyecto nacional y popular”. Ante las denuncias en su contra, y la inminencia de las elecciones primarias, el Gobierno decidió posponer para fin de año el tratamiento del pliego de Milani en el Senado.
