La megalomanía presidencial se expuso ayer en su máximo esplendor con su exaltación de “la dékada ganada”. Sin excluir ningún tema, enumeró aumentos nominales a granel, omitiendo sistemáticamente la inflación, que relativiza la mayor parte de los números que citó, por lo que cual no tiene sentido analizar cada tema que trató. Pero también abundaron otro tipo de falsedades, como por ejemplo que el fondo de sustentabilidad de la ANSES se capitalizó, cuando en realidad ocurrió todo lo contrario a lo que dijo la presidente.
Una buena parte de la retórica de ayer en materia económica estuvo dedicada a intentar justificar la postura expuesta ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en la audiencia del pasado miércoles por los abogados que representaron al Estado nacional, Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi. Al anticiparle al tribunal que no está dispuesto a acatar un fallo adverso que ratifique la sentencia del juez Thomas Griesa, que ordenó el pago de US$ 1300 millones a varios holdouts, el gobierno apuntaría a presionar al máximo a los jueces. Pero no es menos cierto que, al anunciar una de las partes que no acatará un eventual fallo adverso, lo que suele suceder en la mayor parte de los casos es que el tribunal endurece su postura para demostrar que no cede ante las presiones. La corte abrió un prudente período hasta el 29 para que la Argentina dé precisiones sobre su plan para pagar, pero la presidente ya contestó ayer: “Estamos también dispuestos a pagarles a estos llamados fondos buitre, pero no en mejores condiciones que al 93% que confió y apostó por la Argentina, porque estaríamos cometiendo primero un delito, un gran delito, porque estaríamos estafando y defraudando al 93% de los acreedores que creyeron en nosotros y también a las finanzas argentinas”, definió CFK. Así las cosas, el litigio parece ir rumbo a una sentencia desfavorable y, a renglón seguido, el default técnico. Un escenario que sería intensamente explotado políticamente por el kirchnerismo, ya que coincidiría con el inicio de la campaña para las primarias. De concretarse el fallo en cuestión, la Argentina habría descendido un escalón más con respecto al default del 2002. En aquel caso se incumplieron los contratos con los bonistas. Ahora sería más grave, porque el gobierno, después de haberse obligado voluntariamente a aceptar la jurisdicción de la justicia de Nueva York para dirimir las cuestiones que surgieran de distintos bonos, terminaría desconociendo el fallo que se comprometió a acatar. El caso es que el default técnico no le cambiaría demasiado las cosas a un gobierno que sigue en default con el Club de París. Pero sí habría algunas consecuencias concretas sobre la economía real. Por ejemplo, se verían afectadas las líneas de crédito del exterior que utilizan algunas empresas argentinas y, desde ya, contribuiría a impedir las inversiones que busca YPF para explorar y explotar petróleo y gas no convencional. Esto sin hablar de que empujaría la suba del dólar blue.
Ultimas cartas
Si bien el rumbo de colisión está claro, cabe la posibilidad de que antes del 29 prospere alguna negociación que evitaría la crisis. El gobierno podría ofrecer pagar el 100% de la deuda a los holdouts con un bono con intereses a discutir, pero esta propuesta tiene el inconveniente de que obligaría a modificar la ley cerrojo que prohíbe la reapertura del canje, lo que implicaría un desgastante debate en el Congreso aunque el oficialismo tenga la mayoría garantizada. Otra variante consistiría en que los jueces obliguen al gobierno a pagarles a los fondos buitres el 100% y le condonen a la vez el pago de los intereses que se fueron sumando y que podrían llegarían a más de 10.000 millones de dólares si se incluyen los bonistas de Europa. La Corte no podría obligar a los holdouts a que acepten menos del 100% de sus créditos, pero sí podría obligarlos a que condonen gran parte de los intereses. El problema, como ya vimos, es que el cristinismo se ató las manos al ratificar ayer la presidente que no pagará mas de lo que ya pagó a los que entraron al canje. Cambiar esta decisión sería una claudicación difícil de vender a la opinión pública, sobre todo cuando el gobierno se propone recuperar votos combatiendo a los fondos buitres y la “justicia imperialista”.
En cuanto a la situación económica actual, ella no dijo que el año pasado estuvimos en estanflación y que este año nos espera una leve recesión, que será más grave si nos declaran otra vez en default. Tampoco dijo que la cosecha de este año será solamente un 10% mayor que la del año pasado, que fue mala, y que la industria no arranca porque Brasil se reactiva muy lento.
